Abogados previsionales señalaron que las sumas previstas para el semestre son un derecho adquirido y que podría generarse un nuevo “caso Badaro”, que obligó a la Anses a pagar millonarios reajustes.
A partir de la Ley de Solidaridad Social y Emergencia Productiva sancionada por el Congreso en diciembre del año pasado, el Gobierno congeló por 180 días la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria con el propósito de determinar un nuevo esquema de ajuste que sea sostenible para las arcas del Estado y también de los beneficiarios que cobran la mínima. Según voceros del Gobierno, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero sostuvo en una reunión de gabinete económico que el el Poder Ejecutivo otorgará un aumento por decreto con suma fija para todos los jubilados durante el mes de marzo aunque todavía no está definido el monto.
En este contexto, abogados previsionales consultados por Infobae señalaron que de no cumplirse el aumento estipulado según la ley de movilidad para marzo y junio (del 11,56% para marzo y cerca de 14% para junio, según la ley suspendida), se podría dar una catarata de juicios. En pocas palabras, los especialistas coincidieron en que podría darse un nuevo caso Badaro.
El jubilado Adolfo Badaro obtuvo sentencia en 2007 en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de un ex conductor de buques que percibía más de $1000 de jubilación cuando estalló la convertibilidad. Desde ese momento y hasta diciembre de 2006, recibió un sólo aumento de 11%, contra una inflación del 91,2%, y una suba de los salarios de los trabajadores activos del 88,6%, según las estadísticas oficiales.
“Si no se cumple con la movilidad en el primer semestre del año va a haber miles de juicios porque ya está devengado el aumento para los jubilados y es un derecho adquirido”, remarcó Andrea Falcone, abogada previsional del Estudio Jubilarnos.com.
Sostuvo que sería distinto si el Gobierno modificara la ley y cambiara la forma de calcular la movilidad en un sentido solidario pero a partir de julio y no ahora. “Todo aquel jubilado que no cobre lo que está estipulado hoy para marzo y junio, que totaliza un aumento del 28%, va a hacer juicio. Sobre todo teniendo en cuenta que los jubilados con mayores haberes tienen abogados y van a reclamar”, advirtió. “Sin dudas que esto puede generar nuevos casos como el de Badaro aunque en este caso se trata de jubilados que cobran más haberes”, agregó.
En esa misma línea, el abogado Adrián Tróccoli, del Estudio homónimo, detalló que en casos de emergencia como la que sancionó el Congreso, se pueden suspender derechos al tiempo que añadió que no se puede hacerlo de forma indefinida y de manera confiscatoria. “Si bajan, por ejemplo, un 5% las jubilaciones en el marco de una emergencia, puede que no haya problemas. Pero si ajustan las jubilaciones un 20%, no importa la emergencia. Te pueden reducir un derecho, pero no eliminarlo”, señaló.
Para Tróccoli, en junio la reducción del aumento va a ser confiscatoria. Asimismo, indicó que para que haya un juicio, tiene que haber un daño resarcible. “Si le sacas un 1% a un jubilado por un tiempo no pasa nada. Si le quitan 10% hasta junio y en septiembre se lo retribuyen, tampoco pasa nada. El problema es que parece que van a achatar la pirámide, pero no por unos día sino sostenido en el tiempo”, describió.
Según el abogado previsionalista, el problema grave no es que le den un aumento insuficiente por 6 meses a los jubilados sino que al mes 7 no se lo recuperen. “Si esto se consolida y el daño se mantiene a lo largo del tiempo, sin lugar a dudas va a haber muchos juicios”, aclaró.
fuente: infobae