Tomar vino “está bien” porque así se beneficia a una economía regional. El lobby viñatero es muy grande al punto de que el Estado los deja que publiciten sus productos a pesar que el alcoholismo, como el cigarrillo, mata y destruye familias.
La llamada letra chica de los contratos suele ser problemática porque en esa zona se establecen detalles que pueden sorprender a las partes. Con las leyes puede pasar algo similar: la reglamentación no siempre respeta el espíritu original del texto aprobado por los legisladores y, en esa instancia, la norma termina siendo una aproximación al objetivo inicial. Acaba de pasar con la regulación que prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas en la vía pública, que en su reglamentación admitió una excepción para el vino y provocó una polémica con el sector cervecero, que ahora espera recibir el mismo trato.
En noviembre del año pasado, se generó un nuevo escenario con la aprobación de la ley en ese sentido, que, además, estipulaba duras sanciones para las marcas que no se adaptaran a la restricción. La norma fue una respuesta a la discusión sobre el consumo de sustancias nocivas que empezó luego de la tragedia de Time Warp en Costa Salguero, en abril de 2016. Una Mesa de Diálogo en Adicciones convocada por el gobierno porteño elevó, entre otras recomendaciones, la de limitar la publicidad.
Pero, en enero, tras la reglamentación, el contexto fue diferente y los bodegueros lo aprovecharon para hacerse oír. Para ellos, la declaración de “bebida nacional” con la que cuenta el vino era suficiente para reclamar. Por eso, presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la ley en los fueros Federal y Contencioso Administrativo de la ciudad.
La acción judicial no avanzó, pero el guiño final para que el vino pueda volver a los carteles publicitarios ocurrió la semana pasada cuando el Ministerio de Agroindustria de la Nación se involucró en el asunto. El objetivo: promocionar los valores culturales y tradicionales del producto a nivel nacional. Así, es inminente una resolución del organismo que habilitaría a las marcas a mostrar sus productos en las calles porteñas. La Cámara de la Industria Cervecera comunicó que, al tanto de esta situación, solicitó una reunión con el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, para obtener los mismos beneficios.
“Las bodegas podrán poner su publicidad en la vía pública haciendo foco en que el vino es una bebida nacional y entendiéndolo como un producto cultural y tradicional de nuestra tierra. Se podrá hacer en función de una acción de campaña”, explicó el secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial de la Nación, Santiago Hardie.
En los próximos días, Buryaile firmará la resolución que formalizará lo conversado con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la semana pasada. En esa reunión, la administración local le pidió al funcionario que activara una norma para generar un plan de acción de promoción del vino como bebida nacional, obligación que se establece en la ley 26.870. La firma de Buryaile le daría una mayor validez al decreto 044/017, del 18 de enero pasado, que reglamentó la ley de limitación de publicidad de bebidas alcohólicas en la vía pública.
El decreto establece, en su artículo 4°, que de la prohibición quedarán exceptuadas “las publicidades que se desarrollen en el marco de la ley de declaración del vino como bebida nacional” y todas aquellas “que tengan por objeto promocionar eventos de degustación o cata, ferias gastronómicas, fiestas regionales y patronales, así como toda actividad que busque promocionar y difundir las características culturales asociadas a la producción, elaboración y consumo de productos con entidad regional y sus tradiciones”. Aunque oportunamente voceros de la Ciudad sostuvieron que este artículo no habilitaba la publicidad de marcas, se terminó convirtiendo en la llave que permitió luego el acuerdo.
Fueron muchos meses de estudio de los equipos legales de la Nación y la Ciudad hasta establecer un mecanismo adecuado para promocionar el vino sin infringir la ley. Las precisiones se conocerán cuando esté firmada la resolución porque aún es ambigua la interpretación del alcance y si las bodegas podrán hacer publicidad por su cuenta o en una acción de promoción regional.
