En ese sentido, se realizó una audiencia a los fines de formalizar la investigación, formular cargos y solicitar medidas de coerción. En primera instancia, el auxiliar de fiscal Miguel Fernández relató el hecho y a continuación enumeró las evidencias reunidas para probarlo. El representante del MPF señaló que dos sujetos (entre ellos, su pareja) la ayudaban a llevar a cabo las operaciones cambiarias.
Asimismo, precisó que, al poco tiempo, la niñera empezó a adquirir una serie de bienes, entre ellos una camioneta Chevrolet S10 y ropa para la venta, lo que fue secuestrado en allanamientos. La imputada se jactaba de la compra de esos bienes a través de fotografías publicadas en sus estados de WhatsApp. “Tuvo un acrecentamiento patrimonial desmedido inmediatamente después del hecho”, afirmó Fernández.
En la investigación fue determinante la información extraída del teléfono celular de la acusada, a través de análisis UFED efectuado por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales del MPF. Esos datos la vinculan tanto al hurto como a las operaciones bancarias.
“Hemos advertido varias conversaciones entre la señora, un tal Saúl y otra persona en la que se relataba cómo era la operatoria: cómo sacaba el dinero, dónde lo ocultaba, quiénes son las personas que la asistían, particularmente su pareja. El 28 de abril del 2021, a la mañana, la imputada se sacó una foto con un fajo de dólares en su mano y en el fondo se ve el piso del baño de la víctima. En esa misma conversación empezó a comentar que a esos dólares los iba a transformar en pesos. Cuando recibió ese dinero, depositó los fajos en una mesa que también es de la casa de la víctima. Hay otras personas involucradas que están en proceso de identificación”, expresó el auxiliar de fiscal.
La Fiscalía pidió que se ordenen medidas cautelares de menor intensidad por el plazo de tres meses, entre ellas: prohibición de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley, por lo que se dispone la inhibición general de bienes de la imputada y la anotación preventiva del litis de la camioneta; obligación de permanecer a disposición del tribunal y concurrir a las citaciones que se le formulen; prohibición de salir de la provincia sin autorización previa; abstenerse de realizar cualquier tipo de contacto y hostigamiento hacia la víctima y su familia. Por su parte, la jueza resolvió aceptar lo requerido por el Ministerio Fiscal.