El escándalo surgido por el cobro ilegal del Tributo de Emergencia Municipal (TEM), por parte de la gestión del intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, derivó en una presentación ante la Justicia, en la que un total de seis concejales denuncian al titular del Ejecutivo y a varios de sus colaboradores por los posibles delitos de exacciones ilegales, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude contra la administración pública, entre otras posibles derivaciones que pudiera tener el accionar de la presente gestión de gobierno municipal.
Los denunciantes son los integrantes de la mesa de conducción del cuerpo legislativo, Benjamín Zelaya (presidente), Lucas Cerúsico (vicepresidente 1º) y Héctor “Pilón” Aguirre (vicepresidente 2º), además de los concejales Maximiliano García, Pedro Albornoz Piossek y Walter Aráoz, quienes acusan tanto a Campero como a su jefe de Gabinete, Manuel Courel, y el contador general de la Municipalidad de Yerba Buena, Adolfo Haga, además de aquellos funcionarios que en el marco de la investigación resulten responsables.
El escándalo se había suscitado cuando el Concejo Deliberante intentó citar a varios funcionarios del gabinete de Campero al recinto, a fin de pedir explicaciones sobre la continuidad en el cobro del TEM, cuya vigencia había expirado en abril de 2015. La continuidad en la recaudación del mencionado tributo, que había sido aprobado en la gestión del ex intendente Daniel Toledo, por única vez y un plazo improrrogable de cinco años, le generó a Yerba Buena una recaudación a la fecha de más de 110 millones de pesos.
La convocatoria de los ediles generó la reacción de los funcionarios de Campero, quienes citaron a vecinos con argumentos confusos para que la sesión no tuviera lugar. En algunas de las imágenes se ve al propio jefe de Gabinete, Manuel Courel, dentro del recinto. Los hechos de violencia verbal e incluso física, derivaron en la suspensión de la sesión. Sin embargo, luego trascendió que se trataba de analizar el problema del cobro ilegal del TEM, que ni el propio Campero supo explicar a los vecinos.
En la denuncia, los ediles mencionados sostienen que la responsabilidad penal del intendente deviene de su carácter de máximo responsable del Departamento Ejecutivo Municipal. Señalaron que a él también le comprende las normas establecidas por la ley de Administración Financiera de la Provincia, especialmente respetando a ley provincial nº 5.529 la que en su artículo 47 establece sus atribuciones y deberes. Indicaron que, desde el inicio de su mandato, se habría percibido en forma indebida el Tributo de Emergencia Municipal (TEM), que no estaba vigente y se encontraba vencido con la imposibilidad de ser prorrogado. También señalaron que Campero intentó validar y darle vigencia tácita a dicho tributo en virtud de la aprobación por parte del Concejo Deliberante de la Ordenanza 2026 (Ordenanza Fiscal Anual). Además agregaron que es autor del decreto Nº 1010/16 por el que se pretende prorrogar un tributo que ya estaba extinguido, con el afán de posibilitar la percepción e intimación de un tributo inexistente, arrogándose facultades legislativas, específicamente vedadas por la constitución provincial.
En criterio de los ediles denunciantes, Campero no puede invocar desconocimiento en estos actos de Gobierno, porque en el momento de la sanción de la ordenanza que ponía en vigencia el TEM, se desempeñaba como edil. Tampoco puede desconocer las funciones propias de los concejales y del Poder Ejecutivo municipal y menos ampararse en el desconocimiento de las leyes, debido a que su profesión es la de abogado.
La situación de Campero parece complicarse, ante la falta de respuestas institucionales a un problema que afecta el patrimonio de los contribuyentes, que pagaron el TEM pensando que se encontraba vigente.