La exigencia del pago de $ 60 millones a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán por parte de la empresa que emite y administra las tarjetas con las que se paga el servicio, surgida a pocos días del cambio de autoridades, genera ruidos en el inestable sector del transporte público de pasajeros, luego de que la firma remitiera una nota a la Intendencia para expresar su preocupación ante lo que describió como una “importante insuficiencia de fondos” en la cuenta correspondiente al área en cuestión, lo cual -argumentó- perjudica la cadena de pagos.
La empresa Bizland, a través de su apoderado Jesús Moya, envió el miércoles una nota de pedido dirigida a la coordinadora de la Unidad Técnica y de Control Municipal de los Servicios de Transporte Público de Pasajeros, María Elena Gerk, señalando que la insuficiencia de fondos se debe principalmente a la falta de depósito de $60,3 millones en concepto de abonos comunes, libres y de la Línea 100. En consecuencia, se dejó saber que no se podrían afrontar distintos compromisos con las empresas de ómnibus.
“También ponemos en conocimiento que, dada esta situación de insuficiencia de fondos para efectuar los pagos, Bizland ha dejado de percibir su comisión por la prestación de su servicio correspondiente a 18 de octubre de 2023, generándose una deuda para con esta empresa que actualmente es de $3,7 millones”, se indicó en la presentación.
Por último, Bizland instó a que se restituya “en forma urgente el equilibrio económico” de la cuenta de transporte, a la vez que solicitaron se los instruya sobre la mejor forma de afrontar los compromisos hasta tanto se normalice la situación. Se notificó de todo esto a Jorge Berretta, presidente de la Tarjeta Metropolitana.
Gerk explicó que hay un proceso administrativo y de control que siempre se debe seguir en la Municipalidad para realizar los desembolsos por el Boleto Estudiantil Gratuito (BEG) y el Boleto Universitario Gratuito (BUG). Reconoció que hay demoras que exceden lo habitual, pero aseguró que es una consecuencia del intento de hackeo que sufrió la firma Bizland en mayo. Para contextualizar, afirmó que a mediados de agosto ingresó el expediente de la empresa por fondos correspondientes al mes de mayo. Indicó que antes no recibieron ningún expediente porque estaban revisando el intento de hackeo.
“No es que no hay plata o que no se paga porque no se quiere, sino que tenemos que cumplir con los procedimientos de control. Sí se está pagando. Hay controles que tenemos que hacer. No es que se presenta el expediente y se paga”, expresó Gerk. En ese sentido, señaló que la semana próxima se abonará el expediente de agosto. Aclaró también que los dineros se pagan a mes vencido, no adelantado. Es decir, por ejemplo, que el expediente de octubre se presentará en noviembre y que, luego de los controles, se abonaría en diciembre.
Consultada sobre por qué Bizland reclama el pago de abonos de la Línea 100, que es un servicio interurbano, Gerk explicó que desde hace tiempo hay un convenio con esa empresa. Indicó que este acuerdo surgió tras el reiterado pedido de madres y padres de estudiantes que viven y estudian en San Miguel de Tucumán, a los cuales los beneficiaba el recorrido de la Línea 100 para ir y volver de la escuela. “De la misma manera que la Tucumanita se usa en la Capital, porque hay un convenio, hicimos un acuerdo para que se use (el beneficio) en líneas interurbanas”, precisó la funcionaria.
Gerk aseguró que este año hubo un incremento importante en la cantidad de beneficiarios, los cuales rondan los 80.000. Indicó también que la Municipalidad abona $27 por el boleto para alumnos primarios; $35 para los del secundario; y $43 por el beneficio para estudiantes universitarios y terciarios.
Si bien es un reclamo administrativo y no tendría porqué afectar las prestaciones, es una nueva interferencia en el transporte de pasajeros, el sector público que más complicaciones viene atravesando en los últimos tiempos. Desde hace unos años, casi todos los meses hay conflictos entre los choferes y los empresarios por demoras en el pago de los salarios de miles de trabajadores. Como consecuencia se ve afectado el servicio urbano e interurbano y más de 500.000 pasajeros se quedan a pie.
Este jueves se desarrolló la última sesión del Concejo Deliberante de la Capital, en la que quedó sin tratamiento un pedido de los transportistas para que el boleto urbano se incremente de los $ 120 actuales a $ 504. Sostienen que trabajan a quebranto y que es necesario actualizar las tarifas para mantener el servicio y poder hacer frente a sus compromisos.
Aunque se trata de una cuestión a dirimir entre privados, el Gobierno de la Provincia suele mediar para impedir que se hagan efectivas las medidas de fuerza, que cada vez que se aplican terminan causando serios inconvenientes a miles de pasajeros.