Lo dictaminó el juez Claudio Bonadio. Investiga el supuesto delito de defraudación contra la administración pública.
La causa judicial, según publica el portal Infobae, se determinó que hubo empresas que cobraron entre el 5 y el 50% más de dinero que el que les correspondía.
Según fuentes judiciales, la maniobra ronda unos 609 millones de pesos, de los cuales 403 millones corresponden a la entrega de dinero en efectivo a las empresas y 205 millones en gasoil subsidiado para las unidades de colectivos.
El ex ministro de Néstor y Cristina Kirchner tiene 135 denuncias judiciales en su contra, por unos 30 delitos diferentes vinculados a la obra pública, el transporte, la energía y los vidriosos acuerdos con universidades públicas.
Además, tiene 26 imputaciones y está procesado en tres causas: la Tragedia de Once, por estrago culposo y administración fraudulenta; la compra de chatarra ferroviaria y por irregularidades en contratos de trenes.
Ahora, suma un nuevo procesamiento sin prisión preventiva, junto a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y Alejandro Ramos, quien también es diputado del FpV.
Además de Eduardo Sícaro, Guillermo Lapadula y Pedro Ochoa Romero, quienes estuvieron al frente de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
El juez Bonadio además les estableció embargos a todos los procesados por un total de 1.000 millones de pesos.
“El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, con la anuencia del Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se encargó de diseñar el marco normativo dentro del cual tuvo lugar la actividad ilegal. A tal efecto se dictaron las resoluciones que regulaban todo el sistema incluyendo las relativas a la actuaciones de la CNRT y terminaron creando un entramado de múltiples subsidios y compensaciones superpuestas hasta el extremo de entregar seis subsidios simultáneos con formulas de cálculo diferentes, ademas del gasoil a precio diferencial que a su vez poseía otra fórmula más.
En ese marco, el 23 de julio de 2003 se dictó la resolución 23/2003 de la Secretaría de Transporte que los kilometrajes a considerar para los cálculos de los subsidios fueran proporcionados por las empresas beneficiarias a través de declaraciones juradas”, establece la resolución firmada por el magistrado.
Así dio por terminada la etapa de instrucción y comenzara las rondas de indagatorias a los directivos de las distintas empresas involucradas.