Por Pablo Batalla* para Diario Cuarto Poder | La crítica situación económica y la necesidad de optimizar los recursos y de hacer ajustes, genera la reacción de las bases sindicales y de los gremios más combativos. El decreto de Juan Manzur, que suspende el pago de la cláusula gatillo, generó rechazos y marchas. Hay que recalcular los pasos que se darán.
Un escenario complicado
Ese parece ser el que afronta el país y la provincia. A nivel nacional, las medidas que generó el presidente Alberto Fernández para tratar de aliviar la situación de quienes más mal la están pasando, como los jubilados y los sectores vulnerables, generaron críticas de los sectores económicamente más poderosos.
Los primeros ciento ochenta días serán claves para observar si se reactiva el consumo y la producción, además de contener la inflación y evitar la fuga de dólares.
En un escenario complejo también se encuentra la gestión de Juan Manzur, al frente de la provincia.
El ajuste provincial
El anuncio de un paquete de ajuste mediante un decreto del Poder Ejecutivo, tuvo un rechazo importante por parte de trabajadores estatales y sindicatos, que tuvieron que sentar una rápida postura en torno a la suspensión del pago de la llamada “cláusula gatillo” que se debía liquidar con los haberes correspondiente al mes de diciembre.
La actual gestión ha corrido, hace algunos meses, los días de pago a los empleados estatales, lo que ocasiona un creciente malestar porque no pueden cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma, léase pago de tarjetas de crédito, servicios u obligaciones con fechas de vencimiento.
Esas demoras estarían desnudando algunas dificultades financieras, a las que se suma el problema de la mala liquidación del segundo SAC 2019, que reclamaron varios sindicatos, en especial de los sectores de la Sanidad y la Educación, sin que hasta el momento se haya aceptado el error de manera oficial.
La premonición del Nostradamus tucumano
La premonición del ahora denunciado senador nacional en uso de licencia, José Alperovich, sobre que habría dificultades para pagar el aguinaldo, tras el triunfo electoral de octubre pasado, al parecer podrían cumplirse, de aceptar que las liquidaciones no estuvieron bien realizadas.
En las voces de la dirigencia sindical se deslizan las afirmaciones que se apoyan en los lineamientos presidenciales, como en el caso de Juan Carlos Aguirre, de la Unión Docentes Tucumanos (UDT), quien ante el decreto de ajuste sostuvo que el presidente Alberto Fernández afirmó que el ajuste no tiene que pasar por los trabajadores.
La postura asumida por el titular de uno de los gremios mayoritarios de la docencia provincial choca con la obligación de poner la cara por parte de los dirigentes de gremios amigos que se sientan a negociar todos los inicios de clase con el Gobierno.
De ellos, sólo la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), a través de David Toledo, esgrimió el estado de alerta y puso en duda el inicio de las clases. Los otros dos dirigentes, Isabel Ruiz y Edgardo Besone, de la Agremiación del Personal de Enseñanza Media (APEM) y de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), no dieron señales y exacerbaron a las bases educativas.
El Gobierno tendrá que maniobrar para no ser llevado por delante por los trabajadores educativos que no ven con buenos ojos a esta dirigencia eternizada en la burocracia sindical. La convocatoria de los cinco gremios de la Educación, incluido el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), podría poner paños fríos.
Sanidad en pie de guerra
Lo mismo ocurre con el sector de la Sanidad, en donde el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (SiTAS), encabezados por Adriana Bueno, salieron a reclamar en las calles y anticipan medidas de fuerza en los centros de atención de la salud.
Una postura que dista de la tibieza demostrada por la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA), encabezada por Reneé Ramírez.
Congelamiento de sueldos
Las medidas de austeridad que requieren estos tiempos de crisis parecen no alcanzarle al común denominador de los ciudadanos. El decreto firmado por el gobernador Juan Manzur establece el congelamiento de los sueldos de los funcionarios por espacio de 180 días.
Una medida similar se tomó en la Legislatura provincial, en donde los parlamentarios no tendrán incrementos en un período de tiempo similar.
Los próximos días serán claves para ver si los conflictos que surgen del ajuste se aplacan. Es por ello que, en virtud de lo que vaya sucediendo, el gobierno provincial tendrá que ir recalculando los pasos.
Quizás con más tranquilidad con la ayuda nacional, en caso de que ésta se canalice a cumplir con los compromisos asumidos en las últimas negociaciones salariales realizadas el año pasado.
Condicionamiento a negociaciones salariales 2020
La posibilidad de que el adelantamiento de recursos nacionales por mil millones se use para cumplir con la “cláusula gatillo” podría descomprimir los condicionamientos que esa suspensión podría acarrear a la mesa de diálogo salarial de este año recién comenzado.
Uno de los sectores que en primer término negocia salarios con el gobierno es el docente. Si se mantiene la suspensión de esa actualización por inflación, los educadores tendrán pendiente un 13 ó 14% en sus ingresos.
Si los sindicatos afines al Poder Ejecutivo -léase ATEP, APEM y AMET- consiguen un incremento del 25%, porcentaje del cual se habla como referencia, en realidad los trabajadores de la educación alcanzarían una mejora real del 11%.
A ello se suma que los gremios señalados siempre acuerdan un pago escalonado que, en muchos de los casos, finaliza en noviembre. Si los índices inflacionarios persisten, la suba salarial se terminará licuando.
Situaciones similares pasarán aquellos trabajadores estatales que pertenecen a otros ámbitos.
*Analista político