Patricia Guichandot sostuvo que “es falaz” parte de la información difundida y que ni siquiera intervino en uno de los dos casos.
La titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62 de la Capital Federal, Susana Patricia Guichandut (68), cuestionada duramente por las máximas autoridades del Gobierno de la Ciudad y por el presidente Mauricio Macri, a raíz de distintos fallos que beneficiaron a motochorros extranjeros, salió este jueves a defenderse y aseguró que “es falaz” parte de la información difundida.
Respecto de la situación del motochorro colombiano Jair Stevens Jurado Mora (25), a quien le fijó una multa de 700 pesos luego de robarle un celular a una chica de 18 años, la semana pasada en el barrio de Caballito, sostuvo que nunca fue informada de que tenía antecedentes en su país de origen ni tampoco que tenía un impedimento para ingresar a la Argentina.
Detuvieron a un motochorro colombiano pero la Justicia lo liberó a las 48 horas.
“La causa fue iniciada el 21 de enero del año en curso, la fiscalía le imprimió el trámite de flagrancia, por lo que dentro del exiguo plazo contemplado en la norma (48 horas) se fijó la audiencia multipropósito para el día 23 del corriente“, explicó Guichandut en un comunicado al que tuvo acceso Clarín.
Al respecto, añadió que “en las actuaciones constan los informes confeccionados por el Registro Nacional de Reincidencia y el suministrado por la Policía Federal Argentina, de los cuales no surgen la existencia de antecedentes penales ni procesos en trámite del extranjero Jair Jurado Mora“.
La jueza resaltó que la Dirección Nacional de Migraciones “tampoco informó a este tribunal sobre la existencia de causas penales de Jurado Mora en el exterior, ni hizo saber que el nombrado hubiese estado alcanzado por alguno de los impedimentos de ingreso y permanencia en el territorio nacional“.
Por otra parte, advirtió que en ningún momento su juzgado intervino en el caso del uruguayo Antonio José Franco (36), quien esta semana iba en moto con otro hombre, en el barrio de Boedo, y lo detuvieron para identificarlo cuando hizo una maniobra sospechosa en un control policial.
De remera gris y gorra, el uruguayo Antonio José Franco (36) permanece esposado tras ser arrestado por la Policía de la Ciudad en Boedo.
El delincuente tenía antecedentes en el país y había sido condenado en tres oportunidades, dos de ellas por robo. Además, sobre él había un pedido vigente de expulsión de la Argentina sobre el que todavía la Justicia no se expidió.
“Resulta llamativo que también se atribuya a este Tribunal a mi cargo la intervención en una actuación penal que se le seguiría a dos ciudadanos, uno de ellos de nacionalidad uruguaya, apellidado Franco, en la que no tuve ni tengo intervención alguna“, manifestó Guichandut, en cuyo juzgado se registró un gran malestar por las declaraciones del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y de su número dos, a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli.
En tal sentido, señaló: “Finalmente debo aclarar que los jueces no somos legisladores, solo operadores del sistema y contamos con las herramientas que nos brinda el ordenamiento legal del cual no podemos apartarnos so pena de violar derechos y garantías de orden constitucional“.
Mientras que Rodríguez Larreta dijo estar “indignado” por los fallos, Santilli advirtió que “hablarán con la Cámara” de Casación “para ver qué decisión se va a tomar, porque así no se puede seguir”.
“No lo podemos creer. Estoy indignado. Con bronca, caliente. No puede ser que la Policía actúe una y mil veces y después venga esta jueza y libere a dos motochorros con antecedentes en una semana. Uno de ellos -uruguayo- tenía pedido de expulsión del país. No hay sentido común; hay impunidad”, dijo Santilli.