Si desean preservar su cargo en la Administración Pública, todos los funcionarios jerárquicos del Gobierno tucumano deberán realizarse exámenes médicos para confirmar que no consumen ningún tipo de sustancia ilegal.
Así lo dispone la ley Nº 8.850, cuyo decreto reglamentario, firmado por el gobernador Juan Manzur, fue publicado hoy en el Boletín Oficial de la provincia.
La norma en cuestión, que fue promulgada en marzo último pero recién entró en vigencia hoy, también alcanza a los poderes Legislativo y Judicial y establece que los estudios serán obligatorios para todos los empleados de alto rango de la Administración Pública.
En el caso del Poder Ejecutivo, la ley comprende todos los cargos hasta el rango de subsecretario y comisionado comunal; en el Legislativo hasta el de Prosecretario; y en el Judicial incluye a los magistrados en todos sus niveles, funcionarios constitucionales, de ley y jueces de paz. También se someterá a los exámenes anti-drogas al Personal Policial en todas sus jerarquías.
El artículo 3º de la ley señala que todos los funcionarios comprendidos en el ámbito de aplicación de la misma “deberán realizarse con carácter obligatorio el examen de detección de metabólicos de drogas en orina para determinar la presencia de sustancias psicoadictivas en sus organismos”. Además, establece que los exámenes deberán realizarse en el plazo de tres meses de la puesta en vigencia de la norma y con periodicidad de un año.
En caso de que se confirme que algún funcionario consume drogas, la ley ordena su suspensión en el cargo hasta su recuperación, dentro del régimen de licencias vigente.
En su artículo cuarto, el decreto firmado por Manzur dispone que, en el caso del Ejecutivo provincial, la autoridad de aplicación será la Secretaría General de la Gobernación, que deberá citar a los funcionarios de ese poder “con una antelación mínima de tres días hábiles” para realizarse los análisis. Y agrega que “la comparecencia de los funcionarios citados en la fecha, hora y lugar fijados, será de carácter obligatorio, salvo que acreditaran en debida forma un impedimento insoslayable, en cuyo caso se procederá a la fijación de una nueva fecha”.
La norma establece que los estudios deberán realizarse “a través del Departamento Bioquímico-Laboratorio de Salud Pública”, dependiente del Sistema Provincial de Salud (Siprosa). Esa última área también será la encargada de arbitrar los medios necesarios para la recuperación de los funcionarios que sufran adicciones.
La entrada en vigencia de la ley que obliga a los funcionarios tucumanos a realizarse exámenes anti-drogas se produce en medio de un escándalo por la detención del dirigente peronista César Trayan, quien está acusado de integrar una banda de narcotraficantes. El sospechoso venía desempeñándose como colaborador del titular de la bancada del Frente para la Victoria (FPV) en la Legislatura tucumana, Ramón Santiago Cano.
En enero último, el legislador provincial Emiliano Vargas Aignasse (FPV) fue detenido en la provincia de Santiago del Estero cuando intentó eludir un control policial debido a que llevaba en su camioneta 47 gramos de marihuana. El parlamentario fue suspendido por sus pares por 120 días.
Fuente: La Nación