Después de que Luis Rodríguez, Bonadio y Casanello se excusaron, la Cámara Federal porteña deberá decidir a quién le corresponde investigar.
La Cámara Federal porteña deberá decidir finalmente qué juez tienen que investigar la denuncia por presiones contra el ex juez federal Norberto Oyarbide, luego de que tres magistrados se excusaron a tomar el sensible caso. Oyarbide había denunciado la semana pasada que lo había “acogotado” con presiones para que fallara a favor de los Kirchner en causas como la del enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial. En ese contexto, dijo que las presiones habrían provenido del ex director de operaciones de la SIDE Antonio Stiuso y el operador judicial K y miembro de la Auditoría General de la Nación (AGN) Javier Fernández.
Al ser indagado por el fiscal Carlos Stornelli en la causa de los cuadernos de las coimas, donde aparece nombrado, Oyarbide hizo esa denuncia que escandalizó a los tribunales de Comodoro Py. Stornelli hizo luego lo que se llama una extracción de testimonio, abrió una nueva causa y la mandó a sorteo.
Por sorteo cayó en el juez federal Luis Rodríguez, quien se excusó porque es compadre de Javier Fernández. Se hizo otro sorteo y recayó en Bonadio. Este juez también se excusó por conocer a los denunciados. Luego hubo un tercer sorteo y quedó en el juez Sebastián Casanello, quien rechazó la excusación de Bonadio porque a su criterio no entra dentro de las razones de la recusación que permite el código. Es más mientras decide la Cámara, Casanello le dio intervención al fiscal Carlos Rívolo.
Como nadie quiere investigar a estos dos poderosos personajes, el presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, deberá decidir quien investiga la denuncia del polémico ex juez Oyarbide.
La semana pasada, después de ser denunciado por el ex juez Federal Oyarbide, Javier Fernández volvió a los tribunales de Comodoro Py para pedir la eximición de prisión en la causa de los cuadernos de las coimas donde aparece señalado varias veces. Tuvo que pagar una caución juratoria real, y finalmente el juez Claudio Bonadio le otorgó la exención de prisión bajo “reglas de conducta”.
Antes, Javier Fernández había declarado como imputado en la causa de los cuadernos. Se lo acusa de ser partícipe necesario de la asociación ilícita que se ocupó de “recaudar fondos ilegales”. Según investiga la justicia, los pagos eran realizados por varias empresas de la construcción y del sector energético y recaudados por Roberto Baratta, según la descripción del remisero Oscar Centeno.
Así, después de declarar y negar las acusaciones en su contra, pidió su exención de prisión. Durante su indagatoria, Fernández entregó una valija con viejos informes de la AGN y supuestas denuncias contra funcionarios K que el organismo había impulsado.
Durante su indagatoria, Fernández respondió las preguntas que le hicieron pero negó cualquier vinculación con los cuadernos de Centeno. “No conozco a los empresarios nombrados”, sostuvo ante Bonadio.
Según la imputación de Stornelli, el operador judicial está señalado como uno de los “receptores de los fondos ilegales”. El 2 y 7 de agosto de 2013, Nelson Lazarte -ex secretario de Baratta-, “le lleva dinero a Javier Fernández a su casa”, indica la acusación formal sin especificar montos al transcribir parte de los cuadernos de Centeno. Asimismo, el 19 de octubre de 2015, es Baratta quien se reúne con Fernández.
Junto al ex juez Norberto Oyarbide, Fernández está señalado por mantener reuniones con ex funcionarios del ministerio de Planificación con el fin de “trabar causas judiciales”que recaían sobre la anterior gestión en los tribunales de Comodoro Py.
A las acusaciones en su contra se sumó otra denuncia, la realizada por Oyarbide, cuando indicó que Fernández junto al ex espía Antonio Stiuso se reunieron con él en un edificio de la avenida Córdoba para pedirle “en nombre de Néstor y Cristina Kirchner que le dé celeridad a la causa” por enriquecimiento ilícito que tenía en su juzgado. Los Kirchner había aumentado su patrimonio en un 158 por ciento en el 2008, según su propia declaración jurada de bienes. Esta declaración se convirtió en una nueva denuncia que el fiscal Carlos Stornelli sorteó y que recayó en el juzgado del juez Luis Rodríguez.
fuente: clarin