Fueron imputados por cuatro delitos y se les aplicó una sanción preventiva de prisión por dos meses, y aún así dos de los tres protagonistas de la brutal agresión contra policías que fue filmada por vecinos de monteros, no permanecerán detenidos mientras avanza una investigación que debería ser tan breve y clara como el registro fílmico tomado en las calles monterizas.
Como se recordará, todo empezó el lunes, pasadas las 14.30, cuando un vecino llamó al 911 para advertir que en una vivienda de Monteros se estaban registrando incidentes, motivando que personal de la División Motorizada fue hasta el lugar, donde se produjeron serios incidentes que dejaron como saldo dos uniformados lesionados y el móvil de la fuerza dañado.
Los agresores fueron reducidos recién cuando los policías consiguieron el apoyo de refuerzos, y trasladados hasta la comisaría donde, al informar sobre lo ocurrido, recibieron la orden de un funcionario de la fiscalía que conduce Mónica García de Targa de dejar a los revoltosos en libertad, situación que cambió cuando, al salir de la seccional, los delincuentes insultaron a los policías, lo que derivó en que fueran detenidos por contravención.
El jefe de Policía Joaquín Girveau evidenció su enojo por la decisión de los funcionarios judiciales y expuso la situación ante el gobernador Osvaldo Jaldo para que tomara cartas en el asunto, tras lo cual Vanesa Marcela Coronel, su pareja Héctor Ricardo Cisneros y su hijo Lautaro Alejandro Ávila, por fin quedaron detenidos bajo el peso de una orden judicial.
Este viernes tuvo lugar la audiencia en la que se definiría la situación procesal de los tres violentos, en la que el auxiliar Bernardo Sassi, siguiendo las instrucciones de la fiscal Targa, resolvió acusarlos de atentado y resistencia a la autoridad, pero además, de manera separada, por lesiones leves y daños materiales.
El representante del Ministerio Público se expuso en detalle cómo se dio el desarrollo de los hechos, confirmando que el personal policial acudió al lugar porque los vecinos habían denunciado que se estaban registrando disturbios en una de las viviendas de la zona.
La mujer, armada con una tijera, atacó al agente Pedro Romano. Su compañero Santiago Sánchez intervino recibiendo varios golpes que le causaron una lesión en uno de sus dedos.
Sobre Cisneros, el funcionario acusador expuso que atacó con un cuchillo de unos veinte centímetros de largo al policía Aníbal Pacheco. Además, le propinó un golpe en el chaleco antibalas donde tenía su arma, causando la rotura de la culata. Luego agredió con el mango del arma blanca al efectivo Luis Zárate, que se había caído al suelo, causándole lesiones en el brazo.
Mientras tanto, Ávila, que blandía un látigo de madera con tira trenzada se dedicaba a azotar a los policías.
Por último, narró que al llegar el móvil de la comisaría que era conducido por el agente Santiago Barrionuevo, Cisneros arrojó una piedra que terminó destruyendo el parabrisas de la unidad, mientras los otros dos la imitaban, generando abolladuras en el chasis del vehículo.
Sassi agregó que los acusados, por la gravedad de los incidentes, fueron reducidos por los mismos vecinos que también los golpearon, requiriendo luego que se le dicte la prisión preventiva a los tres por dos meses.
“Estamos hablando de un hecho grave y en el que se debe destacar la conducta que tuvieron los uniformados. A pesar que portaban sus armas reglamentarias, ninguno de ellos ni amagó en sacarlas para defenderse”, resaltó el auxiliar. “También no puede dejar de tenerse en cuenta la gravedad de las complicaciones que generaron al dañar el móvil. En estos tiempos, se desafectó un elemento vital para realizar una tarea tan importante como la prevención del delito”, agregó.
Los defensores Maximiliano Décima (Cisneros) y Juan Carlos Pintos (Coronel y Ávila) plantearon primero algunas cuestiones, no formularon oposición a los delitos por los que fueron acusados, pero sí observaron el dictado de la prisión preventiva. El primero pidió que sólo fuera por 30 días y el segundo, directamente la rechazó.
Décima reveló que un profesional diagnosticó a su defendido un síndrome de abstinencia por las múltiples adicciones que padece y pidió que reciba tratamiento.
Pintos dijo que su defendida le había informado que podría estar embarazada y que se sentía mal por los golpes recibidos mientras intentaba apuñalar a los policías con una tijera. “No serían de los vecinos, sino de lo les habrían propinado en la comisaría donde se encuentra detenida”, denunció el defensor oficial.
La audiencia fue suspendida por unos minutos porque justo en ese momento, ante los jueces, y exponiendo una vulnerabilidad que no mostró cuando atacaba a los uniformados, la imputada solicitó ser atendida por el médico del Centro Judicial de Monteros, quien recomendó que sea llevada al hospital de esa ciudad donde quedó internada.
El juez Marcos Núñez Campero avaló todo lo solicitado por el Ministerio Público. Sin embargo, decidió que Cisneros fuera trasladado al hospital Obarrio para ser sometido a un tratamiento de desintoxicación y sobre Coronel dispuso que continúe hospitalizada.
También pidió que sean revisados por un profesional para que informe el desarrollo de su estado de salud para definir si deben ser trasladados a un calabozo, donde fue a parar Ávila, quien a diferencia de sus compinches no advirtió las ventajas de argumentar algún problema de salud.