La ONU cerró el debate sobre la legalización de la marihuana. En su informe anual advirtió que cualquier intento de permitir el uso recreativo del cannabis vulnera las convenciones sobre drogas. Recomendó, a la vez, que la personas detenidas con estupefacientes para consumo personal no reciban penas de prisión -sí tratamientos- e hizo un llamado concreto a frenar el avance de la marihuana legal, con críticas a los que aprobaron leyes en ese sentido, como Uruguay y algunos estados norteamericanos.
La situación de la Argentina fue analizada especialmente, ya que fue uno de las 13 países visitados el año pasado por expertos de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). El documento mundial consigna elogios a los cambios y medidas relativos a la lucha contra las drogas implementados por la gestión de Mauricio Macri.
Incluso se destacó que “el Presidente de la República Argentina, en su discurso inaugural, mencionó la lucha contra el problema de las drogas como una de las tres prioridades centrales del Gobierno”.
También hubo una referencia a que “se han dado casos de fabricación de cocaína a nivel nacional”. Con esa definición de la ONU, otra polémica local quedó cerrada: la Argentina no es sólo país de paso para las drogas.
Advertencias
La JIFE hizo foco este año en alertar sobre los incumplimientos de pactos internacionales por parte de los estados que permitieron legalizar el uso de la marihuana. “Esas legislaciones son contrarias a los tratados internacionales”, consignó el organismo que se monitorea la situación mundial del narcotráfico y del consumo de drogas.
Y se alertó: “Las tasas de uso indebido [de drogas] pueden aumentar, especialmente entre los jóvenes, porque las medidas de legalización pueden influir en la manera de percibir los daños, en el sentido de que menos personas considerarán que el cannabis es perjudicial, lo que pone en relieve la necesidad de adoptar medidas de prevención más eficaces”.
En el informe se indicó que el uso medicinal de la marihuana puede estar dentro de lo aceptado por las convenciones de la ONU sobre drogas, pero que cada Estado debe regular muy bien esa situación para evitar desvíos hacia otros fines. “En los últimos años, los Estados han informado del aumento considerable de los niveles de THC en el cannabis incautado y del consecuente aumento de las reacciones adversas, como lo demuestra el incremento de los ingresos en salas de emergencias de los hospitales”, se afirmó.
Impacto local
La posición de la ONU contraria a legalizar la marihuana tendrá, seguramente, impacto en la discusión legislativa local. El Congreso se prepara este año para debatir la reforma a la ley de drogas, con algunos proyectos que buscan avanzar en el autocultivo de marihuana. Esa idea choca con la postura internacional. Sí recomendó la ONU al Gobierno que adapte la normativa al fallo de la Corte Suprema que, en 2009, declaró la inconstitucionalidad de castigar con penas de prisión la tenencia de drogas para consumo personal.
“Los Estados no tienen obligación de adoptar respuestas punitivas en el caso de los delitos leves relacionados con las drogas. Los tratados prevén medidas sustitutivas de la condena o el castigo”, se detalló en el informe anual.
El 26 de enero pasado la canciller Susana Malcorra recibió una nota de la JIFE como respuesta a la evaluación realizada en la Argentina. En el séptimo punto de las recomendaciones en esa carta figura la necesidad de adaptar la ley al “fallo Arriola”. Esa fue una de las propuestas de la misión de la JIFE. En tres años, el organismo evaluará los pasos dados por la Argentina ante a sus recomendaciones.
Por el momento, el documento reflejó un positivo cambio de actitud: “En diciembre de 2015, el Gobierno de la Argentina reconoció los graves retos que enfrentaba en la lucha contra la droga y definió un nuevo enfoque para abordarlo”.
Y se señaló: “La Junta observó que la Argentina había logrado mejoras en la vigilancia de la importación, la exportación y la fabricación ilícitas de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”. Los elogios de la JIFE al actual gobierno argentino habían sido reflejados en esa nota recibida por Malcorra.
De todas maneras, el informe anual no dejó de exhibir algunas situaciones en las que la Argentina aún debe trabajar. “En los últimos años, la Argentina ha sido un país de tránsito para la cocaína producida en la región andina, aunque también se han dado casos de fabricación nacional de cocaína”.
Se hizo referencia, además, a que nueve de cada diez mujeres encarceladas por drogas son “mulas”, y se pidió consideración especial para sus casos. También se reflejó el crecimiento del mercado local de consumo y recordó que, como publicó LA NACION, los estudiantes argentinos tienen la mayor tasa de consumo de cocaína en América latina.
Una carta con recomendaciones internacionales
Más allá del informe anual sobre drogas, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) envió el 26 de enero pasado una carta a la canciller Susana Malcorra. Ese organismo de la ONU visitó la Argentina en 2016 y emitió una serie de recomendaciones que fueron consignadas en ese mensaje oficial. Se pidió el cambio en la ley de drogas para adaptarla al “fallo Arriola” y no castigar con prisión la tenencia de drogas para consumo personal. Se reconoció el esfuerzo para combatir el tráfico de drogas, pero se solicitó coordinar las bases de datos y mejorar el intercambio de información entre los participantes en la represión del narcotráfico. Y se calificó como encomiable la labor de la Sedronar.
Fuente: La Nación