Por Fabián Seidán para Diario Cuarto Poder | La pobreza golpea fuerte al país y, cada día, abraza con fuerza a más familias, por lo que parecería erróneo (o al menos apresurado) volver a restringir el normal desenvolvimiento de algunas actividades comerciales y de servicios, en pos de bajar los índices de contagios. Hay temor de que estas medidas se prolonguen en el tiempo.
Se puede luchar contra el virus sin afectar trabajos
Frente al creciente número de casos de coronavirus en el país, el gobierno nacional tomó medidas duras para frenar los contagios. El miércoles lanzó un DNU donde puso en marcha un paquete de medidas restrictivas basado en prohibiciones para circular (entre las 00 y las 6 de las mañana) y cierre total de todo tipo de comercio y eventos sociales y recreativos a partir de las 23.
Irresponsables y funcionarios que no funcionan
La medida resulta odiosa, pero necesaria (si se quiere) desde el punto de vista sanitario.
Sin embargo hay que decir que todo se desmadró, y aumentaron los contagios, debido a la gran cantidad de irresponsables de ambos lados del “mostrador”.
Porque hubo gente que en medio de la inminente llegada de la “segunda ola” hicieron caso omiso de las recomendaciones básicas sanitarias (salieron de turismo, hicieron reuniones, participaron de fiestas, organizaron bailes) y los contagios se dispararon, al punto de duplicar el número de casos de meses como octubre del año pasado.
Pero no fue solo la gente común la que falló; hubo funcionarios públicos que trasgredieron normas o no hicieron bien sus tareas frente a la pandemia: Las vacunas no llegaron a tiempo, faltan vacunas, hubo impericia en la organización para inocular a los trabajadores esenciales y personas de riesgo; no se hicieron testeos en cantidad necesaria, las fronteras estuvieron abiertas al mundo mucho tiempo y con escasos controles; se esperó que pase Semana Santa, etc. Ese combo de situación llevó a que hoy el país, se vea obligado a volver de fase, principalmente para que no colapse el sistema sanitario-hospitalario.
Los perjudicados de siempre usan barbijos
Y en medio de los irresponsables que “bolichean” y los “funcionarios que no funcionan”, hay un número importante de trabajadores y familias muy preocupados porque temen volver a sufrir una disminución en sus ingresos y terminar cayendo en la pobreza.
Se trata de personas que desempeñan tareas en el sector gastronómico (bares, cafés, restaurantes, heladerías, pizzerías), clubes, salones de fiestas, discotecas, comercios (almacenes de barrios, kioscos, drugstores, y toda la movida de servicio de delivery y seguridad privada que se mueve a su alrededor) además de sectores ligados al turismo, hotelería, casas de alquileres temporarios y los alojamientos transitorios.
Es que, si bien seguirán trabajando en el horario permitido, verán disminuir considerablemente sus ingresos por las horas que no trabajen. En algunos casos habrá despido, en otros, suspensiones de turnos en los horarios nocturnos.
Controles rigurosos y compromiso de todos
El Presidente Alberto Fernández llamó a respetar las medidas de higiene y de distanciamiento para frenar el virus pero no son los trabajadores lo que lo propagan ya que todos cumplen protocolos de higiene y sanidad.
“Necesitamos el compromiso de todos y todas para reducir la velocidad del contagio mientras avanzamos con la vacunación. Debemos tomar nuevas medidas de cuidado. Lo que suceda en la segunda ola va a depender de las medidas que implementemos, de que haya un control riguroso en cada jurisdicción y del compromiso de cada miembros de nuestra comunidad”, sostuvo el presidente al anunciar el toque de queda.
Si bien la medida será hasta el 30 de abril (inclusive) nada garantiza que sólo sea hasta esa fecha (el año pasado ya vivimos restricciones que se renovaban cada 15 días por más de 6 meses). Todo dependerá de la necesidad del Gobierno, en caso de que la curva de contagios no disminuya.
El miedo de ser (más) pobres
Lo peor de todo es que la situación económica de cientos de miles de familias hoy es muy crítica. Ya el 2020 fue un año para el olvido para todos, tanto en materia sanitaria como económica. Sacando la parte más dura que es la muerte, muchas familiar tuvieron que soportar que algún integrante del hogar perdiera su trabajo o, en el mejor de los casos, fuera suspendido temporalmente. Otros la pasaron muy mal al no contar con un empleo registrado (trabajadores informales, cuentapropistas y en negro) al no poder desempeñar sus tareas y a cambio recibir un subsidio que apenas les alcanzaba para subsistir.
Mucha de esa gente se desempeña en el sector gastronómico, salones de fiestas, discotecas, o en el servicio de reparto, changas y delivery. Son los que más vieron caer sus ingresos y se terminaron comieron sus ahorros.
No hay generación de puestos de trabajo desde hace muchos años. Muy pocas empresas abren en el país, entonces la gente no tiene otra que “rebuscarse” en los sectores del comercio y el servicio, por lo que las restricciones los terminan perjudicando.
Índice de pobreza alto
La semana pasada se difundió el índice de la pobreza del país y el gran San Miguel de Tucumán superaba a la media nacional. De acuerdo a la medicación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) la pobreza aumentó en el país durante el segundo semestre del 2020, llegando al 42 %. Y en Tucumán, el aumento de la pobreza superó el 43,5 %, siendo la cifra más alta entre las provincias del NOA. En San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo 460 mil personas son pobres o indigentes, número que se disparó el año pasado en medio de la cuarentena por la pandemia.
En estas cifras se combina una realidad de la pandemia pos aislamiento obligatorio, donde miles perdieron su trabajo, y de una pobreza estructural. En esa pobreza estructural entran miles de trabajadores que trabajan precarizados y con salarios de pobreza.
Por eso, medidas que tienden al cierre de bares y comercios en los horarios de 23 a 6, caen mal o son tomadas de mala manera, al no atacar el problema concienzudamente. La irresponsabilidad de los jóvenes y la ineficacia de los funcionarios que no funcionan (gran parte de la población ya debería estar vacunada), la terminan pagando los trabajadores.