Hoy por la mañana, Eric Luciano Torales, empleado bancario oriundo de Moreno, fue procesado por el juez Néstor Barral, acusado con el artículo 203 del Código Penal de infectar de coronavirus a 15 personas tras regresar de un viaje a Estados Unidos sin cumplir la cuarentena obligatoria, un día después de que el presidente Alberto Fernández firmara el decreto que así lo imponía. Tras regresar, Torales fue a la fiesta de 15 de su prima en un salón de su zona. Allí, por ejemplo, estaba su abuelo, Luis María Suárez, de 78 años. 13 testigos dijeron que lo vieron bailar, moverse, interactuar. No tenía ningún síntoma visible, nada que hiciera que otros se diesen cuenta.
Poco después de la fiesta, Torales fue admitido en la Clínica Adventista de Belgrano con signos compatibles con el virus. El test en el Instituto Malbrán dio positivo. Días más tarde su abuelo era admitido en otro centro médico: era coronavirus también. Su abuelo murió en cuestión de días. Eric quedó bajo arresto.
Su procesamiento es un signo de los tiempos, un emergente de qué hace la Justicia con una tasa que supera los cien contagios diarios en todo el país, con un virus que se esparce por el descuido y la impericia y el desprecio por las normas. La imputación original de Torales era mucho peor que el artículo 203: lo habían acusado de homicidio culposo, algo que no resultó. Barral, tras una investigación junto al fiscal federal Santiago Marquevich, decidió liberar a Torales sin imponerle prisión preventiva, pero el embargo fue fuerte: 50 millones de pesos.
Así, Torales fue procesado como “autor penalmente responsable del delito de propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa culposa agravada por el resultado de enfermedad y muerte”. Se cree que la defensa de Torales apelará la decisión.
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Mientras tanto, quedan las pruebas que la Justicia recolectó y evaluó, tras la denuncia original de Melina Fernández, intendenta de Moreno, que disparó originalmente la causa, luego de que el SAME local recibiera cinco llamados de personas con síntomas compatibles en un mismo día. Así, los funcionarios de Salud de Moreno llegaron hasta Torales. Entre las pruebas, por ejemplo, está el descargo del joven, sus únicas palabras que se conocen hasta ahora.
El joven se había negado a declarar cuando fue su turno de ser indagado a mediados de abril, mientras seguía internado en Belgrano. A pesar de su negativa, su defensa presentó un escrito en el Juzgado Federal N°1 de Morón, donde estaban las palabras del joven.
Allí, según documentos judiciales, aseguró que básicamente no podía perderse los 15 de su prima, que la fiesta era “algo único e irrepetible”. Aseguró que se sentía “en perfecto estado de salud”, que incluso se dio “el gusto de bailar un buen rato”. Luego, con los días sucesivos, Torales comenzó a sentirse mal: el 20 de marzo recibió la notificación de que era portador del COVD19 y el 23 se le dio alta médica, con la estricta obligación de que realice la cuarentena en su casa.
“Nunca, jamás, hubiese imaginado que podría resultar ser portador del virus; y menos podría decirse que tuve la menor intención de contagiar absolutamente a nadie; y menos a un a personas que forman parte de mi entorno familiar”, afirmó.
Planteó argumentos a su favor: dijo que a la fiesta habían concurrido personas que también estuvieron en el exterior, que los amigos que viajaron con él a Miami no se contagiaron.
En su procesamiento, Barral valoró una larga serie de pruebas: registros hospitalarios, los tests del Malbrán, el manifiesto de pasajeros del vuelo de Aerolíneas en el que Torales regresó de Estados Unidos, la lista de invitados a los 15 de la prima y los testimonios de al menos 13 personas que estuvieron esa noche. La madre de Torales está entre los 15 que la Justicia cree que contagió. “El fallecimiento de Suárez y la enfermedad de otras personas son el resultado plausible de que propagó la enfermedad al tomar un camino distinto a las medidas adoptadas por las autoridades competentes”, aseguró el juez federal.
La pena contra el joven puede ser de hasta cinco años de cárcel.