El gobierno provincial tomó hoy la decisión de rescindir la concesión de las empresas que brindan el servicio urbano e interurbano en todo el territorio provincial por el paro de hoy. la provincia se hará cargo del servicio. Pasaron de $53 millones mensuales de subsidios que recibían en la gestión anterior a $153 millones y dicen que no les alcanza.
La medida, refrendada través de un decreto de necesidad y urgencia, fue decidida por el gobernador Juan Manzur, luego de una reunión con el vicegobernador Osvaldo Jaldo, y se realiza tomando en cuenta las normativas vigentes y las facultades delegadas que tiene el Poder Ejecutivo.
El decreto fue enviado a la Legislatura para su tratamiento, con el objetivo de que se convierta en ley lo antes posible.
Manzur está dispuesto a aplicar las penalidades previstas en la Ley 6.210 de Transporte de la Provincia si es que se sostiene el paro, por tiempo indefinido, en el servicio. Se analiza la posibilidad de disponer el uso de las unidades para la restitución del servicio si es que no se encarrila la situación y se agotan todas las instancias de negociación.
Se aplicaría el artículo 38 de la norma, que dice: “cuando las circunstancias y urgentes necesidades públicas debidamente comprobadas y justificadas hagan necesario asegurar la continuidad de un servicio paralizado por causas imputables al concesionario, el Poder Ejecutivo podrá disponer que, por intermedio de la Dirección General de Transporte se preste el mismo, usando el material rodante y demás bienes afectados a la concesión”.
Gracias a la gestión del Gobernador ante el Ministerio de Transporte de la Nación, se pasó de $53 millones mensuales que recibía el sector en la gestión anterior a $153 millones en concepto de subsidios nacionales al transporte.
Con la firma de dicho convenio Nación se les está otorgando en forma mensual la suma de $ 152.595.196,15, que serían aproximadamente 100 millones más por mes de lo que venían recibiendo de la anterior gestión nacional.
Además el funcionario ratificó la denuncia penal que el gobierno presentó en la Justicia contra los empresarios de transporte de pasajeros por no cumplir con el pago total de salarios a los choferes, tras el envío de subsidios provinciales por $51 millones.
Los empresarios les adeudan a los choferes el 60% de sus sueldos.