Sólo Carrió hizo una denuncia, pero varios piensan como ella. Cómo se mueve el oficialismo. Y cuáles son las peores sospechas.
El día que a Amado Boudou le pusieron las esposas, Mauricio Macri estaba siguiendo su detención por televisión. “Qué raro esto, ¿no?”, comentó uno de los funcionarios que estaba con el Presidente. En el equipo de asesores judiciales creían y siguen creyendo que hay motivos de sobra para condenar al ex vicepresidente de Cristina y a otros actores clave de la administración anterior, pero nunca vieron con buenos ojos que se los detuviera sin antes de un debido proceso. Las detenciones prematuras, celebradas por un sector de la sociedad e inclusive por un ala importante de la Casa Rosada, podría terminar siendo un bumerán.
Eso temen en el macrismo por estas horas: que se disipe la idea de que hay un cambio en la Justicia desde el 10 de diciembre de 2015. Y algo peor: que los jueces de Comodoro Py sigan moviéndose al ritmo de sus internas e intereses. En la cúpula de la Casa Rosada sobrevuela la tesis de que pudo haber habido sobornos en la movida para favorecer a Cristóbal López.
Como siempre o casi siempre, la única que se animó a expresar su sospecha fue Elisa Carrió, que no pertenece al Ejecutivo pero que tiene más influencia ante el Presidente que buena parte del Gabinete. La diputada escribió en Twitter: “Presenté una nota ante el Consejo de la Magistratura para que se investigue si hubo intereses económicos involucrados en el fallo de los jueces Farah y Ballestero con el que beneficiaron a Cristóbal López con un cambio de calificación”.
Fuera de micrófono, un alto funcionario revela: “¿Qué duda te cabe? El cambio de carátula en la causa de Cristóbal es escandaloso. Hay jueces de Comodoro Py que negocian todo y esto viene de hace mucho tiempo”.
Nadie lo va a decir, pero entre los principales funcionarios circula un número al que habrían llegado la negociación. La cifra es impactante y en dólares.
“Sería un golpe para nosotros que se instale que los poderosos seguirán gozando de impunidad. Pero mucho más peligroso sería que en Comodoro Py sigan convencidos de que la impunidad seguirá reinando en la Argentina”, decía ayer por la mañana un hombre de trato cotidiano con el jefe de Estado.
“No podemos quedar rehenes de las vendettas de los jueces ni de la interna peronista”, dicen. En la Rosada consideran que varios de los magistrados que hoy comandan Comodoro Py, y que antes pasaron por otros estamentos trascendentes de la Justicia, vienen siendo parte de los enfrentamientos del peronismo -tanto políticos como judiciales- desde, al menos, los últimos treinta años.
Si bien la oposición habla de persecución por parte de la administración macrista y pugna para instalar ese relato, en el oficialismo aclaran que hay que diferenciar causas y nombres. Por ejemplo, hay prácticamente unanimidad a la hora de abordar la situación de Carlos Zannini. Nunca entendieron por qué estaba detenido, más allá de que -aclaran- en el juicio podría determinarse que existen pruebas para enviarlo a prisión como culpable de encubrir y dotar de impunidad a ciudadanos iraníes señalados por el atentado contra la AMIA en 1994.
La situación Cristóbal López es la que más irrita. Macri apuntó públicamente contra los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah. “Es inentendible”, dijo sobre la decisión de cambiar la carátula de administración fraudulenta en perjuicios del Estado a apropiación indebida de tributos. Desde ese día, en la Rosada se recopilan denuncias y antecedentes de los jueces. Se verá, luego, qué hacer con ese material.
fuente: clarín