Por Fabián Seidán – Diario Cuarto Poder / La fuga del asesino Roberto Rejas desde una dependencia policial (Cuartel de Bomberos) a días de ser condenado a cadena perpetua por el crimen de su pareja y el hijo de ambos, generó un nuevo cimbronazo en la Seguridad Pública de Tucumán, al punto de que el vicegobernador, a cargo de la Gobernación, Osvaldo Jaldo, convocó a una reunión de urgencia a sus funcionarios para implementar una solución a la crisis carcelaria.
En la jerga política dicen que hablar de construir cárceles es “piantavotos”, porque muchos de los supuestos votantes temen terminar ahí. Sin embargo, no es el caso de Tucumán. Aquí la gente está deseosa de que se construya una nueva penitenciaria que albergue a la gran cantidad de delincuentes con frondoso prontuario que andan sueltos y que, cuando son detenidos, rápido vuelven a las calles porque no hay cupos disponibles en el penal. Hay superpoblación carcelaria.
Cuestión de Estado
Pero el gobernador interino, Osvaldo Jaldo, tras una nueva fuga de un condenado que estaba detenido en una dependencia policial (más de 12 en lo que va del año) no le esquivó al tema y abordó la cuestión de la crisis carcelaria en pos de avanzar en una solución definitiva y terminar con las detenciones de presos en las comisarías.
“Estamos trabajando para poner fin a la crisis carcelaria de la provincia; firmamos con la DAU un convenio para la recuperación de pabellones de la cárcel Villa Urquiza y, de esa manera, poder albergar más condenados y sacarlos de las comisarías”, apuntó el vicegobernador.
Mirando el 2023
Jaldo, que tiene por objetivo luchar por la gobernación de la provincia en 2023, sabe que el tema de la seguridad es primordial en Tucumán y por eso puso el foco en resolver la cuestión carcelaria lo más rápido posible. “Hay muchos edificios escolares que ya no son usados para ese fin. Vamos a implementar las medidas de seguridad necesarias para destinarlos a albergar detenidos y condenados. De esa manera vamos a descomprimir la situación actual, hasta que en la provincia avance la construcción de una nueva cárcel”, explicó.
Asimismo, recordó que la alcaidía que se está construyendo en Banda del Río Salí es una obra financiada por la nación, por lo que el intendente Darío Monteros –un hombre se su entera confianza-, tiene a su cargo las gestiones para que la obra se realice y sea realidad a la brevedad.
Jaldo recuerda siempre que los temas de seguridad y educación son los que más le preocupan y s ahí donde apunta su gestión en estos meses mientras el gobernador Juan Manzur se desempeña como jefe de Gabinete de Alberto Fernández.
Una nueva cárcel es primordial
Ya en agoto del año pasado, Obras Públicas de la Nación hizo hincapié en la necesidad de construir una nueva cárcel en Tucumán.
Tal construcción se ubicaría en la localidad de Benjamín Paz, al norte de la capital provincial. El penal estaría ubicado en un terreno que pertenece a la provincia y tendría capacidad aproximada para 3.800 hombres y mujeres. En el mismo edificio estaría previsto que cuente con un pabellón para presos de la Justicia Federal.
De esta manera el Poder Judicial no tendrá más excusas a la hora de fallar contra los delincuentes detenidos por la policía; también quedaría obsoleta la denominada “puerta giratoria” de la Justicia, implementada por la falta de lugares de detención.
Por otro lado las cárceles, al no haber ya hacinamiento, cumplirá con el mandato constitucional, pasando a ser lugares para la detención y posterior reinserción de quienes cometieron delitos.
Comisarías sin preso
Se trata de un paso fundamental para que los presos que se encuentran en las comisarías sean trasladados al penal y a la par se lograría que una gran cantidad de efectivos que hoy hacen de carceleros, salgan a patrullar las calles. Hoy en los calabozos de las comisarías calabozos hay entre 12 y 20 detenidos cuando son apenas para 7 u 8 como máximo.
También la cárcel está superpoblada: El sistema penitenciario de la provincia cuenta con capacidad para 1.140 reclusos pero habría más de 1.600.
¿Dónde están los policías?
Vale recordar que la Legislatura le dio la Emergencia Carcelaria al Gobierno para que pueda construir una cárcel con una alcaidía y mejorar las comisarías. “Le dimos la posibilidad de ampliar el presupuesto y también los autorizamos a sacar créditos; pero hoy hablan de incorporar policías. Habría que preguntar dónde están los 9.000 policías que ya hay: Están cuidando presos en las comisarias en vez de estar en las calles protegiendo a los ciudadanos. La policía no hace tarea preventiva en un momento en que la inseguridad se está llevando muchas vidas en Tucumán”, señaló Jaldo sobre la crisis carcelaria durante la campaña de las PASO.
Y Jaldo no es que esté confabulando contra el gobierno que integra, también la Corte Suprema de Justicia le envió una orden al gobierno provincial para que libere a las comisarías de detenidos. Fue a través de un hábeas corpus presentado por los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni en 2019, tras un motín ocurrido en junio de ese año, en Yerba Buena, que dejó 2 muertos. En el lugar estaban alojados 25 personas en una celda preparada para una cantidad mucho menor.
Un cárcel sin paredes
Ese mismo año, el cuestionado ministro de Seguridad, Claudio Maley, hablaba de construir una nueva cárcel “sin paredes”, para que lo reos no se sientan “prisioneros”. “El gobernador (Manzur) –decía Maley- nos dio la aprobación para encargar los planos y poder construir una nueva cárcel. Sería en un terreno que tiene la provincia en la zona de Benjamín Paz y podrá alojar a 3.008 varones, 446 mujeres y 40 personas que vivan en calidad de externados. La nueva cárcel tendría todo el avance tecnológico. Permitiría alojar a madres con niños de hasta cinco años y ellos recibirían educación inicial. Los planos ya están listos. Estamos esperando a Economía para que gestione los recursos”. Pero todo quedó en un fantástico anuncio.
El caso que movilizó al Gobierno
Roberto Rejas, el condenado que se fugó esta semana, se encontraba cumpliendo prisión preventiva desde el pasado miércoles 22 de septiembre, día en el que el Tribunal de la Sala II de la Cámara Conclusional, integrado por Stella Maris Arce, Alicia Freidenberg y Eduardo Romero Lascano, lo declaró autor voluntario y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar violencia de género, cometidos en perjuicio de Milagros Avellaneda y del niño Benicio Coronel. Rejas, era guardiacárcel, fue condenado a cadena perpetua, y a pesar de su peligrosidad, estaba alojado en la Dirección General de Bomberos.
La ola criminal se apoderó de las calles de toda la provincia y la gente no sólo teme perder sus bienes, sino sus vidas y la de sus allegados. Una nueva cárcel ayudará a descomprimir la situación de inseguridad. Luego habrá que ver también si la Justicia está a la altura de las circunstancias.