Por Fabián Seidán – DIARIO CUARTO PODER
En Argentina la calidad de instituciones a nivel africano. Corrupción y connivencia, lo peor de la política kirchnerista en su máxima expresión.
Días turbulentos vive el país debido a la aparición de los denominados “cuadernos de las coimas” que revelan la corrupción política-empresaria que imperó durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La confesión del “chofer” y “valijero” arrepentido, Oscar Centeno, puso al descubierto todo el entramado cuasi-mafioso de los funcionarios de primera, segunda y tercera línea del gobierno kirchnerista, quienes -por orden superior- tenían la tarea de cobrar y repartir las coimas que recibían de los empresarios amigos, por las obras públicas otorgadas a sus empresas.
Fueron años de mucha “recaudación” y “acopio” de divisas y bienes por parte del matrimonio Kirchner y de una veintena de funcionarios y empresarios muy cercanos al poder de turno que hoy o están detenidos, o acusados o imputados por los delitos de enriquecimiento ilícito, corrupción y fraude en la obra pública, administración infiel en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita, y lavado de dinero. Sin duda alguna, hubo un “nivel de corrupción altísimo” durante el kirchnerismo y por eso no extraña que en 2014 y 2015 Argentina se ubicara en el puesto 143 de un total de 144 países en el Índice de Competitividad Global del World Economic Forum (WEF), entidad que aglutina a destacados políticos y empresarios y que mide la calidad, compromiso y transparencias de sus políticos y empresarios.
El dato fue dado a conocer por la consultora Idesa y resalta que en términos de ética empresarial, la autoevaluación de los empresarios ubicaba a la Argentina en el puesto 138 de un total de 144 países. En estas tres dimensiones, Chile y Uruguay se ubican entre los puestos 20 y 30 de los 144 países. Dicho de otra manera, en la visión de los empresarios la Argentina había alcanzado niveles de corrupción y connivencia sólo comparable a los peores países africanos.
La investigación sobre la corrupción político-empresarial (cuadernos de las coimas) y la avalancha de funcionarios y empresarios implicados dispuestos a declarar como arrepentidos, es un dato anecdótico. Lo grave y preocupante del caso es que fue necesario un desenlace bizarro para que la sociedad se concientizara de la necesidad de tomar medidas correctivas, cuando existían desde hace mucho tiempo indicios claros de las corruptas formas de relacionamiento entre empresarios y el Estado durante el gobierno kirchnerista, tanto a nivel nacional como en las provincias a través de sus gobernantes.
Desde el Instituto para el Desarrollo Social Argentino reconocen que no es posible que un país progrese sin instituciones que premien la eficiencia y aseguren la equidad en la distribución de los esfuerzos y los beneficios del bienestar. Para ello, no se necesitan políticos y empresarios bien intencionados ni fiscales y jueces heroicos; las mejores prácticas internacionales indican que la clave es la racionalidad en las reglas de juego, la cultura del cumplimiento de esas reglas, la transparencia de los actos de gobierno y un sistema judicial que, lejos de la rimbombancia mediática, sea eficaz, oportuno y eficiente.
La reciente condena por el caso Ciccone contra el ex vicepresidente Amado Boudou espera todavía una resolución sobre las denuncias que afectan al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, acusado por el arrepentido Alejandro Vandenbroele, de encubrir pagos espurios a través de renegociación de la deuda pública formoseña.
Las denuncias por las obras públicas también transformaron a Córdoba en un tembladeral, donde hay obras de Odebrecht y Electroingeniería. Jorge Neira, ejecutivo de esta última empresa, se quebró y pidió plegarse al régimen de “imputado colaborador” para contar los enjuagues que conoce, a diferencia de Gerardo Ferreyra, uno de los socios de la firma, que insiste en negar cualquier soborno con el gobierno de Cristina.
Y como Tucumán no es una isla, puede que pronto el tema de las coimas aterrice también por estos pagos. Es que en la causa que investiga el juez Claudio Bonadío se sumó como imputado al tucumano José López, ex secretario de Obras Públicas, a quien se lo acusa de ser partícipe de la asociación ilícita comandada por Néstor y Cristina Kirchner.
A López lo involucró Germán Nivello, segundo en la Secretaría de Obras Públicas, quien declaró como imputado arrepentido. Nivello, no dio otros nombres, pero López sí podría hacerlo, más teniendo en cuenta la situación de abandono que sufre en la cárcel por parte de sus amigos de la política, especialmente de los tucumanos, provincia a la que le consiguió en 2006 el megaproyecto de Lomas del Tafí, un emprendimiento que –según se dice- habría tenido la misma metodología de coimas y corrupción empleado a nivel nacional, pero con empresarios y funcionarios locales.
Se habla de un circuito bien aceitado que gozó de impunidad porque pocos se animaban a denunciar los casos de coimas y sobornos frente a una Justicia que siempre se mostró amiga y adicta al poder de turno –tanto aquí como allá-, que se hacía la desentendida o cajoneaba los expedientes, con tal de que nada ni nadie perturbara su paz ni le apretara el “cogote”, como se animó a denunciar ahora el ex juez Norberto Oyarbide.
Para el periodismo especializado y frente a los escándalos de corrupción Cristina, varios ex gobernadores, un amplio sector del peronismo y algunos jueces y empresarios amigos, se la ven negra y por eso apuestan fuerte al deterioro de la economía nacional para tener alguna posibilidad electoral en 2019 que les permita zafar de la cárcel.