Paramérica SA, empresa del Grupo tucumano Ruiz, multiplicó su facturación por exportaciones de granos y consultorías en materia agrícola desde 2010 hasta 2017; las autoridades detectaron transferencias desde sociedades offshore por “comisiones”, pero la causa por sobreprecios fue archivada. Venta de automóviles Renault, construcción y codominio en Yerba Buena.
El chavismo abrió oportunidades de negocios para empresarios argentinos que, con un guiño de la política, multiplicaron sus ingresos como nunca antes. El Grupo Ruiz cambió el mapa empresarial en la provincia de Tucumán en tan sólo una década. En los años ‘90 fundaron Paramérica SA, una empresa alimenticia que produce legumbres, pero su despegue económico se registró durante el gobierno de Cristina Kirchner. ¿La clave del éxito? Las millonarias exportaciones a Venezuela, bajo el paraguas de los acuerdos bilaterales firmados por el kirchnerismo.
Bajo la Lupa
Paramérica quedó en los últimos años bajo la lupa de la Justicia por el crecimiento de su facturación. Las autoridades, incluso, detectaron el pago de “comisiones” desde sociedades offshore, según se pudo reconstruir en base a documentos oficiales. A pesar de las reiteradas advertencias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Unidad de Información Financiera (UIF), la Justicia archivó una causa judicial que involucraba a Paramérica por supuestos sobreprecios en las exportaciones a Venezuela.
Las ventas de la empresa al Estado venezolano multiplicaron sus números: facturó 344 millones de dólares entre 2010 y 2017, según datos de la AFIP. Vendieron de todo. Desde legumbres de distintos tipos, repuestos de maquinarias agrícolas y hasta ganaron varios contratos para capacitar a venezolanos en el uso de esas máquinas. Toda esta información consta en un informe que la UIF entregó en 2017 ante distintos jueces federales de Comodoro Py que instruían causas por irregularidades en las exportaciones de empresarios locales al gobierno chavista.
De frijoles y porotos
La producción de frijoles, alubias y porotos colorados de Paramérica fue vendida prácticamente en su totalidad a suelo venezolano. El 75% de las exportaciones de la empresa en el período 2012-2013 fueron destinadas a ese país, según datos oficiales. Por ejemplo, le vendió 1760 toneladas de poroto colorado, tres veces más que a su segundo cliente, Estados Unidos. Cifras similares se registraron también con las alubias y otros productos alimenticios.
Pero la venta por grandes cantidades no bajó los precios. Todo lo contrario. Paramérica exportó 27 toneladas de poroto negro a Venezuela en 2014 a un precio aproximado de 10.000 pesos por tonelada. Ese mismo año, la compañía le vendió a Brasil el mismo producto a un precio 35% menor, pese a que la cantidad fue menos de la mitad. Estas diferencias de precio motivaron que la AFIP abriera su “canal rojo” de la Aduana para observar estas transacciones, indican documentos oficiales.
Los precios en la mira
Desde la empresa explicaron que el valor para los productos venezolanos era más altos por distintos elementos que componen el precio de las exportaciones, como el costo del flete -que incluye transporte marítimo- y el riesgo de impago en las operaciones con Venezuela. El fideicomiso entre Argentina y Venezuela, que dejó de funcionar en 2016, reducía ese riesgo porque les aseguraba a los empresarios locales el cobro del 60% del contrato por adelantado. “Aún así podíamos perder mucho dinero”, dijeron.
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El entonces ministro Nicolás Maduro recibió en Caracas a Cristina Kirchner en 2009“Todas las operaciones que cerramos con el gobierno de Venezuela fueron directas, sin intermediarios argentinos. No conocemos a ningún funcionario público argentino que haya intervenido en nuestras operaciones”, aclararon desde Paramérica. “Todas nuestras operaciones con Venezuela estuvieron en regla. Nos investigó la Justicia, nos investigó la AFIP y todos dijeron que no había ninguna ilegalidad”, remarcaron.
Sobreprecios en las operaciones
La Sigen detectó supuestos sobreprecios en esas operaciones: la mitad de las ventas a ese país superan el 70% de sobreprecios, según el informe oficial. Algunos repuestos de maquinaría agrícola, como pedales, semiejes y arandelas superaron el 90% de sobreprecios, insistieron los investigadores del organismo de control. Pero las pruebas presentadas por la Sigen no fueron suficientes para la Justicia.
La jueza María Verónica Straccia archivó la investigación en marzo de 2021 a instancias del fiscal Germán Bincaz, que pidió el archivo de la investigación después de ordenar a la Aduana hacer informe comparativo de precios. El fiscal Bincaz quedó a cargo de una decena de investigaciones por supuestas irregularidades en las exportaciones argentinas a Venezuela que se desprendieron de una auditoría hecha por la Sigen en 2019. La mayoría de esos expedientes ya fueron archivados después de que la Cámara de Casación revirtiera algunas de las medidas ordenadas contra el empresario Juan José Levy, lo que constituye la investigación judicial más importante por irregularidades en el fideicomiso bilateral.
