Una de las novedades que trajo el informe de la reciente revisión de las cuentas nacionales de la Argentina, en los términos del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional, es la sensibilidad social en sus recomendaciones de política, dado que sugiere al Gobierno “restablecer un crecimiento sostenido y equitativo, impulsar la creación de empleos y proteger a los pobres de los costos del restablecimiento de la estabilidad macroeconómica”.
Entre las principales demandas que muestran un cambio con respecto a los políticas de ajustes de la economía solicitadas por la institución entre los 70 y fines de los 90 se destacan:
1. La adopción de un cuadro tarifario de los servicios públicos completamente alineado con la recuperación de costos y el establecimiento de un régimen de transferencias para proteger a los pobres y la eliminación de subsidios energéticos mal focalizados y distorsivos.
2. El ritmo y la composición del rebalance para reducir el déficit fiscal deben tener en cuenta el impacto en el crecimiento, el empleo y los segmentos más vulnerables de la población, manteniendo al mismo tiempo claros objetivos a mediano plazo.
3. La necesidad de infundir progresividad al sistema impositivo a lo largo del tiempo para reducir la carga tributaria y dotar al sistema de mayor eficiencia. Asimismo, recalca la importancia de abordar las cuestiones relacionadas con el federalismo fiscal.
4. La adopción de un plan simple y transparente de política fiscal a mediano plazo; la racionalización del gasto público, incluido el gasto salarial.
5. Recortar la inflación a un dígito y que el ritmo de reducción de la inflación debe tener en cuenta los costos económicos y el impacto distributivo en la sociedad.
6. Afianzar la credibilidad del marco monetario, en particular, estableciendo un claro mandato de estabilidad de precios en el norte de la política monetaria del Banco Central y garantizándole la independencia operacional, al tiempo que se elimine el financiamiento monetario del déficit fiscal, con eso se aligerarán los costos económicos y sociales de la desinflación.
OTRAS ASIGNATURAS PENDIENTES Y PROYECCIONES
Entre las prioridades de política económica, el informe del FMI cita la promoción de la competencia; la mejora del marco regulatorio para la energía y los servicios públicos. También recomienda que se deben adoptar medidas para mejorar paulatinamente la calidad de infraestructura, reducir las barreras al comercio exterior y desarrollar los mercados de capital locales.
Los directores aplaudieron los recientes avances de la lucha contra la corrupción, la reducción de la participación del Gobierno en las industrias privadas y la creación de un mejor marco de gobernabilidad para favorecer a la gente.
Con respecto a las cifras el informe destaca que el PBI crecerá un 2,7% en 2017, luego de caer este año 1,8%. Estas proyecciones fueron realizadas en base al relevamiento de las cuentas argentinas realizado en septiembre pasado a través del Artículo IV, lo que constituyó la primer revisión de los números del país en diez años de parte del organismo multilateral.
Según estas previsiones la inflación del corriente año cerraría en 39,5% y en 2017 en 20,5%; mientras que el consumo retrocedería en 2016 un 1,8% y el período próximo crecería alrededor de 2,3 por ciento.