Los dirigentes de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y de izquierda resolvieron que marcharán el próximo 10 de este mes. Resta resolver en qué punto se concentrarán. Protestan por falta de alimentos, bajas en el Potenciar Trabajo y despidos en programas sociales.
Los dirigentes piqueteros y de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se reúnen una vez más para definir la nueva protesta contra el Gobierno. Reclaman por alimentos para los comedores y merenderos comunitarios, bajas en el Potenciar Trabajo y despidos en el Estado. Ya definieron que la nueva marcha nacional será el 10 de abril, mientras que para este miércoles determinarán en qué punto se concentrarán. Las opciones son Plaza de Mayo; el Ministerio de Economía, a cargo de Luis “Toto” Caputo, ubicado a menos de cien metros de la Casa Rosada; o el de Capital Humano, al frente de Sandra Pettovello.
La semana pasada, un sector de la UTEP propuso cortar durante el fin de semana XXL los principales accesos a los centros turísticos, pero fue rechazada por la mayoría de los dirigentes.
Entre la dirigencia de la economía popular debaten el cambio de paradigma que logró imponer el gobierno de Javier Milei: no ceder a las presiones de los movimientos sociales en las calles; aplicar el Protocolo Antipiquetes de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; capitalizar el descontento que genera en los ciudadanos las marchas piqueteras y exponer a la “casta” política o dirigencial. Es más, llamó “gerentes” e “intermediarios de la pobreza” a los líderes de los piqueteros de izquierda y de la UTEP.
Públicamente, desde el Gobierno se afirma que por terminar con la “intermediación” que Alberto Fernández realizaba con dirigentes del Evita, como Emilio Pérsico -qué era funcionario- en los planes y alimentos, los movimientos sociales protestan contra la política económica y social de La Libertad Avanza.
Desde la Casa Rosada además informan que los movimientos sociales sólo rendían el 8% de los alimentos secos que recibían por parte del Estado. Y el 55% de los comedores que fueron “no existen”. Y que algunas obras barriales que se debían realizar con los fondos de Integración Socio Urbana (FISU) quedaron inconclusas. Ese programa estaba a cargo de Fernanda Miño, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos.
Los dirigentes sociales responden de forma aislada a estas acusaciones. El más enfático es Juan Grabois, ex precandidato presidencial de Unión por la Patria y referente del MTE.
“Hubo una campaña bastante evidente, fundamentalmente contra el Fondo (de Integración Socio Urbana) donde aparecía mi nombre. Después me doy cuenta de que la finalidad de la campaña de desprestigio era manotear la plata que iba para las obras en los barrios populares y ponerla en otra cosa que no se sabe muy bien qué es”, declaró el también líder del Frente Patria Grande. Y agregó: “Esos fondos van a ser administrados por (el ministro de Economía, Luis) Caputo en algo que no sabemos muy bien qué quiere decir. Hay un correlato entre el hacinamiento, el abandono de los barrios y la criminalidad”.
Grabois también alertó que desde el Gobierno “están poniendo en riesgo la vida de millones de pibes de manera directa por el impacto de haber retirado los alimentos de los comedores comunitarios, sumado a que no envían los fondos para los comedores escolares, parece que hay una guerra contra los pobres”. Y finalizó: “El problema estructural de la pobreza no lo va a resolver ninguna política asistencial, ni de integración urbana, ni de transferencia de ingresos, porque es un problema de la macroeconomía”.
fuente: infobae