Un cadáver arribó en la bodega de un avión de Aerolíneas Argentinas. Era el vuelo organizado por la Cancillería para repatriar compatriotas que habían quedado varados en Estados Unidos en medio de la pandemia. Ese cadáver no debió haber llegado nunca al país: era de un empresario judio argentino de 91 años que había muerto por COVID-19. La documentación que acreditaba que era portador de coronavirus había “desaparecido”. Familiares ya habían intentado repatriar el cuerpo por otra empresa sin éxito.
La información fue confirmada por distintas fuentes al tanto del caso. Ahora, la Secretaría de Calidad de Salud del Ministerio que dirige Ginés González García radicó una denuncia penal que intenta esclarecer quién fue el responsable de que ese cuerpo viajara sin que se supiera que había tenido coronavirus. La principal sospecha es que se buscó ocultar intencionalmente ese dato para que se concretara, sin problemas, el ingreso al país.
El 25 de marzo pasado, un argentino de 78 años se descompensó en un vuelo de Aerolíneas Argentinas que provenía desde Madrid con decenas de compatriotas que habían quedado varados en España. Tenía fiebre, tos, y graves problemas para respirar. Dos médicos que viajaban a bordo lucharon durante horas para salvarle la vida. En la desesperación, el hombre terminó admitiendo que creía tener el virus pero lo había ocultado para poder subirse al avión. Falleció poco después.
Aquí, el caso se centra en la muerte de Elías Masri, de 91 años. Abogado de la Universidad Nacional del Litoral, decidió dedicarse a los bienes raíces. Creó su empresa en los años ’50 en la Argentina pero la hiperinflación generada en los últimos años del gobierno radical terminó por complicar los negocios. En 1988, Masri se fue a vivir a los Estados Unidos, donde construyó su emporio Falcon Properties, Inc. El 7 de abril, sin embargo, el empresario falleció en su casa de Manhattan, en un piso de la calle 47 y la Quinta Avenida. Había sido víctima del coronavirus.
Con su muerte, la familia decidió llevar al cuerpo a una casa funeraria de Nueva York, en la calle Madison. La cremación no era una posibilidad, ya que no lo permitía la religión judía que él profesaba. La funeraria recibió la orden de embalsamarlo.
En la funeraria, a los familiares se les entregó un certificado de defunción. En una primera hoja, el documento aseguraba que Masri había fallecido por causas naturales, es decir, una muerte no violenta. En un reverso de ese documento se precisaba las razones de ese final: “Colapso respiratorio, COVID 19”.
El 9 de abril, la familia del empresario intentó traer el cuerpo a la Argentina. Según se pudo saber, contactó a la empresa aérea Baires Fly para llevar adelante un vuelo privado entre Nueva York y Buenos Aires. La empresa se comunicó telefónicamente con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para conseguir la autorización.
Hubo una serie de “intercambio informal de documentación” para verificar si estaba todo en orden y poder autorizar el ingreso. En medio de la pandemia, se buscaba tener en claro la certificación médica de que la causa de la muerte no fuere la de una enfermedad infecto contagiosa. En esas consultas, la empresa acompañó una certificación médica que decía, específicamente, COVID 19. Cualquier posibilidad de traslado quedaba definitivamente descartada.
La Unidad Sanitaria de Aeroparque permanecía a la espera de la presentación formal, más allá de que había anticipado su negativa. No hubo más noticias.
Pero el sábado por la noche un vuelo de Aerolíneas Argentinas llegó al país, desde Miami, con 243 argentinos que habían quedado varados en Estados Unidos por la pandemia y conseguían así ser repatriados, en un traslado organizado por la Cancillería. En la bodega del avión también viajaba el féretro de Masri, herméticamente sellado, cuestión por la cual desde Salud descartan cualquier posible propagación del virus. Sin embargo, investigan la irregularidad de la llegada porque ningún féretro con registro de un virus podría haber ingresado al país.
¿Cómo fue posible que ese cadáver con COVID-19 llegara a la Argentina? Es lo que ahora la Justicia está tratando de esclarecer. ¿Por qué? Porque al verificar la documentación, sólo se había adjuntado el certificado parcial, que hablaba de una muerte natural, sin detallar que había sido víctima del virus que fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud.
Al recibir el cadáver, los funcionarios de Sanidad de Fronteras de Ezeiza vieron que la documentación no estaba completa. Y al revisar en detalle buscaron las pruebas de aquella primera consulta del vuelo frustrado: la que acreditaba que esa persona había fallecido por el virus.
En el interín, un familiar del empresario se presentó en el aeropuerto de Ezeiza pidiendo retirar el cadáver, pero se lo negaron. El féretro quedó aislado en un sector del aeropuerto. Y el Ministerio de Salud formalizó una denuncia judicial en los tribunales federales de Lomas de Zamora.
Voceros de Aerolíneas Argentinas explicaron que “el pedido de traslado de un cuerpo” siempre llega a través del consulado del país de origen, no por los familiares. “En este caso, fue por medio del Consulado argentino en Nueva York. De esa manera recibimos la documentación con el certificado de defunción emitido por el Estado de Nueva York y el certificado de la funeraria que consignan el fallecimiento por muerte natural. No había documentación alguna que consignara el fallecimiento por otras causas”, señalaron.
“Por reglamentación interna, Aerolíneas bajo ninguna circunstancia puede trasportar un cuerpo que sea sospechoso de tener una enfermedad infectocontagiosa. Jamás se hubiera podido hacer este trasladado si la documentación se hubiera presentado de manera correcta”, afirmaron.
La empresa decidió abrir una investigación interna de la compañía pidiendo “informes para saber si pudo haber habido alguna negligencia por parte de empleados del área de carga de Miami”, solo para descartar si existió alguna irregularidad en el procedimiento. “Aunque en principio el personal de la compañía de la sucursal Miami actuó de buena fe y cumpliendo con los procedimientos establecidos, iniciamos las investigaciones administrativas correspondientes a los efectos de descartar responsabilidad alguna por parte de nuestro personal”, señalaron. Este miércoles, la empresa se presentará ante la justicia para explicar su intervención en los hechos
Desde el Ministerio de Salud, las fuentes consultadas confirmaron todos los detalles y prometieron avanzar con el tema “hasta las últimas consecuencias” para saber si “hubo una falsedad por parte de la familia” para engañar a las autoridades.
Aclararon, sin embargo, que no hay ninguna posibilidad de que el cadáver haya podido hacer circular el virus, porque se cumplió con el protocolo de traslado de féretros. Se tomaron todos los recaudos de manipulación y se lo aisló en los depósitos del aeropuerto de Ezeiza.
La causa penal investiga ahora a los responsables de lo ocurrido bajo la figura del artículo 202 del Código Penal, que castiga con prisión de hasta 15 años de cárcel al que propague una “enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.
Se busca esclarecer quiénes hicieron el intento en el primer vuelo frustrado y quiénes consiguieron que el féretro subiera al avión, ocultando el detalle de la causa de su muerte. Aquella primera gestión frustrada, creen los investigadores, demuestra la gravedad de lo ocurrido.
fuente: infobae