Se investigan maniobras ilegales por casi 260 millones de pesos en supuestas exportaciones de medicina al país boliviariano.
El olfato del empleado de la Aduana que controlaba la salida de mercadería del Aeropuerto de Ezeiza rumbo a Venezuela no le falló. Algo en ese embarque no le cerraba. El instinto y la experiencia le indicaban que detrás de esa exportación había algo irregular. El hecho se produjo a mediados de abril de este año.
El encargado de controlar el embarque junto a las autoridades aduaneras presentes en ese momento decide abrir aquellas cajas y lo que encontraron confirmó la sospecha. Detectaron medicamentos con la leyenda “GOBIERNO DE SANTA FE – DISTRIBUCIÓN GRATUITA”.
No sólo eso, al revisar la documentación de la exportación comprobaron que había además una sobrefacturación.
Los medicamentos estaban destinados al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
El Permiso de embarque Nro. 16 073 EC01 009916 V indicaba un valor declarado de la mercadería de USD 12.995.490,97. Sin embargo, al verificar la documentación, la Aduana encontró una factura emitida por Laboratorio Internacional Argentino S.A. al exportador Farmamed S.R.L. por un monto de $ 11.764.881,94, es decir, una diferencia entre el valor declarado y el efectivamente pagado de $ 176.279.885,40. Del control surgió también que el certificado emitido por ANMAT sólo habilitaba a la empresa exportadora a realizar el tránsito interjurisdiccional de medicamentos, o sea entre provincias, o entre provincias y la Ciudad de Buenos Aires, no al exterior. No sólo eso, además el permiso estaba vencido.
En otro de los permisos de embarque había una diferencia entre lo declarado y lo pagado de casi 21 millones de pesos. En este caso la factura fue emitida por Denver Farma S.A. al exportador Farmamed. Aquí también como en el primer permiso de embarque mencionado, la habilitación de ANMAT era sólo para el tránsito de especialidades medicinales por el país, no para exportar, y estaba vencido.
En el tercer permiso de embarque ni siquiera existía factura y el certificado de ANMAT estaba vencido.
Por último, en el cuarto permiso de embarque controlado por las autoridades aduaneras la diferencia de facturación era de 72 millones de pesos. Al igual que en los casos anteriores, la habilitación de ANMAT no permitía la exportación y estaba vencida.
En total, las diferencias de facturación detectadas ascienden a 269 millones de pesos.
Con todo esto, es decir: sobrefacturación de exportación millonaria, habilitación de ANMAT vencida y mercadería con una leyenda que indica que los medicamentos serían del gobierno de la provincia de Santa Fe y de distribución gratuita, se remiten todas las actuaciones al Juzgado Penal Económico competente en razón de estar ante la presunta comisión de un delito aduanero. La multa mínima pretendida por la Aduana es de 2.150 millones de pesos.
Detrás de las empresas mencionadas están -según la investigación a la que tuvo acceso Infobae– Pablo Rubio y Juan José Levy. Estos empresarios vienen haciendo negocios hace varios con Venezuela a través de un fideicomiso que tiene aquel país con la Argentina, gracias a aceitados contactos que tendrían con el ex Ministro de Planificación Julio De Vido. Como parte de ese acuerdo hecho durante el kirchnerismo, Venezuela le enviaba combustible a la Argentina y nuestro país debía mandarle comida o medicamentos.
De acuerdo a la información que pudo conocer Infobae, hay dos causas más por contrabando agravado a Venezuela. En el marco de esos expedientes, hace tres semanas allanaron domicilios de Levy y secuestraron documentación por exportaciones de muestras gratis de medicamentos que habría hecho a Venezuela.
En medio de la escasez -entre otros productos de medicamentos- que sufre el país caribeño el escándalo alcanza dimensiones siderales. Venezuela compró a la Argentina lotes de remedios por los que pagó hasta 10 veces del valor real que tienen en el mercado. Según las fuentes consultadas por Infobae, los laboratorios que se prestaron para esta operatoria son, entre otros, Farmamed y Esmer, cuyo propietario es Juan José Levy. El intermediario para estos negocios sería un alto funcionario del Ministerio de Planificación.
Fuente: Infobae