Cuarenta y dos nombres. Según la Justicia de Estados Unidos este es el número de los “coimeados” en Argentina por la constructora brasileña Odebrecht, que buscaba así hacer negocios en nuestro país. Los 42 acusados fueron mencionados con sus propios nombres propios en los tribunales estadounidenses por los coimeros que pagaron las coimas a los coimeados. Como para bailar un tango, también siempre hacen falta dos para sobornar. Ejecutivos del holding brasileño, procesados penalmente por este delito, revelaron el secreto a voces de Odebrecht para ganar licitaciones y contratos en América y África: coimear a funcionarios, lobbistas, legisladores, empresarios y sindicalistas. Estos “delatores premiados” gozarán de consideración en sus condenas judiciales.
Se supo por fuentes oficiales que la lista de 42 nombres del “caso Odebrecht” en poder de la Casa Blanca incluye a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido; el titular de un organismo investigado por este caso en la Argentina; un personaje del jet-set asesor de la constructora; un banquero; un gremialista; y ejecutivos de una empresa antes propiedad de un familiar del presidente Mauricio Macri. En la lista sobresale uno de los funcionarios más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner.
La Oficina Anticorrupción, de Laura Alonso, había colaborado con jueces y fiscales de EE.UU aportando documentación. Fue en febrero.
Otros nombres se van sumando a la lista. Entre ellos, el secretario General de la Presidencia K, ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli.
Los “delatores” de Odebrecht declararon bajo un mismo formato con los investigadores norteamericanos: detallaron quién fue sobornado, qué día, mediante qué banco se le pagó y por cuál de sus sucursales; debieron aportar el número de cuenta en la que depositaron lo que ellos describieron como “sobornos”. Y, en algunos casos, indicar si la cuenta pertenecía a sociedades off shore. El destinatario final de esos pagos irregulares figura siempre con nombre y apellido.
Además de Parrilli, está en la lista un funcionario K que está siendo investigados en la Argentina por un caso de posible corrupción en una obra pública construida por Odebrecht. Es Carlos Ben, ex titular de AYSA, que trabajó para que la empresa brasileña hicieron una planta potabilizadora en el Tigre.
Entre ellos, quien fue su subsecretario de la Secretaría de Coordinación y Control de Planificación, Roberto Baratta. Tampoco falta el ex secretario privado de De Vido, José María “El Vasco” Olazagasti, un hombre sin designación oficial en el ministerio K de la obra pública, que sin embargo viajaba en nombre de su jefe con pasaporte diplomático. Entre los “delatados” también fue nombrado como coimeado un sindicalista de la CGT.Y un banquero que financió algunos de los negocios más importantes del poder K.
Como ya trascendió, también se mencionó en Estados Unidos a quien había admitido ser asesor de la empresa brasileña en la Argentina, Jorge “Corcho” Rodríguez, ex pareja de Susana Giménez, y amigo personal del hijo de De Vido, Facundo.
El ministro de Planificación podría no estar incluido en el primer listado de “coimeados” elaborado por Odebrecht comunicado por el Departamento de Justicia estadounidense.
Pero sí están todos sus subalternos más importantes. Incluidos el ex secretario de Obras Públicas, José López, hoy preso.Y el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, también encarcelado por corrupción.
Que De Vido no figure en estos y otros documentos judiciales pero que sí que aparezcan sus principales asesores, ¿lo exime de culpa y cargo? ¿O lo vuelve un instantáneo sospechoso por la reiteración puntual y sin desfallecimientos de sus subalternos?
La opinión jurídica, en Argentina y Estados Unidos, se inclina por responder afirmativamente el segundo interrogante.
Oscar Parrilli y ex funcionarios de Julio De Vido figurarían en la lista de las coimas de Odebrecht
Cristina Kirchner con De Vido y Ricardo Jaime. Al otro lado, un empresario del transporte y Hugo Moyano. Otros tiempos.
En el listado de los 42 figura la empresa IECSA, de la que fue accionista el primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra. El más comprometido sería quien era director comercial de esa empresa, Javier Sánchez Caballero. La orden que el Presidente dio al Ministerio de Justicia es que haga todo lo posible para que la investigación avance. El titular de ese organismo, Germán Garavano, organizó un viaje a los Estados Unidos de jueces y fiscales que investigan causas sobre Odebrecht en nuestro país.Los “delatados” por esa empresa brasileña llegaron a la Casa Rosada en copias de memos oficiales norteamericanos.
No tienen validez jurídica en el país. A lo que se suma que todas las personas son inocentes hasta que se compruebe lo contrario. La Justicia de Estados Unidos, y las autoridades argentinas, consideran que hay indicios para demostrar su culpabilidad.
Fuente: Clarín