Aníbal Teodoro Gauto es solicitado por Interpol y requerido por la justicia argentina bajo cargos de lesa humanidad.
Buscan indagarlo por su supuesto rol durante la última dictadura militar en el centro clandestino de detención “La Cacha”, en la ciudad de La Plata. Actualmente reside en Israel y aguarda una resolución de la Corte Suprema que defina su situación judicial.
“Estoy casado, tengo 67 años, cinco hijos y seis nietos. Vivo en Israel desde hace casi 14 años con toda mi familia y trabajo en limpieza. Estoy muy satisfecho“, señaló Gauto, también conocido como Yossef Carmel, frente a las cámaras del Canal 2 de Israel.
Si bien negó los hechos por los cuales buscan interrogarlo, el hombre admitió haber trabajado como agente de inteligencia militar.
“Recibía hojas con el historial de las personas: nombre, apellido, casado o no, fecha y lugar de nacimiento, ideología (comunista, marxista-leninista), si habían hecho algo como ‘terroristas’, y categorizarlos”, agregó.
Asimismo, describió que trabajaba en las oficinas en el centro de la ciudad de forma rutinaria. “Solo trabajaba como administrativo”, comentó. Negó conocer el destino de aquellas personas que seleccionaba, y en tal sentido aseguró que “no conozco a nadie en ese centro, no vi a nadie en ese centro”.
Gauto sostuvo que comenzó a trabajar con los militares a los 20 años de edad, aludiendo a dificultades económicas ya que eran tres hermanos y su padre el único sostén de la familia.
“Entre a trabajar por una mejora salarial, como cualquiera lo hace. Se va de un trabajo para otro en el que le pagan más”, explicó.
La exposición que surgió tras el conocimiento en la prensa local, generó que la comunidad argentina corte todo tipo de vínculo con quien hasta el momento conocían como “Yossi”. En consecuencia, Gauto se mudó desde la ciudad norteña de Kiryat Bialik a Hadera.
Su situación judicial
Una traba judicial beneficia por el momento al protagonista de la historia. Las leyes israelíes impiden extraditar a un individuo sin juicio previo, mientras que las normas argentinas –por el momento- descartan un proceso en ausencia. Asimismo, ambos países no comparten un tratado de extradición.
No obstante, el periodista argentino-israelí, Shlomo Slutzky, presentó una petición frente a la Corte Suprema de Jerusalén a través de su letrado Eitay Mack, que se encamina a destrabar la situación de Gauto y que remite a su primera entrada al país.
Slutzky fue quien descubrió el paradero del ex agente de Inteligencia, tras una larga búsqueda para encontrar el destino de Samuel Leonardo Slutzky, primo hermano de su padre, desaparecido en La Cacha en 1977.
“Descubrimos que Gauto mintió en la declaración jurada que realizó en Buenos Aires. En Noviembre 2002, ocultó que desde 1998 existía contra él un juicio por defraudación al Banco Central de la República Argentina (BCRA), donde había trabajado“.
Según lo requieren las normas israelíes, cada persona que inmigra a Israel y busca obtener la ciudadanía debe completar una declaración jurada en la cual niega tener demandas judiciales o investigaciones criminales en su contra.
Los abogados de Gauto hablaron en exclusiva: “Buscan anular el formulario que llenó cuando llegó al país, y debido a que no existe tratado de extradición con Argentina, buscan cancelar el contrato que firmó donde negaba tener antecedentes judiciales. Nosotros sostenemos que cuando firmó, no había problema alguno“, argumentó Tami Ulman, una de los letrados que lo defiende.
Preguntada por la causa vinculada a un supuesto fraude en el Banco Central argentino por parte de Gauto, la letrada fue tajante: “Él no estaba al tanto de eso. Sostiene su inocencia y niega haber cometido los hechos atribuidos”.
Según la orden emitida por la Policía Internacional (INTERPOL) tras requerimiento de los tribunales argentinos, los cargos que se le atribuyen a Gauto son “privación ilegal de libertad agravada, por mediar violencia o amenazas y por haber estado en esa condición por más de un mes e imposición de tormentos reiterados“.
Infobae intentó comunicarse con Gauto a través de sus abogados, sin embargo se negaron a hacerlo aludiendo a falta de voluntad por parte del sospechoso.
El máximo tribunal israelí definió el 16 de noviembre que en 45 días se expedirá sobre el acusado. Este proceso podría derivar en un juicio y la consecuente quita de la ciudadanía, para finalmente deportarlo a su país de origen.
“Yo no hice nada. Nada”, concluyó Gauto en su reportaje.