El nuevo año que se avecina traerá consigo el comienzo de un juicio que pondrá cara a cara a dos sectores de la sociedad, representados por un comerciante que asegura haber defendido su propiedad invadida por ladrones y la familia de un joven que murió baleado luego de ser sorprendido en el interior de un inmueble desocupado en la zona sur de San Miguel de Tucumán.
La defensa del comerciante, un carnicero de 41 años, sostiene que debe quedar libre de culpa y cargo y que la justicia debe abocarse a aleccionar a los deudos del fallecido, a quienes acusan de amenazarlo en forma constante. La fiscalía y la querella en cambio, lo acusan de homicidio agravado y piden para él once años de cárcel.
El hecho ocurrió la madrugada del 14 de abril. Andrés Esteban Sauma fue alertado por un vecino de que se escuchaban ruidos en el interior de una vivienda suya que no estaba habitada, ubicada en avenida Colón al 1.100, esquina del pasaje Morante al 2.300. El comerciante se dirigió al lugar junto a su esposa, se acercó a la puerta de ingreso, la cual estaba cerrada, y a través del acrílico observó a una persona en el interior por lo que realizó cuatro disparos con su revólver calibre 22, uno de ellos impactó en el abdomen de Maximiliano Ezequiel Fernández y el joven perdió la vida en el lugar debido a un shock hipovolémico.
Sauma será enjuiciado el próximo año, considerado autor del delito de homicidio agravado por utilización de arma de fuego. El pasado lunes se llevó a cabo una audiencia de control de acusación y admisibilidad de la prueba en la que participaron la Fiscalía de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale; la querella integrada por la abogada María Agustina Recalde, y la defensa, representada por Javier Lobo Aragón.
El auxiliar fiscal, Miguel Fernández, adelantó la pretensión punitiva de 11 años de cárcel, pedido al cual la querella se adhirió. La defensa solicitará la absolución de su pupilo.
“Él realizó los disparos porque en la puerta de entrada vio que se abalanzaban personas como si fuera que venían contra él, entonces reaccionó y disparó. Apenas sucedió el hecho me llamó para ponerme al tanto porque no sabía qué hacer. Subió a la camioneta luego de hacer los disparos para protegerse porque tenía miedo de que alguien saliera. No lo hizo a propósito, no disparó para matarlo sino para defenderse”, dijo Lobo Aragón.
Sauma, en un primer momento fue imputado por el delito de homicidio culposo, pero el 4 de octubre la fiscalía reformuló los cargos y lo acusó por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, algo que no sentó bien en la defensa. “No entiendo cómo la Fiscalía cambia de opinión, es totalmente subjetivo. No había intenciones; si me decían exceso en la legítima defensa quizás lo entendía, pero él se sintió amenazado y quiso proteger su vida y la de su mujer”, manifestó el defensor; que además informó que Sauma estuvo durante todo el proceso en libertad, sometido a medidas de menor intensidad.
Recalde explicó que el fiscal Sale encontró contradicciones entre las declaraciones del imputado y lo que se fue demostrando con la producción de las pruebas. “En principio el imputado dijo que iba llamando a la Policía mientras se trasladaba al lugar del hecho, pero después, con el ticket de incidencia nos dimos cuenta que no era así. También dijo que efectuó los disparos porque sentía a más gente adentro pero sin poder ver bien. Después se comprueba que a través del acrílico si se alcanzaba a ver que había alguien del otro lado. Estas y otras contradicciones fueron lo que llevó al fiscal a cambiar el criterio de la causa”, dijo la abogada.
El defensor denunció que Sauma fue amedrentado luego del hecho. “Él llevó obreros para que cierren las puertas y arreglaran de nuevo parte del inmueble, pero no pudieron hacerlo porque los familiares y, evidentemente la gente que también estaba en la casa, los corrieron con armas hasta la avenida Roca y le dijeron “vos no vas a vivir acá porque nosotros somos los dueños”; en esos disparos hirieron a un vecino. También tuvieron que alquilar la casa donde vivían y mudarse a un lugar más seguro porque los amenazaron”, indicó.
Recalde respondió que “fue una novedad para nosotros porque no estábamos al tanto de esa cuestión. Nuestros clientes no nos dijeron en ningún momento lo que había pasado; nos enteramos el lunes cuando la defensa comenzó a develar su teoría del caso”.
La letrada detalló que por este ataque hay una pesquisa en marcha en forma paralela en la Fiscalía de Atentados Contra las Personas, a la vez que anticipó que el juicio oral tendría lugar entre el 20 y el 23 de febrero de 2024.