Por Fabián Seidán – Diario Cuarto Poder. Justicia garantista no es justicia. Hoy los delincuentes se sienten impunes, protegidos y con igual o mayor derecho que sus propias víctimas. Por eso infringen las leyes, una y otra, y otra vez; sabiendo que gozan de la “puerta giratoria” judicial.
El crimen no paga
Cuando Osvaldo Jaldo asumió como gobernador interino en la provincia, se mostró dispuesto a luchar contra la inseguridad. Hizo cambios en la policía, en el ministerio de Seguridad y apuró leyes para luchar contra la delincuencia, especialmente en lo relacionado con la venta de droga. Tras ser elegido gobernador en las últimas elecciones, volvió a insistir en sacar más policías a las calles para prevenir el delito y no correr detrás del crimen ya cometido.
Desde la Fuerza Policial reconocieron el esfuerzo que se hace desde el gobierno para dotar a la policía de las herramientas para combatir el crimen. Pero un actor clave que no está funcionando como debiera y generando malestar en los otros poderes del Estado: La Justicia.
Se pudo evitar
El asesinato a sangre fría del suboficial Ramón Sánchez (recibió 7 disparos) durante el intento de robo por parte de 2 maleantes, despertó el repudio generalizado de toda la sociedad, no sólo por el hecho en sí, sino –sobretodo- porque el criminal que gatilló era un sujeto muy peligroso que ya en febrero último había sido detenido y que la Justicia se encargó de liberar, a las pocas horas.
El maleante, que no dudó en vaciar el cargador de su revólver en la humanidad del policía, había sido arrestado por la sustracción de un celular y el posterior robo del arma del policía que lo perseguía. Por ese hecho, la Justicia lo condenó a 3 años de prisión en suspenso.
¿En suspenso? ¿Y por qué en suspenso?, tal vez porque el sujeto es considerado una persona problemática por el consumo de drogas, o tal vez porque no hay más lugar en las cárceles para su encierro; o quizás porque robar sin matar, es considerado apenas un delito menor, “cometido por personas estigmatizadas por una sociedad cruel que no les dio oportunidades y obligó a ‘salir de caño’ para vivir”.
Esa sería una buena descripción, falaz pero poética, sobre cómo piensan y actúan los jueces de la nueva escuela zaffaronistas, a la hora de interpretar o dictar una condena, al considerar al delincuente como una víctima más de un modelo social que proscribe y no da cabida a los pobres.
El “frondoso prontuario”
Según los vecinos del delincuente, en el barrio Las Piedritas, tanto él como toda su familia (padrastro, madre y hermanos) son personas de malvivir que se dedican desde hace años al narcomenudeo. Tiene familiares en la zona de La Costanera que venden droga, él vive en el barrio de Las Piedritas junto a su madre que también sería una conocida transa de la zona, mientras que su padrastro está en la cárcel, condenado por la Justicia Federal por una causa de drogas.
Por eso no extraña que a las pocas horas del arresto del asesino del policía Sánchez, otro hecho de similares características, se produjera en un barrio aledaño: un joven policía de 21 años, Víctor Emanuel Lazarte, fue asesinado por maleantes en un nuevo intento de robo de moto.
Peligrosos y en libertad
Lo llamativo del hecho es que uno de los que participaron en el crimen, es Rodrigo Alejandro Villafañe (18), hermano de Edgar David Villafañe (21) el detenido por matar al primer policía.
El resto de los detenidos por esta segunda muerte son todos sujetos de muy mal vivir con antecedentes penales. Y estaban libres.
La madre del policía asesinado pidió “justicia” por su hijo y aseguró que los detenidos “son renombrados en el mundo de la venta de drogas” en la zona. “Quiero que se haga justicia. Soy la madre y siento un gran dolor; ya nadie me va a devolver la vida de mi hijo, pero estamos cansados de tanta inseguridad. Los delincuentes son los dueños de la calle”, señaló.
Penas más altas para los delincuentes
Un informe elaborado por el Observatorio Pulsar de UBA arrojó que existe un consenso mayoritario en la sociedad para que hayan penas más altas a delincuentes: Siete de cada 10 argentinos quiere que los que salen a robar (y eventualmente matan) cumplan penas más altas.
El informe elaborado por el Observatorio arrojó que existe un consenso mayoritario en la sociedad argentina, cansada de la inseguridad, los ataques violentos y muerte de inocentes por resistirse a un robo. La gente no acepta más que los delincuentes entren y salgan por la llamada “puerta giratoria” de la justicia y que las fuerzas de seguridad esté cada vez más limitadas en su accionar.
La Legislatura toma carta en el asunto
Frente a esta situación, en la Legislatura la mayoría de los parlamentarios están de acuerdo en la necesidad de actualizar la Ley de Contravenciones, que data de 1980 y que resulta muy favorable para los que delinquen. Algunos sugieren implementar un “Código de Convivencia” o de “Orden Social” para abordar las infracciones sociales que no son delitos, pero que podrían desencadenar situaciones más graves. En la lista de proyectos no abordados también se incluyen medidas para contrarrestar el uso de teléfonos móviles en las cárceles, la creación de un programa de “Corredores Escolares Seguros” y un plan para mejorar la seguridad en las paradas de autobuses.
Con el problema de la inseguridad de nuevo en la lista de prioridades de la Legislatura, queda por ver si los señores de la Justicia también si están dispuestos a dar un paso adelante y comenzar a trabajar con una visión más justa y sin temor a castigar a quienes eligen el camino del crimen.