El Tribunal en lo Criminal N° 3 fijó para fin de mes el inicio del juicio oral y público contra Milagro Sala por la causa conocida como “Pibes Villeros”, en la que se investiga el desvío de $ 60 millones de fondos públicos. Será el primer proceso por corrupción que enfrentará la líder de la Tupac Amaru.
La Justicia estableció el martes 24 a las 14.30 como fecha de inicio del juicio que se desarrollará en el Salón Vélez Sarsfield. Serán 20 audiencias, con 100 testigos, que se extenderán hasta el 6 de septiembre.
La dirigente está acusada por “fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión”. Por esta causa – que surgió a raíz de una denuncia de defraudación por $ 29 millones realizada por el propio gobernador jujeño, Gerardo Morales- se dictó la primera prisión preventiva contra Sala. “Se llevó 29 millones de pesos en efectivo en noviembre de un banco”, declaró Morales en enero de 2016.
Lo que se investiga son los cobros que las cooperativas recibieron de Nación para realizar trabajos de infraestructura del plan “Vivir Mejor 2”, que no se habrían llevado a cabo. Este litigio se hizo conocido por la difusión de un video en el que quedaron registrados miembros de la cooperativa Pibes Villeros retirando en bolsas $ 14 millones por la caja de un banco, en diciembre de 2015.
“En total, son tres expedientes y la suma asciende a $ 60 millones”, explica el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, Sergio Lello Sánchez y agrega: “Era un plan de defraudación sistemático que se sostuvo en el tiempo y se replicó en otras localidades como San Pedro y Palpalá”.
De acuerdo a los investigadores, las cooperativas integrantes de la red de organizaciones sociales eran el vehículo para la defraudación. El mecanismo, señalan, era el siguiente: las cooperativas debían emitir facturas para recibir el dinero de Nación y eran obligadas a entregárselo a Milagro Sala que lo administraba.
“En el caso de Pibes Villeros tenían una única cuenta. El resto recibía cheques de $ 50 mil que debían endosar a favor de la asociación ilícita”, explicó Lello Sánchez que pidió elevar la causa a juicio en diciembre de 2016.
En enero de 2017, en plena feria judicial, la Justicia notificó a Sala del inicio del procedimiento que, recursos mediante, se dilató hasta ahora. En el transcurso del tiempo, el Tribunal rechazó todos los planteos que los abogados defensores presentaron para objetar algunas de las pruebas recolectadas en la causa y la participación del fiscal anticorrupción, Joaquín Millón, como querellante. También habían solicitado la nulidad de la elevación a juicio por inconstitucionalidad, pedido que también fue negado.
Además de Sala, hay otros 30 imputados en esta causa, entre ellos, el ex titular del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), Lucio Abregú; el ex funcionario Pablo Tolosa, la legisladora provincial Mabel Balconte y el marido de Sala, Raúl Noro. Los demás son, en su mayoría, cooperativistas.
fuente: clarín