Se trata de un verdadero programa de premios y castigos de la Nación a las provincias. Contempla un estricto régimen de control de cuentas del gobierno central al interior y apunta a regular el esquema de fondos que se giran desde la Casa Rosada a los gobernadores.
Sobre estas bases se sustenta el proyecto de ley de reforma fiscal que a partir de la semana que viene empezará a trabajar el presidente Mauricio Macri con los mandatarios provinciales.
Según una copia del borrador del proyecto de reforma fiscal al que accedió Infobae, el gobierno busca ejercer un fuerte control del gasto público de las provincias así como también instrumentar un régimen de recaudación compartida entre la Nación y las provincias.
Macri lanzará el plan de reformas estructurales para esta segunda etapa de su mandato el lunes próximo en el Centro Cultural Kirchner ante legisladores, empresarios, gobernadores, sindicalistas, universidades y todo su gabinete nacional.
Pero el 8 de noviembre está convocada una reunión del Presidente con todos los gobernadores. Allí el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el ministro del Interior Rogelio Frigerio presentarán lo que será el proyecto oficial de reforma fiscal.
“Hay una firme intención del Presidente de aprovechar este envión político que le dieron las urnas para cerrar consensos con los gobernadores y marchar a fondo hacia un nuevo esquema de responsabilidad fiscal con las provincias”, expresó a Infobae un destacado funcionario de la Casa Rosada.
El proyecto de ley de responsabilidad fiscal se basa en el acuerdo que firmó la Casa Rosada el 2 de agosto de 2016 con los ministros de Hacienda de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Chubut y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El borrador al que accedió Infobae y que lleva la firma del ministro Dujovne tiene 26 artículos. Pero en el Gobierno admiten que podrá ser sometido a cambios y ajustes en consenso con los gobernadores o legisladores de la oposición. Entre los ejes centrales que prevé esa iniciativa figuran los siguientes temas:
1- Resultados y proyección: El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal deberá recibir cada año los resultados previstos -resultado primario y financiero- para el sector público de cada nivel de gobierno. Además, esperará contar con las proyecciones de recursos de origen nacional detallando su distribución por régimen y por provincia.
2-Presupuestos provinciales: Las leyes de presupuesto general y de la Administración Pública Nacional contendrán la autorización de la totalidad de los gastos y la previsión de la totalidad de los recursos, de carácter ordinario y extraordinario, afectados o no, de todos los organismos centralizados, descentralizados, de las instituciones de la seguridad social y los flujos financieros de los fondos fiduciarios.
3-Ejecución del presupuesto: El proyecto prevé que con un rezago de un trimestre se deberá difundir la información trimestral de la ejecución presupuestaria (base devengado y base caja), del gasto (base devengado) clasificado según finalidad y función, del stock de la deuda pública, incluida la flotante, como así también los programas multilaterales de financiamiento, y del pago de servicios.
4-Recaudación: Los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional, calcularán “parámetros e indicadores homogéneos de gestión pública que midan la eficiencia y eficacia en materia de recaudación y la eficiencia en materia de gasto público”. Según la letra chica de la iniciativa oficial, estos indicadores deberán ser aprobados por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.
5-El gasto público: El proyecto elaborado por Dujovne contempla que la tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario neto de la Nación y de las provincias “no podrá superar la tasa de aumento del índice de precios al consumidor de cobertura nacional previsto en el marco macrofiscal”. Para regular lo que es gasto público corriente primario, el proyecto establece que será entendido como “los egresos corrientes primarios, excluidos: a) los gastos financiados con préstamos de organismos internacionales, b) las transferencias por coparticipación a Municipios y Comunas, c) los gastos corrientes financiados con aportes no automáticos transferidos por el gobierno nacional a las jurisdicciones que tengan asignación a una erogación específica, d) los gastos corrientes destinados al cumplimiento de políticas públicas nacionales, que sean definidas como políticas de Estado por futuras leyes nacionales”.
Fuente: Infobae