La “ola amarilla del PRO” quiere arrasar las economías regionales. La medida que afecta a la producción de bioetanol generó preocupación en las autoridades provinciales, quienes temen que el impacto de la medida nacional perjudique las fuentes de trabajo que genera ese sector. Lo que la llamada “ola amarilla” no pudo hacer a nivel electoral en la provincia, lo está realizando con el perjuicio a las actividades productivas, como el alcohol de caña y el vino, en menor medida.
La propuesta de defensa de Tucumán, reflejada en la reciente campaña electoral encabezada por el vicegobernador Osvaldo Jaldo, reflejó la voluntad de los tucumanos, quienes le sacaron una diferencia de 140 mil votos a los candidatos de Cambiemos, encabezados por José Cano. Ya se vaticinaban tarifazos, ajustes y medidas que iban a perjudicar las economías regionales en favor de sectores poderosos con intereses en la zona más rica del país.
La baja en el precio del bioetanol representa un verdadero mazazo al sector productivo tucumano y a las fuentes de trabajo que genera, pero también un guiño al negocio de las petroleras, porque la incidencia que tiene en la composición del combustible es mínima, pero se apuesta a que su crecimiento no genere la necesidad de aumentar la cantidad de biocombustible, en un mercado en donde el precio del petróleo es el que marca el ritmo de suba en las naftas.
El gobernador, Juan Manzur, se reunió con los industriales azucareros, quienes manifestaron la preocupación que generaron en el sector, las medidas anunciadas por la Nación en torno a la baja del precio del bioetanol cercano al 29 % y el incremento tarifario para las bebidas azucaradas. Los empresarios pidieron que se revea la decisión porque la baja del precio del etanol representará pérdidas para la Provincia en el orden de los $2.000 millones y afecta a 50.000 trabajadores.
“Nos reunimos con los gestores de la industria azucarera. Hablamos sobre este proyecto que se tratará en el Congreso nacional, sobre un incremento impositivo del 17 % a las bebidas dulces. Allí se expresará la postura de la Provincia, a través de la totalidad de los legisladores tucumanos, que dirán que esto no es correcto”, razonó el Gobernador.
Golpe y traición a la industria del vino
Sin embargo, la “ola amarilla” tampoco reconoce aliados políticos en los golpes a otras economías regionales, como en el caso de Mendoza, gobernada por el radicalismo. En ese sentido, el aumento del 10% de la alícuota que paga la producción de vinos, fue tomado como una verdadera traición por parte del “macrismo”, que perjudica con esta medida, no sólo a las provincias tradicionalmente productoras sino a las que se sumaron con fuerza a la actividad, como en el caso de Tucumán.
En nuestra provincia, el vicepresidente de la cámara de Bodegueros de Tucumán, Roberto Carro, sostuvo que la medida “perjudicará a los pequeños productores que llevan adelante esa actividad ya que les cuesta mucho competir con las grandes cadenas productivas del país. Este aumento no va a poder reflejarse en el precio del vino porque se nos va hacer muy difícil seguir vendiendo”.
Agregó al respecto que “esta medida oficial no tiene sustento pareciera que quieren destruir a las economías regionales y contradice a la ley 26.870 que declara al vino como “Bebida Nacional”.
En cuanto al consumo, afirmó que “baja cada vez más. De 90 litros per cápita que se consumía hace unos años en Tucumán, hoy se consume 25 litros. Con estas medidas la situación se va a poner mucho más grave”.
Sobre las fuentes de trabajo señaló que “muchos de los trabajadores de la actividad son pobladores de los Valles Calchaquí, que hace unos años emigraban a la capital porque no tenían trabajo y ahora con el desarrollo de la actividad vitivinícola los estamos conteniendo y pudieron obtener empleo. Vamos a pedir ayuda del Gobierno de la provincia para evitar que haya despidos”.