La relación con algunos integrantes del Gobierno era muy difícil. Qué dijo el Presidente sobre su reemplazante.
En la intimidad, Mauricio Macri presentó a Leandro Cuccioli con estas palabras: “Es una persona valiosa. Pero lo más importante que tiene es que sabe jugar en equipo”. A buen entendedor, pocas palabras. Por allí hay que buscar, tal vez, la principal razón por la que Alberto Abad había consensuado su salida del Gobierno, con el propio Macri, hace 70 días.
La principal, pero no la única. Existían otros cuatro temas sensibles en los que el funcionario mantenía diferencias con algunos funcionarios que forman parte de la cúpula de la Casa Rosada. En especial, con Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, los dos hombres que son la sombra de Marcos Peña, el jefe de Gabinete.
Alberto Abad dejará su cargo el 30 de este mes.
“A Alberto lo acusaban de ser muy personalista, de olvidarse para quién trabajaba y de desconocer que este espacio tiene una determinada manera de manejarse. Pero además tenía varios frentes abiertos”, contó a Clarín un funcionario apenas se conoció la dimisión de Abad.
La filtración de los nombres de quienes adhirieron al blanqueo de capitales que impulsó el Gobierno, que acumuló 116.000 millones de dólares y que fue presentado por el oficialismo como el más exitoso de la historia argentina, lo afectó mucho. No solo porque esos nombres debían ser secretos: cuando trascendió la lista se supo que entre los que habían blanqueado estaban varios conocidos de Macri, desde su hermano, Gianfranco Macri, hasta su amigo Nicolás Caputo.
Leandro Cuccioli reemplazará a Alberto Abad como titular de la AFIP.
La situación de Abad también quedó bajo la lupa cuando una investigación conjunta de su propio organismo y de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) detectó “una red corrupta de empleados del organismo recaudador que vendía información protegida por el secreto fiscal”. Una causa por la que la Justicia ordenó la detención de ocho personas.
Abad había tenido roces con varios funcionarios de primera línea del Gobierno por la deuda de OCA con la AFIP, que trepa, al menos, hasta los 1.700 millones de pesos. La empresa, en teoría, pertenece a Patricio Farcuh, a quien muchos no dudan en señalar como el testaferro de Hugo Moyano. Cerca de Abad alguna vez dijeron que la Casa Rosada intervenía a favor de OCA para que le estiraran el permiso para seguir operando. Pero el saliente titular del organismo de recaudación siempre se mostró firme de que la deuda había que cobrarla.
La misma postura adoptó en el conflicto con el Grupo Indalo, de Cristóbal López. El empresario kirchnerista le adeuda al Estado 17 mil millones de pesos por la evasión del impuesto a la transferencia de combustibles por parte de la empresa OIL. Cristóbal buscó desprenderse del grupo, pero la Justicia se lo impidió. Fue otro punto de tensión. El ala política macrista aún explora mecanismos para tratar de preservar las cuatro mil fuentes laborales.