El programa de TV “TN Central” que conducen Nicolás Wiñazki y Luciana Geuna, reflejó el escándalo por la contratación directa de la consultora Realle Dalla Torre, que fijó un domicilio inexistente en Yerba Bueba, constituyéndose en una empresa “fantasma”. La cifra acordada para el trabajo fue de $223.000.
Repercusión nacional. Quién iba a imaginar que el simple trámite de una constatación de domicilio de una empresa, iba a derivar en un verdadero escándalo en Yerba Buena. Resulta que el caso de la contratación directa, por parte del municipio de la “Ciudad Jardín”, de la empresa Realle Dalla Torre iba a ser reflejado en el programa “TN Central”, conducido por los periodistas Nicolás Wiñazki y Luciana Geuna. Nadie. Aunque el problema ya había sido reflejado ampliamente por los medios locales, con las explicaciones poco convincentes del intendente Mariano Campero.
El programa se transformó en una dura crítica hacia el accionar del titular del Ejecutivo yerbabuenense, sintetizada en la expresión de Geuna: “La nueva política, 32 años, recién asumido, con una empresa fantasma…”.
Pero la bomba había estallado a principios de octubre, cuando un empleado tenía que entregar una nota en el domicilio fijado para la mencionada consultora, en calle Paraguay 1.200 de Yerba Buena. Al constatar que el lugar no existía, el empleado acudió a la Oficina de Despacho, que inició un expediente. El hecho luego trascendió a los medios de comunicación y puso al descubierto la maniobra de contratación directa en la que había incurrido la gestión de Campero, y que involucraba el pago de $223.000.
Campero tuvo entonces que salir a dar explicaciones en algunos medios, al señalar que se había contratado a la empresa para que realizara un análisis sobre la “situación político, social y económica” de los ciudadanos, con vistas al proceso de reforma del Código de Ordenamiento Urbano, encarado por su gobierno. El contrato correspondiente se había firmado el 25 de agosto de este año, a pesar de que las ordenanzas vigentes establecen un tope a la contratación directa de $14.000. En ese momento, el intendente sostuvo que se realizó mediante una excepción establecida en el artículo séptimo, inciso cuarto de la ordenanza 1299, en la que se autoriza a contratar artistas, técnicos o científicos, por lo que se le dio una característica de contratación profesional al mencionado acuerdo.
Al desatarse la polémica, la empresa señaló que la fijación del domicilio corría por responsabilidad del municipio y que esa firma no había inscripto esa ubicación. Campero lo atribuyó luego a un error administrativo, pero el escándalo era tan grande que ninguna explicación atinaba a aclararlo.
Pedido de interpelación
La controversia también tuvo su caja de resonancia en el Concejo Deliberante, desde donde los concejales justicialistas Héctor “Pilón” Aguirre y Walter “Kabuby” Aráoz, junto a los radicales, Maximiliano García y Benjamín Zelaya, realizaron un pedido de interpelación a dos funcionarios de la gestión Campero. Se trata del jefe de Gabinete, Manuel Courel y el contador general del Municipio, Adolfo Haga, para que brinden explicaciones sobre la contratación de la consultora Realle Dalla Torre, en especial quién es el funcionario responsable de iniciar el expediente que culminó con la firma del contrato, allá por el mes de agosto.
Explicaciones sí, explicaciones, no
La actitud de la gestión de Mariano Campero para dar explicaciones institucionales, como por ejemplo al Concejo Deliberante, ha sido inexistente, pero no sólo en el caso de la contratación directa de la consultora, sino también en el pedido de explicaciones en torno a la negligente actitud con respecto al árbol que cayó encima de un transporte escolar y causó la muerte del niño Gustavo Guerrero. Tampoco se contestaron las denuncias sobre irregularidades en el servicio de remises. Sí respondió Campero a una denuncia de defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y presunto encubrimiento, realizada por Sebastián Luna, en la Fiscalía Penal de la Sexta Nominación, a cargo de Adriana Reinoso Cuello, con un descargo por escrito.
Una multa que resultó favorable a Alperovich
La construcción de una calle pavimentada será el precio que tendrá que pagar la firma Alperovich Group SA al municipio de Yerba Buena, por haber incumplido con las normas en la edificación de dos torres, obra que actualmente se encuentra paralizada. El convenio firmado con el gobierno de esa ciudad, se rubricó luego de que el Tribunal de Faltas estableciera una multa de 4,6 millones de pesos por el incumplimiento al Código de Planeamiento Urbano.
La calle va desde las avenidas presidente Perón y Fanzolato, en donde se construyen los mencionados edificios, hasta las canchas de rugby y de hockey del country Jockey Club.
La obra tendrá una superficie de unos 8.200 metros cuadrados, una extensión aproximada de un kilómetro y un costo de unos $ 12 millones, lo que implica un exceso de $7,4 millones si se le resta el monto de la multa aplicada. Ese exceso se tomará como crédito para la empresa en el pago de sus obligaciones impositivas con ese municipio.