Muchas pruebas
Desde la UIF, sin embargo, aportaron más pruebas. Las autoridades aseguran que la mayoría de los contratos firmados por Paramérica en Venezuela fueron suscritos por Rodolfo Marco Torres, entonces ministro de Alimentación, quien “habría mostrado particular interés por el desenvolvimiento de Paramérica y sus cobros”, escribieron los investigadores, en base a información de inteligencia financiera internacional. Torres fue incluido años después de esas operaciones en la “lista OFAC” elaborada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por estar ligado a distintos casos de corrupción.
El fideicomiso binacional entre la Argentina y Venezuela fue una iniciativa impulsada por Néstor Kirchner y Hugo Chávez que comenzó en 2004 y movió más de 2000 millones de dólares, según datos oficiales. El fideicomiso, que era manejado en Argentina por Nación Fideicomisos (Banco Nación), ingresaba por el lado venezolano crédito de la petrolera estatal PDVSA, mientras que por el lado argentino el crédito lo sumaban los productos de distintas empresas, en especial, dedicadas a los productos alimenticios. La relación Estado-Estado era el resguardo para los empresarios. El fideicomiso fue suspendido en 2016 ante distintas alertas de corrupción transnacional.
Consultorías venezolanas
“Vendíamos maquinaria, pero después teníamos que hacer el empresa argentina, la prestación de servicios a Venezuela significó otra fuente de ganancias. El 35% de los ingresos que Paramérica recibió del chavismo no están vinculados a mercadería en concreto, sino a tareas de consultorías. Los argentinos firmaron un primer contrato en 2012 con el Estado venezolano para la “asistencia técnica en la producción agrícola y servicios de mecanización” por US$7 millones. Después rubricaron otros dos contratos en 2014 por un total de US$ 16,4 millones para capacitar a los operarios venezolanos en los cultivos de caña de azúcar. “La firma no exportó servicios a ningún otro país”, alertó la UIF en el informe.”
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La escasez de alimentos en un supermercado, una consecuencia de la crisis económica en Venezuela en 2018Vendíamos maquinaria, pero después teníamos que hacer el service de las máquinas y también dábamos capacitaciones para que los venezolanos pudieran manejarlas. Movilizábamos mucha gente desde Argentina. Todo esto ya nos preguntó la AFIP y está todo aclarado”, explicaron desde la empresa en una entrevista telefónica.
Mientras las ganancias de Paramérica se acumulaban, las autoridades argentinas tomaron nota de otros movimientos llamativos. La AFIP indicó que sociedades extranjeras vinculadas a los dueños de Paramérica, los hermanos Ruiz Juárez, hicieron desembolsos a empresas relacionadas a los negocios venezolanos.
La AFIP impugnó pagos por 2,2 millones de dólares en concepto de “comisiones” entre 2013 y 2015, según consta en un informe de la UIF. Los detalles de las transacciones remiten, por ejemplo, a “comisiones por prestación de servicio de asesoramiento para la proyección de proyecto global de producción de caraotas y otros granos en la República de Venezuela”. Así como también “comisiones por suministros, procuras y otros gastos vinculados al proyecto global de producción de caraotas y otros granos en la República Bolivariana de Venezuela”.
Los fondos salieron de distintas cuentas bancarias que la UIF vinculó a los hermanos Ruiz Juárez. Servicios Agrícolas de Venezuela CA Corp, registrada en Panamá, emitió transferencias por 4610 millones de pesos; Suministros Agrarios Orinoco CA, radicada en Venezuela, pagó 8714 millones de pesos; Agro DB Inc Geo AC facturó otros 4258 millones. La UIF no contó con información sobre los destinatarios de esos pagos que salieron desde estas sociedades.
Desde la compañía aclararon a Infobae que nunca pagaron comisiones y aclararon que solían hacer desembolsos desde esas firmas antes mencionadas para pagar la prestación de servicios de profesionales como ingenieros y de compañías que se dedicaban a tareas topográficas durante su operatoria en Venezuela. “Hoy te diría que no le volveríamos a vender a Venezuela porque todo lo que se ha generado después nos perjudicó mucho. La exposición que hemos tenido ha sido tan negativa como injusta”, aseguraron.
Los negocios con Venezuela repercutieron en el Grupo Ruiz: se expandieron, en los años posteriores a los negocios venezolanos, por el noroeste del país. A su inversión en el campo, Paramérica le sumó inversiones en el ingenio San Isidro, en la provincia de Salta, desde 2018, y en la explotación agrícola ganadera Anta del Plata, en la misma provincia.
A su clásico negocio de la venta de automóviles Renault a través de concesionarias en Tucumán, la compañía le sumó otras sociedades de diferentes rubros. Se metieron en el negocio de la construcción: levantaron en los últimos años el lujoso condominio cerrado Yerbabuena Residence, en las afueras de San Miguel de Tucumán.
fuente: infobae