El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán será escenario este viernes de un acalorado debate sobre el transporte público de pasajeros. El proyecto de reforma normativa que se tratará busca regular la utilización de plataformas electrónicas como Uber, Cabify y Didi, estableciendo que solo los vehículos adheridos al Sistema Único de Taxis y Remises (Sutrappa) estén habilitados para operar mediante estas aplicaciones.
La medida también incluye una disposición para reforzar la prohibición de las motocicletas como medio de transporte público.
El dictamen propone modificaciones a la ordenanza N° 3.713 del Sutrappa, incorporando la modalidad de transporte mediante Empresas Redes de Transporte (ERT) y plataformas electrónicas. Aunque no menciona explícitamente la prohibición de vehículos particulares, establece sanciones para quienes operen fuera del sistema Sutrappa.
Ernesto Nagle, concejal del bloque peronista y promotor de la propuesta, explicó que el objetivo es formalizar a los conductores que actualmente trabajan de manera irregular: “La idea es que los autos que operan con aplicaciones puedan ingresar al Sutrappa. Por eso se pide que el Departamento Ejecutivo sortee más licencias, para que tengan la oportunidad de trabajar de manera legal”.
Entre los requisitos que deberán cumplir las ERT se incluyen la inscripción en la Dirección de Ingresos Municipales, la provisión de información sobre los prestadores del servicio y la aceptación de la jurisdicción judicial provincial. Además, se impondrán multas a las empresas que no cumplan con las obligaciones administrativas.
Otra de las medidas clave del proyecto es la prohibición explícita del uso de motocicletas para el transporte público. Si bien esta restricción ya está contemplada en la ordenanza N° 3.260 de 2002, la propuesta busca reforzar su cumplimiento debido al aumento de accidentes en este tipo de vehículos.
Según Nagle, el uso de motos como transporte público “creció de manera descontrolada”, y regularizar la situación es una prioridad tanto por motivos legales como de seguridad vial.
El proyecto genera divisiones entre los bloques políticos. Mientras que los peronistas defienden la regulación como una forma de formalizar y mejorar el sistema de transporte público, desde la oposición surgen críticas.
El concejal radical Leandro Argañaraz calificó la iniciativa como un “escándalo” que solo beneficia a los taxistas y excluye alternativas de transporte que, según él, funcionan de manera eficiente. “En un momento en el que el sistema público no da abasto, están cerrando la puerta a un sistema privado que funciona bien”, señaló Argañaraz.
En el mismo proyecto se incluye una extensión en el límite de antigüedad para los vehículos adheridos al Sutrappa, pasando de 10 a 13 años, una medida que también se aplicaría a los vehículos de transporte escolar. Esta propuesta busca aliviar las exigencias para los conductores que deben renovar sus unidades, especialmente en un contexto económico complicado.
El debate marcará un precedente en la regulación del transporte en San Miguel de Tucumán. La necesidad de modernizar y formalizar el sistema público choca con las críticas por la exclusión de plataformas electrónicas y la falta de alternativas accesibles para los usuarios.
Con posturas enfrentadas, la sesión promete ser un punto de inflexión en la política de transporte de la capital tucumana.