El caso del juez Eduardo Freiler mostró el grado de descaro del kirchnerismo frente a hechos claros de corrupción y, sobre todo, cuando se trata de defender a uno de los suyos. En una reunión con seis dirigentes de La Cámpora, Cristina Kirchner fue elocuente en sus instrucciones: “No dejen solo a Freiler. Nos ayudó mucho. Hay que salvarlo”, les ordenó. La impunidad del juez en funciones con peor imagen hunde a la Justicia en fases más profundas aún de descrédito social. Desde ya que existen jueces y fiscales de otros fueros que trabajan con honestidad y esmero, pero el fuero federal, al que pertenece Freiler (que resuelve sobre la corrupción de los políticos y los casos de narcotráfico), es precisamente el principal escaparate de la política. La gente común juzga a la Justicia por ese fuero más que por cualquier otro.
El recurso al que echó mano el kirchnerismo fue dar vuelta el voto del miembro del Consejo de la Magistratura Jorge Candis, representante de los académicos. A él lo eligieron los rectores de las universidades nacionales cuando ya el cristinismo había copado gran parte de los claustros universitarios, sobre todo en las casas de estudios de reciente creación en la provincia de Buenos Aires. Candis es un hombre voluble y superficial, que pasa de la lealtad sin fisuras al ex viceministro de Justicia cristinista Julián Álvarez (“a él le debo todo, no le puedo fallar”, repite) a la argumentación legal de su posición (“hay presunción, no hay certeza sobre Freiler”, dice). En efecto, fue Álvarez quien recorrió las universidades en su momento para reclamar el voto de los rectores a favor de Candis. Incluso se asegura ahora que Álvarez le contó a Candis que si éste desertaba habría “carpetazos” no contra Candis, sino contra el propio Álvarez. Pero ¿es la lealtad a Álvarez la única razón que hizo de Candis una veleta en el caso actual más escandaloso sobre la corrupción de un juez? ¿Acaso Candis no repite ahora los argumentos del cristinismo sobre la existencia de una logia perversa que agrupa al gobierno de Macri, los medios más importantes y parte del Poder Judicial para perseguir a Freiler? Eso ya no se hace sólo por lealtad.
Sea como fuere, Candis modificó en 48 horas su voto. Les había asegurado al ministro de Justicia, Germán Garavano, y al representante del Gobierno en el Consejo, Juan Bautista Mahiques, que votaría mañana por la suspensión de Freiler como juez. Dos días después, y luego de una fuerte presión del kirchnerismo, Candis anunció que no acompañaría la suspensión del juez. Argumentó que existían presunciones y no certezas para suspender a Freiler. Su confusión intelectual es evidente. En esta etapa se resolvía la suspensión de Freiler para que fuera sometido a un posterior jury de enjuiciamiento. Las presunciones son suficientes para la suspensión; las certezas se lograrán en el proceso de enjuiciamiento.
En el caso de Freiler no sólo existen presunciones, sino también hechos objetivos que prueban un descontrolado enriquecimiento personal que no puede justificar. El propio Candis señaló luego que los números del juez “no cierran” y que parte de su patrimonio no fue declarada, pero que ese dinero proviene de una empresa cuya propiedad le autorizó la Corte Suprema. Nadie sabe si eso es cierto, pero todos suponen que se trata de dinero negro. Freiler resiste porque ni siquiera cuenta con la posibilidad de la jubilación. Le faltan ocho años.
Clic Aquí
De todos modos, el Gobierno prefiere la renuncia, aunque los jueces acusados de corrupción puedan optar luego por la jubilación, porque no confía en la resolución de los tribunales de enjuiciamiento de magistrados. Si los jueces son destituidos por un jury, pierden el derecho a la jubilación. La representación institucional es pésima. Un ejemplo lo dice todo: si Freiler fuera sometido ahora a un jury, y hasta el 1° de agosto, el tribunal estaría integrado por Diana Conti. Los jueces que integran los jury son representantes de los tres poderes del Estado. Sin embargo, es preferible en los casos como el de Freiler que el proceso de enjuiciamiento concluya para que los jueces pierdan la suculenta jubilación que les corresponde. Freiler no puede jubilarse ahora, pero podrá hacerlo más adelante.
Descartado Candis (¿quién podría volver a confiar en su palabra?), el Gobierno aspira a dar vuelta el voto de la consejera Gabriela Vázquez. Vana esperanza. Vázquez es representante de los jueces y una cristinista consecuente. Hasta votó a favor del castigo al juez Claudio Bonadio, que significó una quita de un tercio de su sueldo, en tiempos de Cristina Kirchner. Si hizo eso contra un colega perseguido por el cristinismo, ¿qué puede esperarse a la hora de suspender a un juez protegido por Cristina Kirchner? Al Gobierno no le queda otra esperanza que la renovación de la representación peronista en el Consejo, después de las elecciones. En lugar de la pobre representación parlamentaria peronista de ahora irían los senadores Pichetto y Urtubey, que tienen otra envergadura personal y otra dimensión política.
Desde que asumió, el gobierno de Macri quiere despedir de los tribunales federales de la Capital a los jueces Norberto Oyarbide (el único caso que logró), Freiler, Rodolfo Canicoba Corral y Daniel Rafecas. A esa lista debe sumársele el nombre de la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó. Al Consejo acaba de ingresar la primera denuncia por corrupción sobre Canicoba Corral. Lo acusan de que una sobrina cobró un millón y medio de dólares para mantener en libertad a Omar “Caballo” Suárez, líder del sindicato de obreros marítimos. Luego de una larga e inexplicable libertad del gremialista, Canicoba Corral terminó ordenando la prisión de Suárez (está preso todavía) cuando se acumularon nuevas pruebas por asociación ilícita.
El Gobierno y el Congreso deberán debatir en algún momento sobre la integración del Consejo. Su diseño actual es una creación de la entonces senadora Cristina Kirchner, que lo politizó extremadamente para sacarles influencia a las “corporaciones judiciales y de abogados”, según insistió en su momento. El resultado es que ahora la representación parlamentaria del peronismo es de un senador kirchnerista, Ruperto Godoy, que no es abogado y debe decidir sobre cuestiones de jueces y abogados, o de la senadora Virginia García, cuñada de Máximo Kirchner, a quien le importan más las cuestiones de familia que la administración de justicia. Godoy acaba de ser separado del cargo por el juez Enrique Lavié Pico (por carecer de título habilitante), pero esa decisión está en trámite de apelación. Los representantes de los magistrados o de los académicos son producto también del afán cristinista por controlar el premio y el castigo a los jueces.
La crisis del Consejo de la Magistratura quedó expuesta con el caso Freiler de estos días. Exhibió también la absoluta indiferencia de Cristina Kirchner por la repercusión electoral de sus decisiones políticas. Es innegable ya, por lo demás, que ha perdido la noción de lo que es moralmente inaceptable.
Fuente: La Nación