“Hay una trama oscura de venta de drogas con complicidad policial en el penal de Villa Urquiza denunciada por dos reclusos. Las sospechas de corrupción se acrecentaron con la muerte de uno de los denunciantes, Fernando Medina supuestamente en una pelea de reclusos. El Estado es responsable de la vida de los condenados y procesados y las instituciones penales deben servir para la rehabilitación de estos ciudadanos que están pagando su pena o esperando una sentencia. Debemos llegar al fondo de estas denuncias y cortar cualquier red ilegal que existiera dentro del sistema penitenciario”, aseguró el legislador Fernando Valdez.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura provincial elevó un extenso cuestionario al ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Regino Amado a fin de dilucidar las circunstancias en las que murió Medina y las medidas de protección hacia el otro denunciante de las supuestas irregularidades, quien se encuentra en programa de protección de testigo.
A continuación reproducimos el formulario elevado al funcionario provincial.
1. Qué acciones de protección arbitraron las autoridades penitenciarias para velar por la integridad física de Fernando Sebastián Medina, luego de que este denunciara a guardiacárceles del Penal por venta de estupefacientes entre la población del mismo.
2. Por qué causa, a pesar de que Fernando S. Medina, se encontraba bajo régimen de “Testigo Protegido” luego de realizar la denuncia, y considerando el contexto de amenazas que sufría, no contaba con estándares mínimos de control y vigilancia para evitar que sufriera agresiones, intimidaciones y golpizas en el interior del Penal, como las que a partir del mes de septiembre comenzó a padecer.
3. Qué medidas preventivas se adoptaron para proteger al interno que denunció junto a Medina la venta de drogas en el Penal, y que también recibió amenazas desde ese momento.
4. A su vez, cuál es la situación de Alejandro Mendoza, señalado como quien habría ultimado de 3 puñaladas a Medina.
5. Quién impartió la orden y por qué motivo lo hizo, luego de que ambos internos denunciantes que habían sido trasladados a la Comisaría 7ma por cuestiones de seguridad, fueran reubicados nuevamente en el Penal de Villa Urquiza, conociendo el peligro que eso conllevaba, y sin ninguna orden establecida por escrito.
6. Cuál es la situación administrativa de los integrantes del Servicio Penitenciario involucrados en la denuncia por venta de estupefacientes.
7. Por qué no se ha dado cumplimiento a los plazos establecidos por la Acordada de la Corte Suprema de dar cumplimiento a la habilitación de instalaciones adecuadas en el predio de Institutos Penales de Villa Urquiza para el alojamiento de detenidos, hasta la fecha hacinados en condiciones violatorias de derechos y normas constitucionales en comisarías y otras dependencias policiales, visto que los plazos establecidos y acordados se encuentran vencidos.