La ex presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner solicitó que el juez Ariel Lijo anule la delegación de la investigación de la causa abierta por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. El juez, una vez que le tocó la causa por sorteo, le delegó la investigación al fiscal Gerardo Pollicita. Pero la defensa de la ex presidente solicitó que esa decisión sea anulada.
En un escrito presentado por Alejandro Rúa, abogado de la ex presidente y del ex Canciller Héctor Timerman, se pidió que el fiscal Pollicita no quede a cargo de la causa delegada.
La petición se basó en dos dictámenes que firmó el fiscal ante la Cámara de Casación Javier De Luca, quien desestimó la denuncia de Nisman por inexistencia de delito.
De Luca intervino en dos oportunidades en el caso-una en 2015 y otra en 2016- y en ambas sostuvo que lo denunciado por el fiscal fallecido no debía ser investigado porque no constituía delito.
La presentación del abogado de la ex presidente reseña lo aseverado por De Luca y basa en ello su solicitud. Aquellas desestimaciones de De Luca fueron en consonancia con las decisiones que en el mismo sentido tomaron el juez Daniel Rafecas y los camaristas federales Eduardo Freiler y Jorge Luis Ballestero. A pesar de la posición de De Luca la Cámara de Casación abrió a fines de 2016 la causa iniciada por la denuncia de Nisman que nunca había comenzado a investigarse.
Señala el escrito de la defensa de la ex presidente que de acuerdo al artículo 120 de la Constitución y a la Ley de Ministerio Público se establece “el principio de unidad de acción del Ministerio Público Fiscal, como una organización jerárquica, única e indivisible de acuerdo al principio de objetividad, es que corresponde hacer lugar al planteo del caso y anular la delegación de la instrucción que se ha hecho en su favor”.
En el escrito al que accedió Infobae, se explica que “en orden a que ante el oportuno desistimiento del Ministerio Publico Fiscal, no corresponde que en el trámite que se ha ordenado abrir con el solitario impulso de quienes se han presentado como querellantes, el titular de la acción pública asuma otra función que la que le corresponde para el control de la legalidad”.
La querella en el caso es la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) que puede pedir medidas de prueba. Según la petición de Fernández de Kirchner el fiscal Pollicita tan solo debe controlar la legalidad del proceso y no intervenir de ningún otro modo porque un integrante del Ministerio Público desistimó el caso. Mucho menos estar a cargo de la investigación tal como lo determinó Lijo.
La ex presidente también recusó al juez Lijo y a Claudio Bonadio que investiga una causa relacionada con la denuncia de Nisman sobre el encubrimiento del atentado contra la AMIA. En la causa de Bonadio se investiga a Timerman por el delito de traición a la patria.
Bonadio le pidió a Lijo que le envíe la causa iniciada a partir de la denuncia de Nisman y aún resta decidir si los casos se acumulan en un solo juzgado o siguen siendo investigados de forma paralela.
Fuente: Infobae