Los incrementos que se dieron en el servicio de energía eléctrica, sumados a la pésima prestación, no hicieron más que profundizar el malestar contra la empresa EDET SA.
Ello se vio reflejado en la gran cantidad de lectores de Diario Cuarto Poder (www.diariocuartopoder.com) que visualizaron y compartieron la nota de recolección de firmas que impulsa el legislador radical Ariel García, quien presentara el pasado 6 de enero un proyecto de ley para reestatizar el servicio eléctrico con la conformación de una SAPEM. La iniciativa contará con una campaña de recolección de firmas en adhesión al proyecto, que se llevará a cabo en los próximos días. Los ánimos caldeados como consecuencia de los continuos cortes que padecen amplios sectores de la población, en especial en los días de altas temperaturas que se registraron en este verano, además de los problemas que causan los artefactos hogareños que se quemaron como consecuencia de la baja en la tensión, no se habían aplacado todavía cuando el gobierno nacional anunció el incremento de le energía eléctrica, en concepto de transporte en un 35%.
Ni siquiera la aclaración de que la suba sería escalonada, con la aplicación de un 15% en febrero y el 20% restante en marzo, pudieron calmar las aguas. Que se agitaron aún más cuando los usuarios se enteraron que en abril habrá otro incremento, esta vez a nivel provincial, que alcanzará el 25%, lo que totalizará un 60% dentro de los primeros cuatro meses del año.
Este último 25% corresponde al concepto de distribución y tendrá una vigencia hasta 2020. Sin duda, un golpe a los bolsillos que no le hace gracia a nadie, siempre teniendo en cuenta que el incremento de la electricidad impacta en el aumento de otros productos y servicios. La profundización de la corrida inflacionaria, sumada a una mezquina paritaria que se aproxima, pinta un panorama poco alentador para los habitantes de la provincia.
La tarifa social se diluye
Unos 300.000 usuarios no están contemplados en ese beneficio y los requisitos se tornan en un peligro para quienes accedieron, porque en caso de excederse tendrán que pagar la tarifa plena. Uno de los ejemplos de los que se puede inferir que muchos de los usuarios que ingresaron a la tarifa social pueden perderla es que tiene un límite de 150KW, que si son superados no implican un pago parcializado o proporcional sino del importe total de la factura. La flexibilización, en caso de tener vehículo, pasó de uno de 15 años de antigüedad a uno de 10 años. Mientras que aquellos que son electrodependientes, o sea que requieren de algún aparato eléctrico para alguna cuestión de salud, tienen un tope de 600 KW, que tampoco deben exceder por las mismas razones que los anteriores.
Se calcula que son alrededor de 160.000 los usuarios que en estos momentos tienen la tarifa social, pero que no tienen la certeza de poder continuar, debido a los condicionantes. Aquellos que quieran tramitar su inclusión pueden hacerlo en el ERSEP, que es el organismo de control estatal o con la agrupación de Jóvenes Boina Blanca, que dependen del legislador radical Ariel García, quien impulsa la reestatización del paquete accionario mayoritario de la empresa (51%), que tiene que renovarse el 5 de junio próximo.
El parlamentario propone la creación de una SAPEM, en donde la participación estatal sea mayoritaria, y en donde estén contemplados los trabajadores, a fin de garantizar la estabilidad laboral. Para ello se presentó un proyecto de ley, que será tratado en el inicio de las sesiones ordinarias por las correspondientes comisiones.
Para esa fecha se espera que también se hayan recogido muchas adhesiones entre los tucumanos que se encuentran disconformes por el pésimo servicio, la falta de inversiones evidentes y los continuos incrementos en las tarifas.
En los próximos días, los Jóvenes Boina Blanca se ubicarán en distintos puntos de la provincia, en donde los usuarios podrán expresar su acompañamiento a la iniciativa de García, que contempla un mejoramiento en las condiciones de control de la empresa prestataria del servicio. “No podemos seguir con el sistema actual en donde el organismo de control tienen una dependencia financiera de la empresa, porque es como poner al zorro a cuidar a las gallinas”, expresó García en ese sentido.
Además enfatizó la necesidad de no darle un cheque en blanco por 99 años a una empresa privada, como lo hizo la gestión alperovichista con el paquete minoritario de las acciones (49%).