La frustrada aplicación del nuevo sistema de investigación y juzgamiento de delitos -desde hurtos hasta homicidios- en los tribunales penales de Concepción y Monteros generó preocupación y malestar en el Poder Legislativo.
Oficialistas y opositores de la comisión de Asuntos Constitucionales coincidieron en calificar como “contradictorias” las decisiones adoptadas por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) respecto del Código Procesal Penal provincial. Esta normativa debería haber comenzado a regir a partir de este mes, a modo de prueba, en los centros judiciales del sur. Sin embargo, el Poder Judicial no cuenta con la infraestructura edilicia ni con la capacitación necesarias para implementar el renovado texto procesal, argumentó la propia CSJT.
“Por un lado, el presidente del alto tribunal, Daniel Posse, envió una nota el martes al vicegobernador Osvaldo Jaldo solicitando una prórroga por ley (para la implementación del Código) hasta octubre de 2018. Horas después (el martes), los vocales de la Corte Suprema emitieron una acordada en la que prorrogan motu proprio (es decir, por propia iniciativa) la entrada en vigencia del Código Procesal hasta febrero de 2019”, describió el legislador Marcelo Caponio (PJ), titular de la comisión de Asuntos Constitucionales.
Ante esta inédita situación, el peronista y sus pares resolvieron pasar a cuarto intermedio hasta hoy. La intención es que la comisión de Labor Parlamentaria, compuesta por los jefes de los bloques políticos y la mesa de conducción del cuerpo colegiado, defina los pasos a seguir. “Será la Legislatura la que emita una opinión sobre el tema, a través de sus autoridades”, anticipó Caponio.
El Código Procesal Penal que rige en Tucumán data de 1991. Esta extensa normativa establece los mecanismos que regulan la investigación de los delitos en las fases de instrucción (desde la recolección de las primeras pruebas hasta la elevación a juicio de la causa, si correspondiere) y de debate oral y público (cuando el futuro procesal de un acusado queda en manos de un tribunal penal).
En 2012, la Corte comenzó a trabajar en la puesta en marcha un nuevo régimen procesal penal, a modo de prueba, con el fin de agilizar los plazos y de mejorar y modernizar el servicio de justicia.
En principio, iba a ser implementado por acordada. Pero el oficialismo de la Legislatura acusó un supuesto avance sobre sus facultades. La tensión institucional quedó aliviada cuando se consensuó la sanción de una ley, previa reforma íntegra del texto procesal penal. Esta labor legislativa demandó la conformación de una comisión especial interpoderes. Por fin, el proyecto final fue aprobado en 2016. Iba a comenzar a ser utilizado en septiembre de 2017. Pocos días antes, y a pedido de la Corte Suprema, la Legislatura autorizó una prórroga, por ley, hasta el 1 de abril de 2018. Su implementación estaba prevista en modo piloto, y en el sur. Sin embargo, nada de eso ocurrió.
“Hubo un vencimiento en los plazos establecidos. En lo personal, considero que la entrada en vigencia de un código de esta naturaleza debe ser por ley”, interpretó Caponio. E insistió con que la decisión del alto tribunal de enviar una nota pidiendo una nueva extensión, para luego emitir una acordada en ese sentido, fue “de una contradicción evidente”. “Ante esta situación, la comisión de Asuntos Constitucionales ha decidido pasar a cuarto intermedio hasta mañana (por hoy), a la espera de una definición de la Labor Parlamentaria”, indicó Caponio.
Hoy, las autoridades de la Legislatura resolverán si celebran una sesión el martes para abordar una nueva prórroga del Código Procesal Penal provincial.
El opositor José Canelada (UCR) y la aliada oficialista Stella Maris Córdoba (Proyecto Popular) integran Asuntos Constitucionales y participarán además de la Labor Parlamentaria, ya que son presidentes de sus respectivos bloques. Ayer, por lo pronto, expresaron posturas críticas hacia la Corte.
“Hay una contradicción muy grande entre la nota que envió el presidente del alto tribunal el lunes y la acordada dictada ayer, de la cual tomamos conocimiento a partir de los medios de comunicación”, destacó Córdoba. La peronista indicó que en Asuntos Constitucionales no lograron arribar a un consenso respecto de la validez de la decisión administrativa del alto tribunal. “A algunos legisladores nos parece que la acordada de la Corte está incumpliendo la ley que habíamos sancionado”, interpretó. Y admitió que, como integrante del cuerpo legislativo, se siente “sorprendida”. “Cuando teníamos bajo estudio el nuevo Código Procesal Penal, eran funcionarios de la Justicia provincial quienes nos apuraban para que lo aprobáramos. Resulta que ya fue sancionado, y la propia Justicia pide prórrogas. Es como si no lo quisiera aplicar, y a nosotros nos aflige porque esta es una herramienta que permitirá acelerar los procesos penales para todos los tucumanos”, indicó Córdoba.
Canelada expresó también una “enorme preocupación”. “La Corte ha puesto en una situación de inseguridad jurídica a los tucumanos. Ha dejado vencer el plazo para la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de la Provincia, y luego ha pedido una prórroga a esta Legislatura. Además, horas más tare, dictó una acordada contradictoria con lo que había pedido a este poder”, afirmó el radical. Alertó luego que “la Corte, con su acordada, entiende que puede pasar por encima de una ley”. Y agregó: “más allá de ser un papelón, se generó una situación inédita y delicada; me parece un bochorno nacional”. El dirigente de Cambiemos recordó además que ya había remitido un pedido al máximo tribunal local para avanzar medidas para la instrumentación del nuevo Código Procesal. “Sin dudas que la Corte está en mora (al respecto)”, dijo Canelada.
fuente. lagaceta