El juez Lijo y el fiscal Di Lello ordenaron una redada con más de 500 efectivos de la PFA para recuperar el territorio en Retiro luego de una ola de homicidios y causas por drogas. La clave: el trabajo social posterior con los vecinos para que los traficantes no regresen
Ir atrás de kilos de droga y armas de fuego probó, para el fiscal Jorge Di Lello y su equipo, ser básicamente una carrera de hamsters que no tenía sentido alguno. En términos procesales, había que cambiar la óptica. Esta mañana, luego de dos años de trabajo de inteligencia, reuniones con la cúpula del Ministerio de Seguridad y las nuevas cabezas de la Policía Federal, más de 500 efectivos de la división Antidrogas Urbanas de la PFA irrumpirán bajo la firma del juez Ariel Lijo en 40 domicilios de la Villa 31 y la 31 bis en Retiro, signada por la violencia de dealers peruanos y paraguayos, con uno de los objetivos judiciales más ambiciosos hasta hoy: echar al narcotráfico y trabajar posteriormente con el Estado y organizaciones barriales para recuperar el tejido social. Una voz clave cercana al operativo relata: “La idea es impedir que el narco vuelva, ganar el territorio otra vez. No se trata solo de militarizar la zona e irse. Hay que trabajar con la gente”.
Las crónicas publicadas el último año en Infobae hicieron eco en Comodoro Py: la ola de ajustes de cuentas de diciembre y enero pasado, en zonas calientes como el Playón Este y el Barrio Ferroviario, y aguantaderos como “La Casa del Pueblo” de la manzana 102. Hubo siete casos, que incluyeron a un menor de edad paraguayo.
También se cuentan los cuatro asesinatos de julio último, atribuidos por el juez Canicoba Corral a Juan “Piedrita” Arredondo, presunto sicario del capo César “El Loco Morán”, hoy preso en Devoto, el hallazgo de un importante arsenal en un container de la zona del barrio Cristo Obrero y la presencia de la organización de Alionzo “Ruti” Mariños, ex aliado devenido en enemigo mortal de “Marcos” Estrada González, buscado por el doctor Sergio Torres, con el encarcelamiento de su supuesta lugarteniente, Cynthia Huamani. A Mariños, la Justicia le denegó la semana pasada su último recurso presentado: si pone un pie en el país tras su presunto extrañamiento en Perú, será detenido. “Los Sanpedranos”, un grupo de paraguayos de extrema violencia vinculado a actividades narco, con cabecillas al menos difíciles de identificar, se suma a la mezcla. Las muertes siguen hasta hoy. El 21 de marzo, Edwin Tupía, un peruano de 41 años, apareció acribillado dentro de un Volkswagen Polo en la manzana 109, un caso a cargo del fiscal Patricio Lugones.
La causa que engloba el operativo de esta mañana incluye hechos desde 2012, originada por un llamado anónimo que denunciaba a Drogas Peligrosas de PFA la venta de paco en tres casas de la manzana 105. Luego, se sumaron otros expedientes del fuero federal, incluido uno radicado en el Juzgado N°4 que investigó al corralón ilegal y boliche bailable Tarzán, allanado por los jueces Casanello y Oyarbide en el curso de un año.
Un escrito proveniente de la fiscalía de Di Lello razonó: “Habiendo sido objeto de numerosas intervenciones por parte de los órganos judiciales, con el auxilio de las fuerzas de seguridad, lejos de disuadir su accionar ilícito, se han esmerado en perfeccionarlo. Así, en claro conocimiento de las prácticas judiciales tradicionales, han adecuado sus movimientos y participación en la organización de forma tal que los intentos por poner fin a las conductas aludidas han sido fútiles o de muy poco resultado”. Es decir: los narcos aprendieron. Al ver un móvil de las fuerzas de seguridad desplazarse por los pasillos, construyeron un sistema con vigías en techos y teléfonos celulares para evacuar drogas y armas de domicilios calientes, lo que llevó a allanamientos con resultados magros. La óptica del equipo de Di Lello, entonces, fue un giro casi radical: ir y recuperar el territorio. Allanar y luego trabajar.
Para hacerlo, involucró a agencias del Estado que pueden hacerlo: ATAJO, el ala del Ministerio Público Fiscal que trabaja en villas con problemáticas de violencia para convertirse en un enlace entre vecinos y el sistema judicial bajo el fiscal Julián Axat, con oficios librados al Ministerio de Desarrollo Social, a la Secretaría de Acceso al Hábitat y al Ministerio de Justicia, entre otros. “Cuyo sostén ex post requieren de la intervención de los organismos a sus cargos”, apunta un documento en el expediente. Los resultados de la redada se sabrán pasado este mediodía.