Por Fabián Seidán para diario CUARTO PODER.|El caso de Abigail, la niña que su padre debió cargar en brazos para ingresar a su provincia (Santiago del Estero), debido a que la policía no le permitían que entre en auto; no es un caso aislado, sino una muestra más de la política represiva y autoritaria que adoptó el gobernador Gerardo Zamora contra las libertades individual, bajo el pretexto de proteger al pueblo del Covid-19.
Hoy el pueblo de Añatuya le levantó en ira, y manifestó su enojo con un protesta frente al municipio y la comisaría local, luego de una estúpida persecución policial a una pareja de adolescentes, que circulaban en moto fuera del horario permitido por la cuarentena.
La chica, de 19 años que iba de acompañante, perdió la vida en el acto, al derrapar la moto en un montículo de escombros mientras huían de la policía por infringir el horario de circulación.
Enojo de todo el pueblo
Por eso, miles de vecinos salieron a protestar contra la “militarización” de la ciudad y el endurecimiento de las restricciones. Añatuya cumplió ayer dos semanas de aislamiento total impuestos por el gobierno provincial ante el aumento de casos por circulación comunitaria del Covid 19. Nadie entra ni sale de la ciudad.
Otro caso y van…
El hecho recuerda otro caso, el del joven Franco Isorni, fallecido en agosto en la capital santiagueña, también en el marco de una presunta persecución policial cuando circulaba en horario restringido.
El caso el Abigail, que se hizo noticia nacional por la insensibilidad policial abrió el debate hasta dónde los gobiernos pueden avanzar sobre los derechos constitucionales de la gente.
Autoritarismo en cuarentena
El caso de Abigail y de la adolescente que murió (Clara Bravo, así se llamaba) no son excepcionales sino parte de política de represión y autoritarismo, con la excusa de la cuarentena.
Vale recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación recordó a los gobernadores (por el caso de Gildo Infrán, de Formosa) que las provincias no tienen fronteras porque no son países. Las provincias son parte de un sistema de gobierno federal, con límites que pueden aplicar restricciones, pero con razonabilidad y respeto, sobre todo, de los Derechos Humanos.