La ex presidente Cristina Elisabet Kirchner fue enviada a juicio oral y público para ser juzgada por la firma del memorándum de entendiemiento con Irán.
Fuentes judiciales informaron que el juez federal Claudio Bonadio dio por cerrada parte de la investigación y envió a juicio oral a la ex mandataria y a otras 11 personas, entre ellas el ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario de Legal y TécnicaCarlos Zannini, quien está detenido.
Esta es la tercera causa en la que Cristina Kirchner es enviada a juicio oral. La primera fue el caso del dólar futuro y el viernes pasado se elevó el expediente por las irregularidades en la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez.
“Dadas las probanzas recolectadas en este sumario, se consideran reunidos los extremos necesarios para que el mismo pase a su ulterior etapa, en relación a los doce imputados indicados al comienzo de la presente resolución, como acertadamente propician el Sr. Fiscal y las querellas“, sostuvo el juez Bonadio en su resolución de 29 páginas.
Además de la ex presidente, Timerman y Zannini, fueron enviados a juicio el ex secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, el ex funcionario del Ministerio de Justicia Juan Mena, el diputado nacional Andrés Larroque, el ex vicecanciller Eduardo Zuain, el dirigente de la comunidad Jorge Khalil, el dirigente social Luis D’Elía, el ex titular de Quebracho Fernando Esteche y el agente de inteligencia Alan Bogado.
Zannini, D’Elia, Esteche, Khalil están presos desde diciembre pasado porque el juez consideró que en libertad podrían entorpcecer la investigación.
Cristina Kirchner tiene prisión preventiva pero no se concretó porque tiene inmunidad de arresto por sus fueros como senadora nacional.
Y Timerman estuvo bajo prisión domiciliaria hasta enero, cuando fue excarcelado por razones humanitarias.
Los acusados fueron procesados por Bonadio por los delitos de traición a la patria, encubrimiento agravado y estorbo de un acto funcional. La Cámara Federal confirmó los dos últimos delitos, revocó la traición a la patria y sumó el de abuso de autoridad.
Tanto el magistrado como la Cámara entendieron que la firma del memorándum con Irán fue un plan criminal del gobierno de Cristina Kirchner para beneficiar a los iraníes acusados del atentado a la AMIA que tenían pedido de captura internacional. Puntualmente se buscaba que Interpol diera de baja las detenciones.
La denuncia había sido presentada por el fiscal Alberto Nisman el 14 de enero del 2015. Cuatro días después fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero. El juez Daniel Rafecas y la Cámara Federal desestimaron la denuncia por entender que no había delito. Pero luego la Cámara Federal de Casación Penal la reabrió y se avanzó con los procesamientos.
Las defensas sostienen que no hubo ningún plan criminal y que el memorándum fue una decisión política que no se puede judicializar y que fue refrendada por el Congreso Nacional. El objetivo era destrabar la causa judicial del atentado a la AMIA que estaba frenada hacía años porque Irán no detenía y extraditaba a los acusados.
Durante la feria judicial de enero, el fiscal federal Eduardo Taiano y las querellas de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y dos familiares de las víctimas del atentado pidieron la elevación a juicio. Las defensas contestaron divididas: algunas pidieron pasar a ese etapa –entre ellas Cristina Kirchner– y otras su sobreseimiento. El juez rechazó esos planteos. Ahora el expediente será sorteado para conocer qué Tribunal Oral Federal quedará a cargo del juicio. Se trata de una causa con prioridad de inicio porque tiene detenidos.