El 17 de abril de 2010, tras viajar a Junín para ver un concierto del grupo Almafuerte, Fernando Daniel Rafasquino y Lucila López, oriundos de Bragado, supuestamente amigos, durmieron en un departamento del centro de la ciudad bonaerense para pasar la noche. Allí, su “amigo” la golpeó, la violó y la estranguló hasta asesinarla con la cena en la mesa, el plato de fideos que hicieron todavía sin comer. Rafasquino después durmió con el cadáver de Lucila hasta que a la mañana siguiente se entregó a la Justicia.
Rafasquino consiguió en el año 2014 que el fiscal Roberto Luis Rodríguez, que en ese momento estaba a cargo de la UFIJ 1 de Junín, le otorgara la posibilidad de acceder a un insólito juicio abreviado. En otras palabras, evitó el juicio oral y lo resolvió de manera exprés. Para conseguir eso, el acusado tuvo que confesar el asesinato.
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Acordaron casi la pena mínima y firmaron una condena de 9 años por el delito de homicidio simple. Es decir que no tomaron en cuenta ninguno de los agravantes que tenía el caso y que podían haber llevado al acusado hasta la prisión perpetua. El fiscal pasó por alto que entre ellos había un vínculo claro, no le dio importancia a que pudo existir la alevosía, no tuvo en cuenta los golpes y mordeduras que Lucila recibió en todo el cuerpo y tampoco que el asesinato pudo haberse cometido para ocultar la violación.
Quizás lo más preocupante de todo es que el fiscal resolvió llevar adelante el juicio abreviado a pesar de saber que la familia se oponía, que querían realizar un juicio oral.
Por buena conducta, a los cuatro años ya estaba en la calle. El asesino confeso volvió hace algunas semanas a vivir en Bragado, a unas pocas cuadras de la casa de Lucila.
Dos semanas atrás, familiares y amigas de la víctima encontraron a Rafasquino en una iglesia local mientras bautizaba a su hija. Lo filmaron repudiándolo y el video se viralizó.
“Nos da mucha dolor que esté viviendo cerca nuestro de nuevo. Cuando salió de la cárcel estuvo en Córdoba un tiempo y ahora volvió. Es un monstruo que se llevó a mi hija. Nunca entendimos cómo un hombre viola a una mujer, la asesina y solo le dan 9 años de los cuales cumple efectivamente 4. Nunca lo voy a entender. Algo extraño pasó ahí. Yo sé que teóricamente cumplió su pena, pero por favor pido que se pongan en mi lugar y entiendan que salgo a la calle y puedo cruzarme con el hombre que estranguló a mi hijita”, dijo Marisa, la madre de la víctima.
Así, Marisa denunció a Rafasquino en un expediente bajo la figura de protección contra la violencia familiar, la denuncia recayó en el Juzgado de Paz de Bragado.
El martes 25, la jueza Laura Andrea Pérez firmó su decisión. Lo que la jueza determinó para el femicida de Lucila fue excepcionalmente duro.
En su decisión, la jueza escribió un párrafo marcado por la conciencia de género y el cuidado a quienes quedan detrás de un femicidio: “No tengo dudas de que la reaparición del denunciado en la Ciudad de Bragado, donde el recuerdo de Lucila López está muy arraigado en la memoria de colectiva, afecta la sensibilidad de las víctimas indirectas. La razón de una medida cautelar radica en la protección psicológica de la familia y amigos, como asimismo trata de evitar hechos como los acontecidos que son de conocimiento público. En definitiva se trata de pacificar una situación grave producida y evitar que en el futuro se puedan dar circunstancias propicias para que los hechos se repitan”.
Así, la jueza Pérez determinó una restricción perimetral entre Rafasquino y la madre de su víctima de 50 kilómetros de distancia entre ambos domicilios por el plazo de tres años. En caso de incumplimiento, dice el documento del Juzgado de Paz de Bragado, deberá intervenir la fuerza pública. Asímismo, el Juzgado le ofreció asistencia psicológica a Marisa.
No es la primera vez que la Justicia determina una restricción de este tipo. Carlos Ariel Goncharuk, que dejó ciega a golpes a su ex mujer, condenado a 8 años de cárcel en La Plata, recibió una prohibición del doble de distancia: cien kilómetros.