El fiscal Eduardo Taiano pidió la elevación a juicio oral en el caso Qunita de 18 personas, entre los que se encuentran empresarios y ex funcionarios como el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; el ex ministro de Salud, Daniel Gollán, y el ex viceministro del área, Nicolás Kreplak.
Taiano realizó la presentación ante el juzgado del juez federal Claudio Bonadio y argumentó la elevación a juicio oral por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” a raíz de las irregularidades en la compra de los kits maternales a mujeres que percibían la Asignación Universal por Embarazo (AUE) anunciado durante la gestión de Cristina Kirchner.
Por esta causa, Bonadio ya había ordenado el procesamiento de Fernández y Gollán, entre otros funcionarios.
La fiscalía calcula que el gobierno de la ex presidenta Fernández habría pagado unos 3.000 pesos de “precio excesivo en detrimento de la administración” en cada uno de los 150 mil kits para bebés, que habrían costado al Estado cerca de 1.100 millones de pesos.
Los proveedores del plan Qunita con pedido fiscal de juicio oral pertenecen a las sociedades ganadoras de la licitación: Fasano SRL., Grupo Diela SRL., Compañía Comercial Narciso SRL., Fibromad SA., Delta Obras y Proyectos SA. y Dromotech SA.
“La licitación se encontraba direccionada desde el principio para que resultara la adjudicación de las empresas mencionadas“, sostuvo Taiano en su presentación, según consignó DyN.
También destacó el fiscal la “irregular adquisición o provisión, de acuerdo al rol desempeñado” de los elementos que componían cada kit y subrayó que “se infringieron las normativas de la ley de contrataciones de la administración pública”.
El fiscal imputó a todos como supuestos coautores del delito de “fraude en perjuicio de la administración pública” tipificado en artículo del 174 del Código Penal, que prevé condenas de dos a seis años de cárcel.
En primera instancia el juez federal Claudio Bonadio había procesado también al actual gobernador de Tucumán y ex ministro de Salud, Juan Manzur, pero la Sala Dos de la Cámara Federal revocó ese procesamiento por falta de mérito.
La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas cuestionó esa resolución y entendió que fue parte de un “plan único” para defraudar al Estado.
El Plan Qunita fue presentado por la ex presidenta Fernández, el 16 de julio de 2015 en Tecnópolis, y allí la entonces mandataria dijo: “Todo esto junto no cuesta 11.000 pesos, puedo dar fe de que no, cuesta mucho más… Yo que estoy comprando cosas no sale eso, sale más”.
Mediante el Plan Qunita el Estado otorgó un kit maternal a mujeres que percibían la Asignación Universal por Embarazo (AUE): cuna, sábanas, toallas, ropa de bebé, un chupete, un mordillo, un termómetro digital, cremas y otros elementos para los recién nacidos.
La sociedad Fasano SRL, principal adjudicataria de la licitación, según destapó en su momento el sitio web Eliminando Variables, se dedicaba a los negocios inmobiliarios y en 2014 habría tenido una facturación de sólo seis mil pesos.
En abril último el gobierno nacional derogó el Plan Qunita por los riesgos y la “peligrosidad” de algunos elementos que se entregaban en el kit. Un informe solicitado por la subsecretaría de Salud Comunitaria, Maternidad e Infancia estableció que las bolsas de dormir de las cunas son “muy riesgosas dado que el bebé puede patinar hacia adentro y cubrir su cara y cabeza con riesgos de accidentes, sofocación mecánica, estrés térmico, re inhalación de CO2, etc.”