Los planteos efectuados la Provincia por los fondos que se destinan al Municipio de Bella Vista bien pueden ser una suerte de preludio de lo que se avecina en no más de unas pocas semanas.
El Acuerdo Fiscal Municipal que suscribieron intendentes y Poder Ejecutivo a comienzos de este año, expirará en las próximas semanas, por lo que se espera que los jefes municipales comiencen en breve a pasearse por la Casa de Gobierno para volver a discutir los términos del convenio.
Segundo semestre
En frente tienen el segundo semestre del año que anticipa una complejidad económica y financiera que impone diálogos a fondo con el gobernador Osvaldo Jaldo y los ministros Darío Monteros (Interior) y Daniel Abad (Economía).
Bella Vista, primera en la fila
Está previsto que la jefa municipal de Bella Vista, Paula Quiles, se reúna con el gobernador y su ministro político, encuentro que, se especuló, podría darse este mismo fin de semana.
Según un estudio firmado por personal técnico de esa Intendencia, los ingresos que percibieron son un 25% menores de lo que se estipulaba en el convenio, a lo que el titular de la cartera del Interior respondió que no recomienda tales comparaciones, recordando que todos los municipios tienen deudas con la Provincia que según él fueron pasadas por alto en la revisión.
El gobierno prevé una detallada revisión de las condiciones fijadas a los distritos que accedieron de manera voluntaria al acuerdo, acentuando el pedido para que hagan un esfuerzo a fin de reducir gastos,mediante la eliminación o fusión de áreas, siguiendo el ejemplo del PE, o apelando a estrategias financieras que deriven en un menor costo para la gestión comunal.
Política de austeridad
Desde la Provincia se intenta que el interior replique sus políticas de austeridad, que le permitieron a la gestión Jaldo reducir el presupuesto de este año en un 33 por ciento, algo que según se supo, pocos distritos habrían conseguido.
Desde Casa de Gobierno se puso al alcance de las intendencias la alternativa de suscribir convenios con la Dirección General de Rentas y otras reparticiones provinciales, para mejorar la recaudación en cada distrito aplicando el principio de reciprocidad.
El primer mandatario había expuesto a principio de año que de esa forma alcanzarían una mayor eficiencia tributaria, mediante el acceso a una base de datos más amplia para individualizar a nuevos tributantes inmobiliarios.
Qué ofrece y qué pide la Provincia
El Acuerdo Fiscal Municipal permite a la Provincia garantizar el pago puntual de la planilla salarial para asegurar la paz social, a cambio de lo cual los municipios ceden el 100 por ciento de su coparticipación provincial y nacional y su participación en el Fondo de Desarrollo del Interior.
Cuando se suscribió el convenio, se decidió también la firma de una cláusula con el fin de evitar litigios que entorpezcan la relación entre la Provincia y las intendencias del interior.
El jefe municipal de Concepción, Alejandro Molinuevo (UCR), se mostró de acuerdo con dejar atrás el Acuerdo Fiscal Municipal y modificar la Ley de Coparticipación (N°6.316), idea sostenida en principio por el legislador Manuel Courel, al punto que decidió sacar a la Perla del Sur del paraguas protector del convenio con la Provincia.
En su momento, Molinuevo presentó la idea como una forma de “no ceder nuestros derechos y ser dueños de nuestro propio destino”, dijo.
El intendente sureño recordó que uno de los pedidos del Ejecutivo era desistir de la acción judicial que iniciaron los intendentes radicales en octubre, justamente por este tema.
“De ninguna manera Concepción iba a renunciar, porque esa acción no es caprichosa; es una consecuencia. Hicimos varios pedidos administrativos y reuniones para que se modifique la ley tucumana y no tuvimos suerte. Entonces nos vimos obligados a iniciar esta acción judicial”, sentenció uno de los jefes comunales refractarios al acuerdo que, ahora, debe ser reformulado con la mayoría que quedó dentro.