Un simple corte de luz ocurrido el lunes 9 de enero pasado, desnudó la precariedad en la que se encuentra el Penal de Villa Urquiza, en donde se produjo un principio de motín que pudo ser sofocado con la ayuda de la policía. La inacción del área de Seguridad, a cargo de Paul Hofer, es evidente pese a la emergencia carcelaria declarada por ley en la Legislatura.
Sólo se pueden hacer posgrados de delincuencia en las cárceles. Parece una definición alejada del objeto que tienen los centros de reclusión, que deberían recuperar y reinsertar a la sociedad a aquellos que cometieron delitos y que fueron condenados por ellos. Las condiciones del sistema carcelario no son de las mejores. Los reos, lejos de buscar una nueva oportunidad, se encargan de profundizar sus capacidades delictivas y de multiplicar la violencia con la que llegaron.
Un simple corte de energía eléctrica encendió la luz de alerta en cuanto a las condiciones en las que se encuentran alojados aquellos que están detenidos en el Penal de Villa Urquiza. Cerca de la medianoche, como ocurre con muchos tucumanos, se produjo la interrupción del servicio eléctrico, lo que motivó la quema de colchones y la protesta de la Unidad Nº 2, en donde se encuentran detenidos unos 300 hombres. Los revoltosos superaban los 50, pero conmocionaron al resto.
De inmediato, el personal carcelario solicitó apoyo a las fuerzas policiales, quienes acudieron a la cárcel, en donde ya era notoria la protesta. Los vecinos estaban alertas y nerviosos por las implicancias y derivaciones que pudiera haber tenido la protesta. Finalmente a la 1 de la mañana del martes todo estaba sofocado. Cuatro guardiacárceles resultaron heridos y un recluso, según la información oficial. El corte de energía eléctrica dejó al descubierto las falencias en materia de infraestructura, por la falta de un grupo electrógeno, que es de gran necesidad en estos casos. Al amparo de la oscuridad, este tipo de situaciones puede tornarse más peligrosa.
Desde que se declaró la emergencia en Seguridad y Carcelaria, por parte de la Legislatura provincial, es poco y nada lo que se hizo desde el área de Seguridad, a cargo de Paul Hofer. El relevamiento de las condiciones y la incapacidad para lograr que los reclusos mejoren su calidad de vida, desnuda la falta de políticas claras para revertir esta situación.
Además, la gran mayoría de quienes se encuentran en situación de encierro, están al margen de las actividades que tienen por objeto acompañar un proceso de reinserción, como lo son los diversos talleres en los que pueden desempeñarse o las posibilidades de estudio que se les ofrecen, a fin de mejorar la educación y formación.
Sólo el 9,28% de los reclusos participan de las actividades de los talleres, o sea que la mayoría de quienes se encuentran en situación de encierro no tienen la menor intención de reinsertarse en la sociedad de manera productiva. No hay política carcelaria. No hay seguimiento de los casos, no hay planes para que los detenidos tengan alguna motivación para tratar de mejorar sus condiciones. La práctica de deportes, el estudio, el aprendizaje de oficios, son algunas de las acciones que les podrían mejorar la autoestima, además de contar con el acompañamiento psicológico, propio de la angustia de estar encerrados.
Con esta inacción sólo se puede conseguir que sean mejores delincuentes y que se profundice la inseguridad que viven los tucumanos a diario. Tampoco afuera de las penitenciarias hay políticas de seguridad, lo que debe preocuparnos a todos los habitantes de nuestra provincia.
Las cárceles no están en condiciones de ser centros de reinserción de los presos. Tampoco de la simple tarea de alojarlos en condiciones dignas. Las comisarías tampoco.
Es hora de pensar en la construcción de nuevas instalaciones carcelarias, con modernos conceptos de encierro. No somos los países escandinavos que están cerrando las cárceles por falta de presos. Tenemos que aceptar la realidad que nos azota a diario. Tenemos que reconocer que somos un país en el que, la mayoría de las veces, se improvisa. Nuestra provincia no es la excepción y los responsables de cambiar esta situación no tienen planes a mano, ya sea por inoperancia o por falta de interés en resolver los problemas del conjunto de la sociedad.
Un funcionario de seguridad heredado por Manzur
Los problemas relacionados con la inseguridad se multiplicaron ya en la gestión de José Alperovich, quien trató de combatirlos con la masiva incorporación de efectivos a la policía provincial. Sin embargo, esa primera tanda no contaba con vocación para desarrollar esa tarea, sino que necesitaban una fuente de trabajo. El resultado se observó a la brevedad y generó muchas críticas. Es por ello que en las incorporaciones que se dieron después, se endurecieron las condiciones. El propio Paul Hofer expresaba que la policía no era “una bolsa de trabajo”. Con ello se dejaba de lado el uso político de los nombramientos en la policía provincial, pero el daño ya estaba hecho.
El funcionario alperovichista pudo sortear los reclamos de la gente en materia de seguridad e incluso la represión en las últimas elecciones provinciales. Ni él, ni el jefe de Policía fueron desplazados de sus cargos.
La llegada de Juan Manzur al Gobierno hacía presagiar que se iban a producir cambios importantes en esa área, pero se disolvió el Ministerio de Seguridad, se volvió al de Gobierno, Seguridad y Justicia, que ocupa Regino Amado, y Hofer sobrevivió.