Novedad
“La novedad es que el Gobierno pondrá en vigor un plan de puesta en marcha de la ley del vino como bebida nacional, como elemento regional y cultural. La promoción del vino tendrá que estar en la línea con estas direcciones. Habrá que esperar qué resuelve la Nación”, admitió el subsecretario de Gestión Estratégica y Calidad Institucional de la Ciudad, Álvaro Herrero, que siguió de cerca las negociaciones.
Para los bodegueros, la intervención del Ministerio de Agroindustria fue la herramienta que terminó de destrabar una situación que consideraban peligrosa para la industria vitivinícola. Así lo hicieron saber apenas se aprobó la ley impulsada por el legislador Roy Cortina, del Partido Socialista, que recogió las recomendaciones de la Mesa de Diálogo en Adicciones. “En esos momentos había una campaña en la vía pública sobre el vino como bebida nacional. Meses después elevamos acciones legales para comenzar a buscar otros caminos”, recordó Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA) y miembro de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).
Para Villanueva, el tratamiento diferencial que recibió el vino como bebida tradicional se explica en que está “más ligado a la gastronomía, a la cultura, y no a los excesos”.
La industria cervecera espera tener el mismo beneficio, aunque en su caso no existe una ley nacional que le brinde cierta protección como producto cultural y regional. Referentes del sector confirmaron que ya solicitaron una reunión con Buryaile para volver a publicitar en la vía pública.
“Estamos de acuerdo y apoyamos todas las iniciativas que persigan el consumo responsable, pero la prohibición no es el camino y menos cuando establece discrecionalmente diferencias entre productos”, opinó Alejandro Berlingeri, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Cervecera.
Entre los argumentos que presentarán para solicitar la inclusión en un acuerdo similar, plantearán que la cerveza posee menor graduación alcohólica que el vino (4,5% contra 14%) y que se trata de una economía federal o regional a gran escala, con presencia en todo el país y efecto multiplicador de empleo. “No estamos en contra del vino, pero queremos reglas justas”, pidió Berlingeri.
Una medida que debería ser debatida
Para el Comité de Trauma de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, el consumo de vino no es menos perjudicial que otras bebidas alcohólicas en el organismo. “Excluir el vino de la prohibición debe ser debatido no sólo por los interesados en que se genere consumo de bebidas alcohólicas (vino o cerveza), sino que el debate debe ser las consecuencias que traen estas al organismo”, opinó Alejandro Risso Vázquez, miembro del comité. “Los profesionales que recomiendan abiertamente el consumo de bebidas alcohólicas utilizando la salud o su profesión para hacerlo merecen una actualización del tema, ya que toda bebida alcohólica es la puerta de entrada a otras sustancias en nuestro medio”, agregó Risso Vázquez.
Multas desde $ 156.000 para los infractores
El proyecto de ley original era más duro del que se aprobó en noviembre del año pasado, porque planteaba la prohibición de publicidades de bebidas alcohólicas tanto en la vía pública como en el interior de estadios y otros espacios donde se realizaran actividades masivas. El artículo se modificó en el texto consensuado y la limitación, además de regir para la vía pública, se aplica en actividades masivas de carácter gratuito.
“Entiéndase por bebidas alcohólicas cualquiera que contenga alcohol independientemente de su graduación”, decía el artículo tercero. En la reglamentación quedó modificado: “Se considerarán bebidas alcohólicas aquellas contempladas en el Código Alimentario Argentino”.
La ley -y la reglamentación- estableció una particularidad: permitió a los fabricantes continuar con la difusión de su producto en tanto y en cuanto el 75% del espacio del aviso fuera ocupado por alguna frase que informe sobre los riesgos del consumo. Por ejemplo: “El alcohol al volante mata”.
La norma prevé multas contra las empresas que no respeten la nueva reglamentación, de entre 15.000 y 100.000 unidades fijas (UF). Hoy, cada UF tiene un valor de los $ 10,40, por lo que las sanciones irían entre 156.000 y un millón de pesos. También establece el decomiso de la mercadería y la inhabilitación comercial.
Fuente: La Nación