Por Fabián Seidán – Editor General – Diario Cuarto Poder
La ola delictiva no afloja y las cifras de homicidios van en ascenso. La Policía no acusa recibo y la gente muere por nada.
En una sola semana hubo nueve personas asesinadas en Tucumán, provincia que se volvió de la noche a la mañana -además de insegura- en un lugar sangriento para vivir, porque quienes delinquen perdieron todo tipo de códigos. Ahora no sólo asaltan, arrebatan, roban o golpean a sus víctimas, sino que también les disparan a matar con sus armas de fuego.
Tal vez impulsados por la droga, por el flagelo de la pobreza, o por saberse impunes frente a una Justicia tibia y garantista que los ve siempre como “víctimas del sistema”, los nuevos delincuentes que operan en Tucumán salen a cazar víctimas y a matar, sin ningún tipo de contemplación, por un celular, un par de zapatillas, o una moto.
La gente vive con temor, encerradas en sus casas, entre rejas, candados y sistemas de alarmas. Y si tiene que salir a la calle, lo hace con un rosario en la mano, tratando de no llevar nada de valor encima, y cuando ve una moto con dos ocupantes, no les queda otra que rezar y esperar no ser la siguiente víctima que saldrá en las noticias.
Falta decisión política
¿Por qué las calles se convirtieron en tierra de nadie? Porque no hay decisión política de frenar la delincuencia. Así de simple.
La policía muchas veces no quiere intervenir porque se juega el pellejo por nada frente a delincuentes que no tienen nada que perder, además, corre el riesgo de “comer un garrón” en caso de ejercer su autoridad o intentar defenderse. Por otro lado, está el hecho de que, en caso de atrapar a alguien con las manos en la masa, a las pocas horas lo tendrán de vuelta en la calle, porque la Justicia no está a la altura y porque tampoco hay lugares para más detenciones.
La defensa propia, un derecho
¿Qué le queda a la gente? Armarse también, para intentar defender su vida, su familia, su propiedad y sus bienes.
Seguramente sonará drástico, o tal vez como un disparate. Sin embargo, de alguna manera el ciudadano común debe dejar de ser “el pato de la boda” en un país donde los políticos, jueces y gobernantes (y sus familiares directos), tienen custodia y seguridad privada las 24 horas del día.
Hace poco un legislador tucumano, Luis Espeche, fue noticia porque copió párrafos de una web española para hacer un proyecto de ley en la provincia. Entonces siguiendo esa metodología ¿por
qué no copiar otras leyes internacionales, que puedan resultar más útiles a los tucumanos en estos tiempos violentos?
¿Por que no una “enmienda” extranjera?
Por ejemplo, se podría imitar de la constitución de los Estados Unidos la Segunda Enmienda, que versa sobre el derecho del pueblo a poseer y portar armas para protección.
“La Corte Suprema de los Estados Unidos ha afirmado que el derecho a portar armas es un derecho individual que tienen todos los estadounidenses (…). La Segunda Enmienda establece que ni el gobierno federal de los Estados Unidos ni los gobiernos estatales y locales pueden infringir el derecho a portar armas”.
La Corte Suprema de los Estados Unidos, órgano supremo en asuntos de interpretación del texto de la Constitución, aclaró en 2008 que la Segunda Enmienda protege el derecho de un individuo a portar armas, y en 2016, reiteró que la Segunda Enmienda protege el derecho a portar armas, incluso las que no existían en el tiempo en el que la Enmienda fue ratificada.
Los defensores del derecho a portar armas dicen que un pueblo armado realiza una mejor ejecución de la legítima defensa y que evita que la autoridad gubernamental se vuelva tiránica y argumentan que cuando los ciudadanos respetuosos con las leyes se arman, actúan “más rápido y mejor” que la policía estadounidense y, por tanto, las armas reducen las tasas de criminalidad.
Difícilmente se pueda llevar adelante esto de la segunda Enmienda en Tucumán (y en nuestro país) no sólo porque los Derechos Humanos se opondrían tajantemente, si no porque sería prácticamente una guerra la ciudad con tantas armas de fuego que tienen en su poder los malvivientes y narcos. Sólo basta ver los “acompañamientos fúnebres”, a los tiros limpios y con total impunidad, cuando despiden los restos de algún integrante de sus bandas caído en “acción”. Todo, al margen de la ley y sin control. Sin embargo, cuando un comerciante decide armarse para protegerse, la Policía actúa de “oficio” y le cae con todo el peso de la ley.
El titular de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Daniel Posse, reconoce que “armarse” no es la solución al problema como tampoco “la Justicia por mano propia”.
Puede ser. Pero al menos tendría la oportunidad de defenderse.