La crisis es extrema y hasta tal punto que en las comisarías del interior ya no cabe ni un detenido más. Es el cuadro de situación que se profundizó en el último tiempo y ayer tuvo como detonante el motín en la comisaría de Monteros.
En la jurisdicción del Centro Judicial de esa ciudad hasta antes del incidente había tres comisarías habilitadas para recibir detenidos: la local, de Simoca y Famaillá. Ahora hay sólo dos, ya que el juez Mario Velázquez dispuso la clausura del arresto de la comisaría de Monteros a causa de los daños que acusó el sector durante el motín que llevaron adelante procesados de la capital con quemas de colchones.
Pero de estas comisarías la de Famaillá sólo puede albergar a cinco detenidos, tras una disposición de la Corte Suprema de Justicia en torno a un amparo correctivo, mientras que la de Simoca, alrededor de 20, y actualmente está repleta.
Frente a este cuadro de situación se transformó en un drama extremo la urgencia de reubicar a los 25 detenidos de Monteros. “Todo el sistema de arrestos del interior está colapsado. No hay dónde ubicar a la gente que estuvo hasta el motín en la comisaría local. Por lo pronto ordené que los seis internados por asfixia continúen en los lugares en que están. El resto aún no se sabe hacia qué sitio llevarlos”, dijo el magistrado.
Para el magistrado la gravedad de la coyuntura lo revela también el hecho de que el motín en Monteros es el primero que se produjo en varias décadas.
En la jurisdicción del Centro Judicial de Concepción, la situación no es menos dramática. Ahí están habilitadas cuatro comisarías para albergar alrededor de 60 personas y sin embargo hay 91 detenidas.
El jefe de la Regional Sur, comisario Félix Concha, dijo que la falta de espacio se complica con la llegada de procesados de la capital porque las comisarías también se encuentran colapsadas.
fuente. lagaceta