Dos meses después de ser procesado por favorecer a narcotraficantes, el juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila (71) recibió este viernes un nuevo mazazo para su vida y su carrera: a través de la firma del decreto 141/2019 el presidente Mauricio Macri aceptó su renuncia al cargo.
Ya sin fueros, y con una prisión preventiva en modo “pausa” , el ex hombre fuerte de la Justicia correntina optó por una estrategia muy transitada, pero también muy efectiva: antes de que el juez federal Sergio Torres ordenara su captura, y fuera trasladado a una cárcel común, se descompensó y fue internado.
En un sanatorio, antes que la cárcel
Para cuando Torres firmó la detención, pasado el mediodía, Soto Dávila ya estaba instalado en una cama del Instituto de Cardiología Corrientes, ubicado sobre la calle Córdoba al 1200, a sólo unos metros de su domicilio particular.
Todo ocurrió este viernes por la mañana, luego de que el decreto presidencial -firmado el 21 de febrero- apareciera publicado en el Boletín Oficial de la Nación.
A primera hora su abogado, Gonzalo Díaz Cantón, había presentado un escrito ante Torres, el juez federal de Capital que está a cargo de la mega causa por tráfico de marihuana en Itatí, expediente en el cual Soto Dávila ya tiene dictada la prisión preventiva desde el 21 de diciembre.
Laboro de su defensor
El pedido de Díaz Cantón tuvo un objetivo de máxima y uno de mínima. El de máxima: lograr la eximición de prisión de su cliente, alegando que nunca intentó escaparse ni entorpeció la investigación. El de mínima: abrir la posibilidad de que, teniendo en cuenta sus 71 años y sus problemas de salud, Soto Dávila fuera beneficiado con una prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.
Finalmente la internación terminó por mediar en la cuestión. Torres rechazó la eximición de prisión y resolvió que Soto Dávila fuera notificado de su detención en la clínica. Su futuro estará atado a su salud y a la habilidad de sus defensores para lograr que lo dejen vivir encerrado en su casa.
Deprimido
“Lo que prevalece en el cuadro clínico son sentimientos de ideación fija de ‘no tener futuro’, con profundos pensamientos obsesivos melancólicos que se traducen en un estado de dolor moral”, dice el certificado psiquiátrico que presentó Díaz Cantón.
El documento fue firmado por el médico Fernando Abelenda el 18 de febrero pasado, tres días después de que Soto Dávila presentara su renuncia alegando “razones personales”.
Citado por el Consejo de la Magistratura para el próximo 26 de febrero, y con un jury sobre su cabeza, la renuncia de una explicación sencilla y bastante práctica. Sin el apoyo político del que antes gozaba por ser único juez con competencia electoral en la provincia de Corrientes, la renuncia la garantiza su jubilación de privilegio.
La cuestión era no ir preso y, con esto en mente, sus abogados presentaron diversos certificados médicos. La internación cerró el cuadro.
Está vulnerable
“Todos estos componentes de su estado afectivo provocan un importante estado de vulnerabilidad por lo que indico un estricto tratamiento, cuidado en su estado actual y acompañamiento familiar”, dice el certificado en el que se aconseja terapia y dos tipos de antidepresivos.
Con la misma fecha que el examen psiquiátrico (18 de febrero pasado) se ordenó un angiografía digital encefálica, alegando que Soto Dávila tiene un aneurisma y por eso debe “evitar cuadros de estrés que provoquen hipertensión debido a la peligrosidad de ruptura de la malformación citada”.
Todo sea para evitar una situación similar a la del ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso. Considerado durante años como un paladín de la lucha contra los narcos, a mediados de abril de 2016 Reynoso renunció a su cargo acorralado por las acusaciones en su contra por proteger narcos. Su colega Julio Bavio lo había procesado con preventiva en noviembre de 2015.
Como ahora Soto Dávila, Reynoso presentó su renuncia ante el subsecretario de Relación con el Poder Judicial de la Nación, Juan Mahiques, antes de que el Consejo de la Magistratura comenzara a estudiar su caso.
Fue detenido en mayo, cuando Macri aceptó la renuncia. Desde entonces está preso y se espera que se dicte sentencia en su causa a fines de marzo. Para él la Fiscalía pidió una condena de 25 años de prisión.
fuente: clarín