El líder de la CTEP se reunió con el Presidente a principio de mes. Donación de tierras a los agricultores, creación de 4 millones de puestos de trabajo e integración urbana de los barrrios populares.
Seis objetivos concretos, un mecanismo de financiamiento, un método y un estudio sobre el impacto económico de la aplicación. Juan Grabois, el líder de la CTEP, le presentó un plan a Alberto Fernández para generar trabajo, mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables y cuidar el medio ambiente. Lo hizo en Olivos y tras la reunión se llevó la promesa del Presidente de que sería estudiado.
El Plan General San Martín
Así fue bautizado, también como el plan Marshall criollo Poblar y crear Trabajo– plantea una serie de objetivos para el país que nacerá después de la pandemia: crear cuatro millones de puestos de trabajo, fundar pequeños pueblos, llevar a cabo la integración urbana de barrios populares, crear nuevos barrios, entregar tierras a las comunidades agrarias y cuidar el medio ambiente promoviendo la utilización de energías renovables.
Inversión y financiamiento
La inversión inicial sería de $750.000 millones al año y el financiamiento sería generado con lo que se ahorre del pago de la deuda que el gobierno nacional se encuentra renegociando. Otra alternativa sería el incremento de impuestos y aportes de carácter progresivo.
En cuatro años
La planificación marca un plan de acción de cuatro años que tendría una conducción unificada y en la que participarán diferentes organismos. Además, propone la unificación de todos los programas sociales nacionales y una distribución coordinada de los roles de cada organización social. También impulsa la conformación de un fondo fiduciario llamado “Fondo Mugica” y la implementación de consorcios de cogestión.
Grave situación del país
El documento describe un contexto que, de alguna forma, sirve como argumento para la implementación del plan. Habla de “una grave situación socioeconómica” después de la pandemia, también de condiciones de “hacinamiento y falta de acceso a la tierra”, y de “intolerables condiciones de vida para los habitantes de los barrios populares” donde hay un “altísimo porcentaje de exclusión de servicios básicos (agua, luz, cloacas)”.
Desigualdad y hacinamiento
Además, destaca un marco de “inseguridad y violencia producto de las grandes urbes desiguales y hacinadas”, un “altísimo porcentaje de población en emergencia” que supera los 7 millones de personas, y un “descalabro del sistema de seguridad social con múltiples políticas superpuestas”.
El documento enumera una serie de requerimientos para que se pueda llevar adelante el plan: la necesidad de tener un presupuesto, un fideicomiso, una autoridad que centralice las áreas que están involucradas en el plan, el acceso a tierras nacionales de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la provincia y los municipios; bancarización, sindicalización y ampliación de derechos para los cuatro millones de trabajadores; digitalización y coordinación de áreas involucradas; coordinación con la Escribanía General de la Nación y las de las provincias para regularizaciones dominiales y escrituras; y mecanismos de transparencia que permitan dejar en claro el manejo de los fondos que se está realizando.
fuente: infobae