“La masacre de la Porotiada”, como se conoce al caso que originó el juicio en el que se acusa a Miguel “Miguelón” Figueroa de doble homicidio marcha inexorablemente hacia una condena, lo que no implica que vaya a quedar cerrado.
Durante el desarrollo del proceso surgieron indicios suficientes para que, quien dice ser chatarrero pero para los investigadores es un poderoso narco, reciba la pena más dura que establece el código penal argentino, pero no se logró determinar el paradero de las otras tres personas que en teoría participaron en el brutal ataque a balazos.
El 18 de diciembre de 2020, según la acusación del fiscal Carlos Sale, “Miguelón” se presentó en Blas Parera al 500 en un auto oscuro en el que se movilizaba junto a tres cómplices, quienes se bajaron del vehículo y comenzaron a realizar disparos contra un grupo de jóvenes que estaba en la esquina.
Fueron en total 41 tiros los que salieron de las armas de los asesinos, cobrándose las vidas de Gabriel Amaya y Leonardo Sepúlveda, dejando heridos a G.G. (el hijo del primer fallecido de 12 años), Máximo Limdon y Franco Galván.
Durante las audiencias, el único identificado por los testigos fue Figueroa, mientras que la lista de sospechosos que podrían haber participado de la masacre fue sumando nombres a medida que avanzaba el proceso oral.
A los nombres de Alexis “El Sucio” Íñigo y de Hernán “Cabeca” Sotelo, se sumó el de Julio Abel Figueroa, hermano del único imputado, aunque con el correr de los días, las versiones que daban cuenta de la participación de los mencionados en el doble crimen se fueron desvaneciendo.
“El Sucio”, que al igual que “Miguelón” está acusado en la causa por el crimen de Ramiro Ledesma, probó que el día de la balacera estaba internado en el Centro de Salud. “Cabeca”, encerrado en una celda de una cárcel de Villazón, Bolivia. Sobre Figueroa, ni siquiera pudo determinarse si el señalado era él o su hermano Sebastián Abel Figueroa.
El miércoles concluyó la etapa de testimonios y este jueves se escucharán los alegatos, teniendo en cuenta que cuando se abrió del juicio, el fiscal Sale, las querellantes Claudia Longo y Teresita Mendilaharzu y el defensor de la Niñez Rubén Barquet, adelantaron que pedirán la prisión perpetua, máxima condena establecida por el código penal mientras que el defensor Macario Santamarina apostará por la absolución.